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Si no te gusta la web, eres muy libre de irte

Artículo de Enrique Dans

Google adopta finalmente la actitud seria y coherente que muchos llevábamos tiempo exigiéndole, yreplica a los diarios alemanes que si no permiten que sus contenidos sean indexados de forma gratuita, sencillamente dejará de indexarlos. Por el momento, la medida consiste en la eliminación de las imágenes y lossnippets (fragmentos no significativos de texto) de los resultados de búsqueda, pero a nadie escapa que, en realidad, se trata tan solo de un primer paso que, en caso de persistir los medios en su actitud, podría llegar a marcar su desaparición.

Los medios alemanes afectados acusan a la compañía de chantaje, una acusación tan ridícula como absurda: Google únicamente está, en este caso, defendiendo la naturaleza abierta de la web, y concretamente, una de sus reglas de oro fundacionales: que enlazar es completamente libre. Los primeros en amenazar y chantajear no solo a Google, sino por extensión a toda la web, han sido unos medios que, con una mentalidad propia del siglo pasado, pretenden alterar el funcionamiento del entorno en el que les ha tocado vivir.

No nos engañemos: no se trata de ninguna disputa sobre la propiedad intelectual de las noticias – concepto que por otro lado sería muy discutible – sino de una forma de rapiña auspiciada por los gobiernos de turno, que han visto además en la posibilidad de financiar a los medios de comunicación una manera de asegurarse un trato más favorable. Un auténtico caso de corrupción: tengo algo que el gobierno quiere, y lo pongo sobre la mesa de negociación a cambio de que ese mismo gobierno dicte leyes que me autoricen a extorsionar a un tercero.

El problema de Google no es pagar o no pagar un dinero a una serie de medios, sino convertirse en excusa para que, a partir de ese momento, esos mismos medios pueda reclamar el cobro, en forma de canon, a cualquier otro. Google tiene recursos para pagar a los medios que haga falta pagar, pero muchas páginas on los tenemos, y la sola idea de pagar por enlazar y comentar una noticia es algo completamente inaceptable, que se convertiría además en una suerte de “impuesto a la opinión” o a la conversación. En la práctica, es como si el gobierno pretendiese cobrarnos un canon por el derecho a comentar las noticias en la barra del bar.

Los periódicos convencionales tienen un serio dilema: tras años no siendo capaces de adaptarse a la web y perdiendo dinero en ella de manera sostenida, pretenden que llegue un tercero que sí se ha adaptado y les pague la factura. Auxiliados por gobiernos irresponsables o directamente corruptos que se arrogan el derecho a cambiar directores de periódicos a golpe de subvención y de publicidad institucional, se han erigido en un lobby que pretende, de manera absolutamente megalomaníaca, cambiar las reglas de la web, reescribir el concepto de enlace, y decidir quién paga a quién y por qué, en virtud de conceptos que siempre estuvieron y seguirán estando al margen de ese tipo de cuestiones. Un enlace es un enlace, y mientras el contenido o el tono de mi enlace no sea constitutivo de delito, puedo enlazar libremente a quien me dé la gana, cuando me dé la gana, y por supuesto, sin pagar a nadie.

La medida de Google representa tan solo un primer paso. La compañía, claramente, ha tratado por todos los medios de evitarla, pero llega un momento en que la cuestión se vuelve incoherente: no puedes estar reclamando firmeza a todos tus compañeros de viaje, a las asociaciones, a los medios con concepciones más racionales de la web o a los agregadores, y mientras, estar manteniendo una actitud tibia, extremadamente prudente y con un talante casi negociador, porque se interpreta como que estás en realidad queriendo nadar y guardar la ropa.

Obviamente, la solución de excluir a determinados periódicos del índice no gusta a nadie: ni al que la toma, ni a los medios afectados, ni a los usuarios. El buscador pasa a tener un índice que no refleja la totalidad de la información, sino que deja fuera una parte de ella. Los usuarios pasan a tener una herramienta con resultados de peor calidad. Y los medios, con la exclusión, pierden un tráfico que les aporta un flujo constante de visitas, y sobre todo, que marca en gran medida su nivel de relevancia y su capacidad de influencia. Pero la medida supone la única posibilidad de reconducir una situación demencial a la que solo una conjunción de intereses tan perfecta como la codicia de los medios y la corrupción e incompetencia de determinados políticos nos había llevado. Un buscador pierde mucho cuando excluye páginas de su índice, pero ninguna fuente es insustituible, menos aún si lo que pretendía era, por algún tipo de “derecho divino”, cambiar a su antojo reglas que no son suyas ni del buscador afectado, sino de todos los usuarios. Si a alguien no le gustan las reglas de la web, es muy libre de excluirse de ella.

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La tasa Google se ha impuesto en España sin consentimiento de Europa

Artículo de ADSLZone

UPyD ha sacado la cara por los editores ajenos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y en contra de la tasa Google emitiendo un comunicado a la Comisión Europea, y dando a conocer que la modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual se hizo a espaldas del organismo europeo.

congreso

La “tasa Google” o “canon AEDE” incluido en el proyecto de ley de propiedad intelectual del equipo de Rajoy no fue notificado por el Ministerio de Exteriores, que estableció contacto con la Comisión Europea por última vez, en este sentido, tiempo antes, concretamente en mayo del pasado año 2013. En este momento -mayo de 2013- la tasa Google no había sido aún incluida en la ley y posteriormente no se ha notificado nada al respecto, por lo que es evidente que se ha evitado informar a Europa.

Beatriz Becerra, eurodiputada de UPyD, ha sido la encargada de poner fin a esta situación que el Gobierno ha generado con respecto a Europa. Para ello han cuestionado a la Comisión Europea acerca de las medidas que se tomarán dadas las “modificaciones significativas” que se han aplicado al proyecto de ley de propiedad intelectual. Esta comunicación emitida por Unión Progreso y Democracia, además, deberá ser respondida en menos de dos semanas, puesto que tiene carácter de “prioritaria”.

Según el comunicado de UPyD, la llamada tasa Google supondría una infracción por parte de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. Por otra parte, Analistas Financieros Internacionales -Afi- ya señalaron con anterioridad que el impacto económico de la imposición del canon AEDE o tasa Google sería de 1.133 millones de euros en contra de los usuarios de Internet a nivel nacional, todo ello añadiendo que tendrían lugar procesos de deslocalización de actividad y empleo, por lo que el impacto alcanzaría una dimensión verdaderamente negativa para la economía.

Así, en un plazo no superior a dos semanas se podrá conocer la posición de Europa con respecto a la imposición de la tasa Google, lo que podría suponer un aporte de luz sobre una situación que antes incluso de ponerse en marcha está suponiendo graves problemas para medios de comunicación digitales y editores al cargo de los mismos.

FuenteEl Diario

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España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google

Artículo «Diario Turing»

Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas. Foto: Amio Cajander CCFoto: Amio Cajander

España ocultó a la Unión Europea su intención de obligar al pago de una tasa para aquellos editores digitales que usen enlaces en sus publicaciones. En Europa nada saben de la llamada «tasa Google» o «canon AEDE» que el equipo de Rajoy incluyó en su proyecto de ley de propiedad intelectual. El Ministerio de Exteriores español notificó a Bruselas sus planes en materia de propiedad intelectual en una notificación que llegó a su destinatario en mayo de 2013. Para entonces, la tasa Google todavía no había sido incorporada en la ley. De este modo, España evitó transmitir a Europa el punto más polémico de su planpara regular las garantías de propiedad intelectual en internet.

UPyD pregunta a la Comisión Europea

La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha preguntado esta semana a la Comisión Europea qué medidas tomará por las «modificaciones significativas» al proyecto de ley de propiedad intelectual. La pregunta tiene carácter de «prioritaria», lo que indica que debe responderse antes de tres semanas, y se refiere a las posibles infracciones de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. El canon AEDE ha sido estudiado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) quienes señalan que  su impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, además de procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido.

El texto presentado por UPyD es el siguiente:

Con carácter de Pregunta prioritaria a la Comisión y como posibles infracciones a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia se presentó lo siguiente que , dado el carácter de prioritario debe responderse antes de tres semanas :
 
El 10/05/2013 el Gobierno de España presentó notificación a la CE, en virtud de la Directiva 98/34/CE, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, registrada con número 2013/244/E.
Dicha notificación no incluía la posterior modificación, aprobada en Consejo de Ministros el 14/02/2014, del artículo 32.2, relativo a un régimen especial de derechos que incluye un concepto de tasa por derecho de cita. Según informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia esto afectaría a empresas que, en caso de reproducir en sus búsquedas fragmentos no significativos de contenidos deberían compensar a los editores. En su análisis señala que «considera posible un modelo regulatorio más favorable a la competencia» y que «se remuevan las barreras a la entrada de nuevos operadores».
Teniendo en cuenta dichos defectos en la forma y en el fondo:
1. ¿Considera la Comisión Europea que se ha vulnerado la naturaleza de la Directiva 98/34/CE al no haber notificado a la misma las modificaciones significativas del anteproyecto de Ley? ¿Qué acciones llevará a cabo la Comisión en relación con este incumplimiento?
2. ¿Considera la Comisión Europea que el mencionado artículo 32.2 atenta contra la libertad de empresa a la luz de los informes de la CNC y del Derecho de la Competencia Europeo? 

Como consecuencia del envío de información insuficiente, la Comisión Europea podría paralizar la tramitación y/o aplicación de la ley de propiedad intelectual. Según el trámite habitual, Europa deberá ahora recabar nueva información de España al efecto de conocer en su totalidad los planes del Gobierno de Rajoy para regular la sociedad de la información. Sobre si las advertencias de la Comisión pueden implicar sanciones para España, la europarlamentaria Becerra, en comunicación con eldiario.es, expresó que « hay precedentes de sanción» con condena en costas, señalando el caso de Grecia en 2006.

Frente a esta posibilidad, el Ejecutivo de Rajoy hasta la fecha no se ha dado por enterado considerando que no debe aportar más información a Europa. En respuesta a una pregunta por escrito de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), el Gobierno da por enviadas todas las explicaciones, a pesar de que la documentación remitida a las autoridades europeas no recoge el punto más polémico del texto legal.

La legislación europea obliga a los estados miembros a informar de cualquier legislación que afecte a la sociedad de la información, a través de la Directiva 98/34/CE.

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El Tribunal Supremo consulta a la UE si el canon que se propone en la nueva LPI es legal

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue de polémica en polémica. Si recordais, ya en varias ocasiones hemos comentado por aquí cómo casi todos, incluyendo usuarios y asociaciones gestoras de los derechos de autor, hanmostrado su desacuerdo con el texto propuesto. A pesar de todo, fue aprobada de urgencia en el Congreso. Ahora, y en plena tramitación en el Senado, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por tres entidades de gestión y ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la UE.

María González Gembeta.com.- En concreto, el Supremo realiza dos cuestiones relativas al sistema de compensación equitativa por copia privada (el «canon» de toda la vida, no confundir con el Canon AEDE que es otra cosa), que en la reforma de la LPI pasa a sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Significa esto que la aprobación de la ley está paralizada o suspendida, como afirman algunos medios? A falta de tener más detalles, no exactamente.

De momento no se ha paralizado la aprobación de la Ley, sino que lo más seguro es que dejen fuera la parte referente al «canon»

Desde Genbeta hemos podido hablar con David Maeztu, abogado especialista en TIC y autor de Del derecho y las normas. Según nos explica David, y dado que el plazo para enmiendas en el Senado se ampliaba ayer justo hasta el 31 de octubre, lo más probable es que introduzcan una enmienda que elimine toda referencia al canon por copia privada a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE responda a la consulta realizada por el Tribunal Supremo. El resto de la reforma, en principio, seguirá adelante.

Volviendo al canon, las preguntas que ha hecho el Tribunal Supremo a la UE son, según El Confidencial, las siguientes:

A – «¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?». 

B – «Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»

En esencia, la cuestión es si el canon puede sufragarse con dinero de todos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de que sean los propios usuarios que hacen las copias privadas los que paguen una tasa por ello. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que decidir en qué acaba el polémico canon

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Ignacio Escolar, Director de eldiario.es: “Pretendemos cobrarle por hacernos un favor”

Hoy, en Madrid, el director de ‘Eldiario.es’, Ignacio Escolar, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que está en contra de la ‘tasa Google’ porque se pretende con ella cobrar al buscador por “hacer el favor” a los periódicos de enviar lectores a sus noticias.

 En el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Escolar se desmarcó de la demanda mayoritaria  que han hecho con éxito los editores de prensa al Gobierno para que incluyera en la reforma de la Ley de Propiedad  Intelectual un gravamen a Google por enlazar sus contenidos.

 “Estoy en contra porque es una tasa que pretende cobrar a Google por hacernos un favor. Google no me está robando;  cuando clasifica mi información y manda lectores desde su buscador hacia mis páginas me hace un favor. Si quisiera  que no me robase, bastaría con modificar el archivo robots.txt y decirle a Google que no clasifique mis páginas”, señaló  Escolar.

 En su opinión, no hay ningún medio que “aparezca en Google a su pesar”. “Incluso gastan dinero en aparecer más alto  en Google porque les sale rentable”, agregó. “El negocio de la búsqueda de la información es distinto al de la producción de información, y tenemos que ser capaces de entender que la manera de ganar nuestro futuro no es expropiar a los de enfrente”.

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Los internautas de ‘Todos contra el canon’ reclaman en el Senado la eliminación del canon digital

Artículo de 20 minutos

Los internautas españoles integrados en la plataforma «todoscontraelcanon» han presentado en el Senado un escrito con enmiendas al Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual, en el que proponen la eliminación de la compensación derivada del uso de enlaces en internet y de la copia privada. «El enlace no produce ningún perjuicio, todo lo contrario; al que se cita se le beneficia y además se constriñe un derecho fundamental, que es crear un contenido y dejarlo a disposición gratuita, lo que a su vez supone eliminar las licencias Creative Commons», ha justificado Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, sobre la llamada tasa Google.

Canon digital

 

Se pide eliminar el canon por copia privada o aplicarlo sobre la obra que lo genera Pérez ha presentado su escrito en el Senado junto a Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación de Internautas, en representación de las 34 organizaciones que conforman la mencionada plataforma y que cuenta en esta iniciativa con el respaldo de más de un millón de firmas de ciudadanos, más de 4.000 organizaciones y 29 ayuntamientos.

De acuerdo con la reformulación de la Ley de Propiedad Intelectual, el uso de enlaces en internet «con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor (…) a percibir una compensación equitativa» e «irrenunciable», añade, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

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Internautas y editores de publicaciones periódicas pedirán a los grupos la supresión de la ‘tasa Google’

Artículo de EuropaPress

Varias asociaciones de internautas y editores españoles, así como representantes del sector digital, han acordado este lunes enviar una serie de enmiendas a los grupos políticos para que debatir durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Senado, entre las que se incluye la supresión del artículo que contempla la ‘tasa Google’ para los editores.

Este es uno de los acuerdos a los que han llegado los participantes en una reunión en el Senado para debatir sobre la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) antes de su tramitación en esta cámara. Además, han aprobado proponer otras cuatro enmiendas, entre las que se incluye la petición de veto para toda la ley.

En caso de que no prosperen ninguna de estas dos opciones, los representantes de estas asociaciones también solicitarán la eliminación de la ‘irrenunciabilidad’ de los editores a la ‘tasa Google’ y la supresión del canon digital, tal y como contemplaba el PP en su programa electoral.

Al acto en el Senado han acudido Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI); Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI); Ignasi Labastida de Creative Commons; Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Arsenio Escolar, presidente de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEPP).

Además, también ha participado el senador socialista Domingo Fuentes, quien ha adelantado que su grupo pedirá un aplazamiento del plazo de presentación de enmiendas, que se cerrará en un principio el próximo jueves.

En cualquier caso, según Fuentes, el grupo socialista mantendrá «la misma posición» contraria a la ley que durante su tramitación en el Congreso, y previsiblemente pedirá también un veto. Además, en caso de no salir adelante, propondrá enmiendas que versarán sobre los derechos de los periodistas y fotógrafos en torno a la ‘tasa Google’.

En este sentido, propondrá que los beneficios económicos que la ‘tasa Google’ va a proporcionar a los editores se extiendan también a los periodistas que elaboran esas informaciones y a los fotógrafos de prensa.

 

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«El #CanonAEDE vulnera derechos fundamentales y Bruselas tendrá que intervenir»

Artículo de El Diario Fenix

¿Cómo se puede definir la plataforma Coalición pro Internet?

Carlos Astíz: Cuando el Gobierno presenta el proyecto de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, toda una serie de empresas, y algunas entidades como la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, vemos que va a tener un impacto negativo para el desarrollo digital de nuestras empresas o nuestras asociaciones y, entonces, nos reunimos y decidimos constituir una coalición para intentar que el Gobierno rectificase su apoyo a unas modificaciones que, además no tienen sentido.

Imagen de archivo Foto: Agencias

¿En qué consisten estas modificaciones?

C.A.: Básicamente, lo que dicen es, en el art 32.2, que los editores, bueno, algunos de los editores van a poder cobrar por el uso de información relacionada con ellos a los usuarios o los motores de búsqueda y agregadores de noticias. Desde el punto de vista de las entidades y las empresas es que todo esto nos coloca a espaldas del desarrollo digital.

España tendría que estar en la vanguardia, es uno de los pocos países que tiene una cultura planetaria con un idioma que es la segunda lengua más usada en Internet, es decir, tiene muchos elementos que serían positivos para las empresas y el desarrollo digital del país pero esta ley intenta poner barreras para favorecer a los grandes diarios de pago. No son, como dicen ellos, los editores los que han pedido esto, no, es un grupo de editores muy concreto porque la mayoría estamos en contra. Nos parece, además, que cuando los agregadores de noticias enlazan mencionando a las fuentes originales, favorecen el tráfico a esas fuentes originales; el intento de cobrar por esto es como si un taxista lleva a un cliente a un restaurante y el dueño del restaurante pretende cobrar al taxista por llevarle. Es ridículo.

Pero no sólo eso, sino además es que en el caso de editores con licencias creative commons como 20 minutos o Eldiario.es, ellos no quieren cobrar, pero esta ley lo que dice es, da igual que tú no lo quieras cobrar, te lo va a cobrar un tercero que lo va a distribuir a quien él quiera. Esto es la recuperación del canon digital, de la SGAE, con otro nombre. Al final, como será muy difícil perseguir a todo aquel que use fuentes de editores lo que pasará será que terminará sufragándose a través de los Presupuestos Generales del Estado como un nuevo canon que, en última instancia, impulsará el desarrollo de cuatro empresas que están hundidas porque su modelo de negocio está totalmente obsoleto.

Además, la ley no prevé que el pago sea directo y los editores puedan no reclamarlo sino que será gestionado por terceros

C.A.: Claro, es que, los editores que tengan licencias abiertas y que no quieran cobrar por sus contenidos, no pasará nada, los usuarios deberán pagar igualmente a asociaciones como CEDRO o la nueva SGAE, con el nombre que sea, éstos lo repartirán entre sus amiguetes.

En cuanto intenten aplicarlo a cualquier empresa que utilice licencias abiertas se va a caer por su propio peso. La CEOE y CEPyME se han manifestado también en contra porque vulnera la liberta de empresa. El cómo gestionar tus activos, los derechos de autor en este caso, lo decides tú, dentro de la ley, pero lo que no puede ser es que te los gestione un tercero al margen de tu voluntad.

¿Cuál es el motivo de esto? Pues que ya lo intentaron los editores alemanes y fracasaron porque cuando lo llevaron a juicio dijeron que esto es voluntario, si quieres estar en Google News o Menéame, pues estás, si no, te das de baja y mañana mismo tus contenidos ya no estarán allí. Pero el problema aquí es que lo han convertido en un derecho irrenunciable, lo cual es una patada al sistema jurídico, y si tú no quieres cobrar, lo va a cobrar el otro. Esto es ridículo.

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