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La implantación del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles

julio 3, 2014 1 Comment

Según un informe de Afi para la Coalición Pro Internet, la introducción de un canon afectaría negativamente a la eficiencia en la búsqueda de información, a la libertad empresarial, a la competencia y a la seguridad jurídica

Madrid, 3 de julio de 2014.

La implantación del denominado ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros anuales para los internautas españoles, al incrementarse su tiempo de búsqueda para acceder a la información deseada. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI) que prevé el ‘’derecho irrenunciable’’ de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación.

Afi ha estimado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas. Es precisamente este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. Un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

 

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El informe de Afi incluye una amplia descripción de las implicaciones económicas que acarrearía la modificación de la LPI en caso de llevarse a cabo. En sus conclusiones, destaca que la introducción del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.

La introducción de un canon está destinada a resolver un fallo de mercado cuya existencia es discutible, dado que no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados.

A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de Internet en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

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Tal y como se plantea en la propuesta de modificación de la LPI, una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias copyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores.

Desde un punto de vista macroeconómico, podrían producirse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido; se desincentivaría la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación, y, finalmente, de producirse la modificación legislativa, sería un cambio normativo discrecional en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España. Los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario.

El estudio de Afi considera que la agregación de contenidos no genera un fallo de mercado, ni impide que los editores reciban una compensación por sus actividades productivas.

Acerca de la Coalición Pro Internet.

Una decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos han decidido lanzar de forma conjunta este año la Coalición Pro Internet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Entre las entidades fundadoras de Coalición Pro Internet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Elocuent o Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual. Con posterioridad se han incorporado a la Coalición TICbeat, yorokobu.es, Teleprensa – Madrid, Periodistas por el mundo, Grupo Nexo, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial y Tek’n’life.

Acerca de Afi.

Afi es una compañía líder en consultoría económica y financiera independiente. Creada en 1987, se ha convertido en un referente en el ámbito económico-financiero español y cuenta con una presencia internacional cada vez mayor. Su modelo de consultoría se basa en el rigor técnico combinado con una fuerte orientación al cliente, al servicio y a la innovación para dar respuesta a todas sus inquietudes.

Puedes ver y descargar aquí el informe completo:

Conclusiones
A lo largo de este documento se han presentado los principales impactos de carácter económico que cabría esperar como resultado de la introducción de un canon o compensación a los editores de noticias por parte de los agregadores de contenidos informativos on-line. A la luz de este análisis, resulta difícil justificar la racionalidad económica de la modificación a la LPI propuesta por el Gobierno. En síntesis, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:

No se ha demostrado que la agregación de contenidos genere un fallo de mercado en la puesta a disposición del público de información períodica, ni existe limitación intrínseca que impida a los editores recibir una compensación de mercado por sus actividades productivas. La actividad de agregación tampoco restringe la cantidad socialmente deseable de información.

Los instrumentos de agregación de contenidos aportan un valor añadido específico y diferencial respecto a los buscadores tradicionales. Contribuyen a reducir los costes de búsqueda de información en una red que se expande de manera continua. Tomando como referencia los resultados de la Encuesta Europea de Consumo de Servicios procedentes de medios de comunicación de 2012, cada vez es mayor el número de consumidores que manifiesta utilizar los servicios on-line para acceder a información que no puede conseguir empleando sus recursos (tiempo disponible, fundamentalmente, aunque también podrían aplicar otros costes) a través de otras fuentes de información alternativas. En 2012, la media de los países analizados se situaba en el 62%. Por otro lado, una amplia mayoría de consumidores europeos (rango entre el 65 y el 78%, dependiendo de los países analizados) afirman que, en la actualidad, tienen acceso a contenidos on-line de mayor calidad en comparación con tres años atrás.

Los usuarios de la Red se ven beneficiados por estos instrumentos por dos motivos fundamentales: incrementan su capacidad de elección y reducen el tiempo necesario para acceder a la información deseada. Para el caso español, un aumento de un 2% en el tiempo de acceso a la información de actualidad (es decir, pasar de 5,15 a 5,26 minutos empleados por promedio en una noticia) supondría una pérdida de bienestar valorada en unos 65,7 euros por usuario al año. Teniendo en cuenta que en España existen aproximadamente unos 17,2 millones de internautas lectores de noticias on-line, el impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros, lo que equivale al 0,11% del PIB.

– Al mismo tiempo, los propios creadores de contenidos y los editores convencionales de los mismos ven reforzada su actividad por el efecto multiplicador que la agregación avanzada opera sobre los demandantes de información. Estos efectos han sido puestos de manifiesto en distintas investigaciones de carácter empírico.

La existencia de competencia directa entre los editores de prensa y los agregadores de noticias resulta cuanto menos cuestionable, así como la necesidad de que exista una compensación irrenunciable e incluso la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.

La modificación de la LPI tendría consecuencias negativas que pueden analizarse desde una perspectiva micro y macroeconómica.

– A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de la Red, en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

– A escala macroeconómica, podrían observarse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido. Asimismo, la modificación de la LPI podría desincentivar la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación. Por último, su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores (en detrimento del interés general), lo que supondría un menoscabo de la seguridad jurídica en España.


Al Gobierno le entran ahora prisas con la ‘tasa Google’: ha pedido un pleno extraordinario para aprobarla en verano

julio 2, 2014 No Comments

La ley lleva tres meses parada. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha pedido a Jesús Posada que habilite una sesión especial

Las enmiendas a la totalidad se debatieron a principios de abril, el plazo de enmiendas parciales iba a cerrarse el 29 de ese mismo mes, luego se retrasó a mayo, luego a junio… Finalmente se ha cerrado ayer, día uno de julio, con la pretensión por parte del Ejecutivo de darle luz verde este verano.

Portada de Google News.Portada de Google News.

Así lo demuestra el hecho de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, haya enviado una carta al presidente del Congreso, Jesús Posadapara que habilite una sesión extraordinaria en julio para dar luz verde al polémico proyecto de ley de Propiedad Intelectual, donde está incluida la ‘tasa Google’.

La ‘tasa Google’ es un canon que quiere imponer el Gobierno a los agregadores de noticias como Google, Yahoo o Meneame para que paguen a los editores de los periódicos por ‘subir’ sus noticias a la red. También se conoce como ‘canon AEDE’, en referencia a que se trata de una demanda histórica de esta asociación, que aglutina a los grandes editores de prensa del país.

“Le ruego habilite una sesión especial en julio para, en su caso y eventualmente, poder debatir las modificaciones parciales a la Ley de Propiedad Intelectual”, asegura Ayllón en su misiva a Posada.

Este confidencial publicó que la inclusión de esta tasa en la ley se debió a una imposición de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, a petición de AEDE.

Pleno en verano

De acuerdo con las fuentes consultadas, la norma tiene que pasar por un pleno extraordinario para poder aprobarse, así que lo normal es que sea en la sesión de la próxima semana cuando se produzca el debate de las enmiendas parciales presentadas por el resto de grupos parlamentarios.

Esto supone un cambio respecto a lo que ha hecho el PP hasta ahora. Como publicó este confidencial, ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas parciales a la norma durante meses pese a que ya los grupos habían fijado sus posiciones.

Los críticos con esta norma no salen de su asombro con la actitud del gobierno. Pequeños editores de prensa, agregadores de noticias, Competencia y la CEOE se han mostrado contrarios a la decisión de la vicepresidenta de imponer esta tasa. “Quieren aprovechar el verano para aprobar la ley de tapadillo”, asegura uno de estos colectivos.

Apoyos

Probablemente el PP tenga que aprobar la norma no sólo en verano, sino también en solitario gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Dos grupos, UpyD y la Izquierda Plural, han pedido directamente que se retire el artículo de la ley que hace referencia a este canon. Y el resto de formaciones no está clara su posición.

El PSOE inició la tramitación de la norma dando su apoyo al canon digital, pero ahora, debido al proceso de elección del nuevo secretario general en el congreso extraordinario de julio, habrá que esperar a ver cuál es la posición que fija sobre este tema el nuevo líder socialista.

Lo mismo sucede con CiU. Los nacionalistas catalanes no quieren apoyar ninguna norma con el PP para evitar cualquier tipo de colaboración parlamentaria con los populares. El conflicto del referéndum independentista, y las diferencias surgidas en torno a los actos de abdicación del rey Juan Carlos han forzado esta estrategia.

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Izquierda Plural rechazará la tasa Google con una enmienda en el Congreso

junio 26, 2014 No Comments

Publicado en ElDiario.es

Izquierda Unida, ICV y CHA, coordinados por el diputado Chesús Yuste, presentarán una enmienda contra el canon AEDE

Al igual que en la sentencia Svensson del Tribunal de Justicia Europea, consideran dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas con el correspondiente enlace a la web original sea contrario a los derechos de autor

El diputado de Chunta Aragonesista se despide del Congreso para dejar paso a IU de Aragón
Chesus Yuste, diputado de Chunta Aragonesista

Tras mantener varias reuniones con distintos colectivos, los diputados de los partidos que forman el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso, en este caso coordinados por Chesús Yuste, han acordado finalmentepresentar una enmienda de supresión del apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula lo que se ha conocido como tasa Google o canon AEDE. La nueva ley otorga a las empresas editoras el derecho a ser compensadas económicamente por los agregadores de noticias en internet. Este proyecto de ley se encuentra en tramitación actualmente en el Congreso y el plazo de enmiendas expira el martes 1 de julio.

Chesús Yuste, diputado de Chunta Aragonesista (CHA) explica a eldiario.es que llevan meses reuniéndose con “todo el mundo”, empezando por AEDE, la Asociación de Diarios Españoles (privada) que será la encargada de recaudar esta tasa. También con el Foro de Organización de Periodistas, la Coalición Prointernet, (que agrupa a varias asociaciones de editores digitales y medios) y también las agencias de gestión de los derechos de autor.

Yuste dice que tenían la sensación de que la posición de su grupo no había quedado del todo clara, en parte porque el tema no ha sido bien cubierto por los grandes medios, y por eso ven necesario hacer más explícito el rechazo a esta ley, concretamente al apartado 2 del artículo 32. La enmienda responde al argumento de que “resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la recientesentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12”.

También mencionan que “independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que se podría terminar cobrando a plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales, algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del conocimiento.”

¿Por qué el Gobierno sigue adelante con esta ley? Yuste comenta que “el Gobierno aparentemente se ha querido apuntar un tanto yendo en contra de compañías que no tributan en España pero creo que no sólo no le ha salido, sino que además ha sacado una ley que puede poner en riesgo algo que valoramos mucho y que es la existencia de plataformas comunitarias donde pueden compartirse ideas”.

Por lo cual, desde Izquierda Plural animan «al Gobierno a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.”

El rechazo del grupo de la Izquierda Plural se suma así al de otros colectivos. Editores digitales, medios ( entre los que se encuentra eldiario.es) y empresas se han manifestado contrarios a una tasa que tiene el carácter de “derecho irrenunciable” y que obligaría a empresas nacionales como Menéame, a cerrar en España, poniendo además en riesgo el derecho a cita con el que es posible hacer periodismo.

También CCOO y UGT manifestaron su oposición y preocupación por una ley que mueve un 4% del PIB y cuya modificación se ha llevado adelante sin el consenso de todos los sectores. El consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por su parte, ha emitido un informe en el que “cuestiona que los servicios de agregación de contenidos deban ofrecer una “compensación equitativa” a los editores de publicaciones periódicas o de sitios web de información”.

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El peligroso ejemplo de España y AEDE

junio 24, 2014 No Comments

Publicado en TEKNLIFE

 twitter@davidsalcestup

Hay un término, común en México pero casi desconocido en España, que curiosamente llevamos a sangre y a fuego en nuestro carácter muchos de los hijos de la madre patria. La palabra a la que me refiero es malinche y, según su definición de la RAE, se refiere a todo aquel que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Su origen viene de Malinalli Tenépatl, primero esclava y luego amante de Hernán Cortés, apodada malinche y que, por su actitud con los españoles con respecto a los habitantes autóctonos, dio lugar al término que, a día de hoy, podemos calificar como antónimo de chovinismo. El caso es que, sea por la falta de oportunidades o por nuestromalincheismo, tendemos a pensar que no exportamos nada (como mucho, talento, pero no frutos del mismo), pero eso no es así. El problema es que, igual que en ocasiones compartimos nuestro genio con el resto del mundo (el sumergible de Isaac Peral, el Autogiro de Ricardo de la Cierva o el Arcamuz, por poner sólo tres ejemplos), a veces también exportamos malas ideas. Y este es el caso de los editores de prensa alemanes, que buscan un canon similar al obtenido por ley por los españoles. Hablamos, claro, de la polémica Tasa Google por los contenidos agregados en Google News.

En concreto, los editores alemanes pretenden que Google comparta con ellos el 11% de los beneficios que obtiene gracias a mostrar sus contenidos en los resultados de búsqueda de Google News. Y, para ello, se apoyan en la Leistungsschutzrecht für Presseverleger, una parte de la ley aprobada por gobierno federal alemán en 2013 y cuya función, al menos en su declaración de intenciones, es proteger los intereses de los editores de prensa frente a los riesgos que supone Internet. Apoyándose en dicho marco legal, doce editores alemanes, encabezados por Axel Springer (la principal editorial europea y una de las más grandes del mundo) y Burda (Focus), han iniciado lasacciones necesarias para conseguir lo mismo que se plantea en España con el canon de AEDE, la llamada Tasa Google.

El primer problema surge, claro, con el cálculo del total sobre el que aplicar ese 11% al que, según su cuestionable criterio, tienen derecho los editores. Google News, el servicio de indexación de noticias de Google no muestra publicidad entre sus resultados, por lo que el modelo de participar en los beneficios hace necesario, para empezar, cuantificar los beneficios económicos indirectos que dicho servicio le reporta a Google, ya sea por el volumen de tráfico que gestiona, como por la información sobre cada usuario que es capaz de obtener gracias a sus hábitos de navegación y de búsqueda de información.

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Google, que ya se ha enfrentado a los editores en otros países de Europa, recuerda que la presencia de un medio en Google News es opcional, y que con una sencilla operación técnica el buscador puede dejar de mostrar los contenidos de un medio en sus resultados de News. Hace algunos años, en Bélgica, y por un conflicto similar, Google eliminó de los resultados a los principales diarios del país. Estos tardaron poco tiempo en comprobar que, efectivamente, el volumen de tráfico que les ofrece esta empresa es un importante valor, por lo que pidieron volver a aparecer en los resultados de búsqueda. Ahora, el objetivo de los medios es más perverso: quieren que Google sea una de sus principales vías de tráfico, pero que además les pague por el tráfico que les genera. Es como si, por ejemplo, la cafetería a la que voy todas las mañanas me cobrara un suplemento cada vez que les envío a alguien que me `pregunta dónde tomar un café por la zona.

Hay quienes defienden la increíble complejidad técnica de calcular el beneficio económico que obtiene Google, de media, por cada enlace mostrado en Google News. Sin embargo, lo mejor es que no seamos inocentes: Google es una gran corporación, con las ideas muy claras y las cuentas todavía más, y a buen seguro que en sus oficinas hace ya mucho tiempo que barajan un cálculo estimado de dicho beneficio. Sin embargo, ¿qué ocurre si el producto, en sí mismo, es deficitario, y se mantiene por Google por su valor estratégico en su cartera de servicios? Esta posibilidad no es tan remota, son muchos los servicios online que, pese a su éxito, pierden dinero año tras año o, para ser más exactos, no ingresan tanto como gastan. ¿Y si fuera el caso de Google News? ¿Cubrirían los editores alemanes (o los españoles, llegado el caso) el 11% de las pérdidas que el servicio le pudiera generar a Google?

¿Y en caso de que Google optara por “expulsar” del servicio a aquellos medios que pretenden cobrar por estar en el mismo? ¿Qué ocurriría entonces? En primer lugar, claro, los que permanecieran en el servicio serían los grandes beneficiados, pero seguro que los excluidos tardarían poco tiempo en pedir volver a aparecer en los resultados, pero ¿exigirían aparecer en los mismos y, además, cobrar por ello? Es decir, ¿podrían exigir tráfico y dinero al buscador? Sí, puede sonar un tanto forzado… más o menos como que la cafetería me cobre por enviarle clientes. El problema, claro, es que haya gobiernos y políticos dispuestos a aceptar esta distorsión tan flagrante de las condiciones de juego limpio en el mercado. Imponer algo así es tan bárbaro que, sin duda, no pasaría ni un sólo análisis de higiene básica.

Está claro que la situación de los medios de comunicación o, para ser más exactos, una parte de los grandes grupos de comunicación del siglo pasado, se enfrentan a muy duros problemas para sobrevivir. Sin embargo, y pese a la creciente opinión de que la red es parte del problema, en realidad Internet es una bendición para el periodismo. Y aunque el gigante de las búsquedas tenga sus luces y sus sombras, es innegable el efecto positivo que Google News supone para los medios online. Por eso, pretender que quien te está llevando usuarios, además tenga que pagarte por ello, es tan absurdo como que mi cafetería de todos los días empiece a exigirme un pago cada vez que se la recomiendo a mis amigos. Yo, si me viera en esa situación, dejaría de recomendar esa cafetería, probablemente también dejaría de ir yo mismo y, seguro, encontraría otro bar que agradecería tanto mi presencia como la de mis amigos. Aunque, bueno, ya decía que es un planteamiento ridículo. En realidad, en mi cafetería de referencia tengo un descuento permanente (del 10%) y, si voy con amigos, el descuento se hace extensivo a ellos. Pero claro, ¿qué pueden aprender los grandes grupos editoriales alemanes de una cafetería y su relación conmigo? Pues, perdón por la inmodestia, pero creo que más de lo que les enseña el erróneo modelo del canon de AEDE. El problema es que me temo que los cantos de sirena de un montón de dinero fácil, y que no haga imprescindible adaptarse al presente son tan atractivos a corto plazo, como destructivos al final.

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El Gobierno estudia retirar la reforma de la Propiedad Intelectual tras la falta de apoyo

junio 23, 2014 No Comments

El punto más polémico de la reforma se encuentra en la Tasa Google, criticada duramente por la CEOE y Competencia. El Gobierno estudia retirarla por temor a la Unión Europea, que presentará en 2015 una nueva política comunitaria europea, pudiendo llegar a regular en contra de ella.

Quique Hombrados / 21 junio 2014

Tras la falta de apoyo tanto de los partidos políticos como las críticas levantadas por parte de algunas instituciones, la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual anunciada por el Gobierno el pasado mes de febrero podría llegar a no ver la luz.
Ahora, el Gobierno ha vuelto a retrasar hasta el 24 de junio el plazo a las enmiendas parciales que pueden presentar los partidos de la oposición. Desde su debate el pasado mes de abril, el Ejecutivo español ha ido aplazando las enmiendas semana tras semana.
La reforma no cuenta con el apoyo de los partidos políticos ni de la CEOE ni de Competencia
Este retraso podría ocasionar que la ley no se llegue aprobar, puesto que no sería hasta otoño cuando sería llevado al Congreso para su debate. En caso de ser aprobada, su entrada en vigor no tendría lugar hasta 2015, año de las elecciones generales.
En un intento de venderla como una reforma que contaba con la colaboración del sector cultural y de las entidades de derechos, el Gobierno estudia retirarla tras la polémica levantada. Las primeras críticas llegaron desde la oposición. Las enmiendas a la ley que presentaron el pasado mes de abril el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur fueron rechazadas con los votos del PP. Esto supuso una “demostración más del fracaso del Gobierno en materia de cultura”, según añadió en su momento el diputado de Izquierda Plural, Chesús Yuste.
La UE podría tumbar la ley si regula en contra
Pero las críticas no solo llegaron desde los partidos que componen el arco parlamentario. LaCEOE criticó con dureza la Tasa Google, el canon que obliga a los agregadores comoGoogle News o Yahoo News a pagar una compensación a los editores por enlazar sus contenidos. “Pagar por enlazar o por ofrecer fragmentos es obstaculizar al desarrollo de Internet. Se advierte desde ya un grave daño al desarrollo de la sociedad de la información y las empresas (…)  toda vez que el enlazar y ofrecer fragmentos de contenidos forma parte de la naturaleza”, afirmaba la patronal de empresarios en un comunicado.
La siguiente en subirse al carro de las críticas fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien recomendó modificar la Tasa Google pidiendo al Gobierno que al menos no sea “irrenunciable”. Además, el organismo cuestiona que editores y agregadores sean “competidores directos”, dado que la labor que ejercen ambos es diferente. “En este sentido, las cuantiosas inversiones de diversos editores de contenidos en mejorar el posicionamiento en los buscadores serían otro indicio de que, al menos para algunos editores, el agregador es complementario y no competidor de su producto o servicio”, señaló la CNMC en un comunicado.

Europa tiene la última palabra

 
Otro de los impedimentos vienen desde la propia Unión Europea. El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Juan de Dios Ruano, señaló que esta reforma sería “parcial” puesto que se está pendiente de las nuevas directivas europeas, que serían aprobadas el año que viene y regularía muchos aspectos de esta reforma.
“Se abordará probablemente una reforma completa en esta misma legislatura, una vez que la UE realice esa armonización legislativa en relación al concepto de copia privada”, destacó en su momento Ruano.

Si finalmente se llevase a cabo la aprobación de la reforma de la Propiedad Intelectual y Europa regulase en contra, supondría un duro varapalo para el Gobierno, que estudia no seguir adelante con ella.

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El Gobierno echa el freno a la ‘tasa Google’

junio 20, 2014 No Comments
 El PP ha retrasado de nuevo el plazo de presentación de enmiendas parciales a la ley en el Congreso hasta el 24 de junio y agota el tiempo para aprobarla antes de que acabe la legislatura

Nuevo retraso en la tramitación de la ley de Propiedad Intelectual, norma en la que el Gobierno ha incluido la polémica ‘tasa Google’, es decir, que agregadores de noticias como Google o Yahoo paguen un canon a los editores de prensa por ‘subir’ sus textos a la red. La nueva fecha para la recepción de las enmiendas parciales es el 24 de junio, lo que deja prácticamente imposible su aprobación definitiva hasta, como pronto, el otoño.

 

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“Se ha ampliado varias veces el plazo y ya aunque definitivamente se cierre el martes 24 de junio, no va a ser posible aprobarlo ahora porque ya no hay comisiones en el Congreso. Ya no hay timepo hasta después de el verano”, explica Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD y el encargado en su partido de los debates sobre esta ley.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley el viernes 14 de febrero. Como contó este confidencial, la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría impuso su criterio al ministro de Educación, José Ignacio Wert, e incluyó a última hora la ‘tasa Google’ para dar respuesta a la petición de los editores de los grandes periódicos escritos del país, agrupados en la asociación AEDE.

A partir de ahí, se abrió el plazo de enmiendas y el 10 de abril ya se debatió en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley, que fueron rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN y Foro Asturias.

Pero desde ese momento, el plazo a las enmiendas parciales se ha ido ampliando desde mayo hasta el 10 de junio, el 17 de junio y ahora, otra vez, hasta el 24 de junio.

Rechazo generalizado

Fuentes del sector apuntan a dos como los motivos por los que se está produciendo este retraso cuando los grupos que han querido presentar las enmiendas parciales ya lo han hecho, como es el caso de UPyD.

En primer lugar, el rechazo que ha tenido la ‘tasa Google’ por parte de diferentes sectores de la sociedad. Primero fue la CEOE, patronal de los empresarios, quien se opuso a que se impusiera ese canon a favor de la prensa escrita y en contra de los agregadores de noticias.

Después fue la propia CNMC, quien emitió un informe durísismo contra esta norma pidiendo que se eliminara o se limitara. Además, Competencia criticó que se hubiese añadido a última horael artículo referido a este nuevo canon digital.

Los editores de periódicos pequeños y diarios webs, liderados por 20 Minutos, también se han opuesto, además de internautas y, por supuesto, la poderosa empresa americana Google. Se han recogido más de 75.000 firmas en la plataforma Change.org pidiendo la retirada de la norma. “No esperaban este rechazo de la sociedad y no quieren aprobar la ley en el Congreso ellos solos o con el apoyo únicamente de CiU”, vaticina una fuente de los críticos.

Ley superior europea

Un segundo motivo para que el Gobierno haya echado el freno a la tramitación de esta norma es queBruselas está preparando una ley que va a regular también muchos de los aspectos que se recogen en la norma española, que luego tendrá que transponer el ejecutivo español a la legislación nacional.

“Si aprueba una norma como la tasa Google u otras de propiedad intelectual y luego la ley europea regula en contra, sería un palo gordo para el gobierno. Además, sería una norma que estaría en vigor poco tiempo si luego hay que adaptarla a la europea. Al Gobierno le conviene esperar”, asegura Martínez Gorriarán.

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