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Los editores de la AEEPP piden la suspensión de la entrada en vigor de la #LPI y negociación con todos los sectores afectados

Los editores de la AEEPP piden la suspensión de la entrada en vigor de la LPI y negociación con todos los sectores afectados

Asociación Española de Editoriales

de Publicaciones Periódicas

Ante el cierre, de Google News y otros agregadores que ven imposible continuar, tras la entrada en vigor del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, el próximo uno de enero, la ​ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORIALES DE​​ PUBLICACIONES PERIÓDICAS (AEEPP) quiere señalar:

  • ​ La AEEPP ha manifestado, desde el principio, su oposición a las modificaciones de la LPI que presentó el Gobierno, por el perjuicio a la libertad de información y de empresa que supondría su entrada en vigor.
  • La AEEPP ha explicado, junto a otros sectores y entidades, estos efectos negativos a todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado.
  • La AEEPP ha pedido, desde el inicio, que todos los sectores afectados fueran escuchados y se abriera una negociación con todos ellos y no solo se respondiera a un grupo, despreciando el interés general.
  • La ausencia de diálogo y el empecinamiento en aprobar un proyecto semejante, daña la imagen de España y la pérdida de presencia de las informaciones y los medios de nuestro país, a nivel internacional, con el consiguiente daño a la actividad económica y el empleo en un sector, como el digital, decisivo para el presente y el futuro.
  • La ausencia de definición sobre tarifas y condiciones en que debe ejecutarse la ley, postergadas hasta la elaboración de un reglamento del que no hay ni siquiera un borrador, produce una in​certidumbre gravísima ​ y una inadmisible inseguridad jurídica ​para cualquier empresa o entidad.
  • ​P​or ello, la ​AEEPP pide la suspensión de la entrada en vigor de dicha ley, hasta que no esté redactado el reglamento que la articula y propone la constitución de una Mesa de negociación, con todos los sectores afectados, para conseguir un consenso que nunca se intentó y que es imprescindible. en una ley que afecta tan decisivamente a la sociedad digital.

Si estas condiciones se cumplen, pedimos a Google News y el resto de agregadores que reconsideren su decisión de cerrar o deslocalizar sus empresas, en beneficio de los ciudadanos, las empresas y su libre acceso a las fuentes de información.

Sobre la AEEPP

La AEEPP es una asociación empresarial de carácter independiente y no lucrativo. Está formada por un centenar de grupos y empresas editoriales, que editan más de 900 cabeceras, cubriendo todas las temáticas y sectores (información general, especializada y profesional) de todas las periodicidades (diarios, semanarios, quincenales, mensuales, anuarios) y en todos los canales y soportes (impresos, digitales, gratuitos y de pago), con tiradas conjuntas que superan los 500 millones de ejemplares/año y una audiencia estimada de 125 millones de lectores al mes en los medios impresos y de más de dos millones de visitantes únicos al día en los medios ‘on line’.

Los editores de la AEEPP emplean a 2.400 profesionales, la mayoría periodistas.Ello la convierte en una de las asociaciones con mayor ámbito de representación dentro del sector editorial. Es la única asociación del sector asociada a la CEOE​ y CEPYME y forma parte de diversas organizaciones internacionales del sector editorial​.

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Coalición ProInternet pide al Gobierno la paralización inmediata de la LPI y el #canonAEDE tras el anuncio de cierre de Google News España

 

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Madrid, 11 de diciembre de 2014. Tras el anuncio realizado por Google, del cierre en España de su servicio «Google News», la Coalición ProInternet quiere hacer las siguientes consideraciones:

1.La Ley de Propiedad Intelectual y su polémico artículo 32.2 que incluye un canon por noticias enlazadas, supone una limitación de los derechos a la información,la libertad de expresión y de empresa de los españoles.

2. Como ya habían anticipado la Coalición Prointernet, la CEOE, la Comisión Nacional de Competencia (CNMC), la oposición al completo, cientos de medios, usuarios de internet, miles de profesionales del mundo digital, la próxima entrada en vigor de la LPI que contiene el llamado #canonAEDE generará un impacto inmediato en todo tipo de medios de comunicación, incluso los pertenecientes al lobby AEDE afín al gobierno que ha promovido el canon digital.  Supone la inmediata perdida de fuentes de información para el ciudadano y un impacto claro en el mercado como se ha demostrado en otros países con una dramática caída tráfico a todos los medios de información online.

3. Desde la Coalición ProInternet lamentamos que una empresa tenga que abandonar un servicio por la presión de un Lobby ante un gobierno, que ha logrado instaurar unas medidas únicas en el mundo. España tiene hoy el raro honor de ser el primer país occidental donde cierra un servicio agregador de noticias por acción gubernamental.

4. Con el cierre de Google News, y el previsible cierre o cese de actividad de numerosas empresas y  fuentes de información son los ciudadanos los que ven coartada su libertad de información y de expresión.  Esta no es más que la primera víctima empresarial de esta decisión gubernamental, que no ha medido la gravedad del impacto  previsible de una Ley realizada al dictado de unos pocos y sin debate o conversaciones con el sector.  La Coalición plantea su seria preocupación por cómo impactará esta situación a partir de enero en numerosos proyectos, medios, soportes, iniciativas digitales empresariales y ciudadanas en España. El impacto sobre el mercado digital en España va a ser devastador,  ya que si el nuevo marco legal no es soportable por alguna de las grandes empresas de Internet del mundo, difícilmente podrá ser sorteado por empresas españolas de menor dimensión. Además lanza un mensaje internacional sobre España que frenará inversiones y apoyo a iniciativas emprendedoras españolas. Un precipicio digital al que nos acercamos irremisiblemente empujados por el Gobierno y los medios de AEDE.

5. Esta es la primera baja de un nuevo sistema legal que cercena la posibilidad de la innovación y el desarrollo de la economía digital. Pronto se notarán los efectos no sólo del cierre de Google News, sino el impacto de la propia aplicación de una ley que contiene en su articulo 32.2 el cierre de Internet tal y como lo conocemos. Internet se ha basado desde su inicio en el enlace de informaciones. Internet sin enlaces a informaciones no es internet.

6. Ante la gravedad de la situación, la Coalición Prointernet pide al Gobierno y los grupos de la oposición que se paralice inmediatamente la aplicación de esta ley  que claramente impacta en la libertad de información, de expresión, y de empresa en todo el territorio español.

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UPyD llevará al Parlamento Europeo la lucha contra la LPI

Artículo de «elDiario.es» 

Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD | Foto: Marilín Gonzalo

Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD | Foto: Marilín Gonzalo

«Es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet: nosotros estamos alucinados”. Son las palabras de Carlos Martínez Gorriarán, el número dos de UPyD en el Congreso, quien citó a periodistas para explicar cómo ven ellos la reforma de la  Ley de Propiedad Intelectual (LPI)recientemente aprobada, las consecuencias que puede tener y su situación jurídica.

Después de que se conociera que el proyecto de LPI presentado por el Gobierno en la Comisión Europea iba sin el artículo que hablaba de la tasa AEDE (el 32.2), UPyD preguntó a la Comisión qué medidas iba a tomar al respecto. Esta pregunta, según Martínez Gorriarán, a día de hoy no ha sido contestada, a pesar de que la Comisión tenía tres semanas de plazo, lo que se cumplió alrededor del 17 de octubre. «Probablemente no la han pasado porque esté sometida a una cuestión prejudicial en Luxemburgo, porque la tasa AEDE, además de otras cuestiones que pueden surgir, va en contra de la libre competencia, contra las directivas europeas, por lo menos así lo interpretamos nosotros y mucha gente”, comentó Gorriarán. 

En este sentido, UPyD va a hacer propuestas en el Pleno Europeo. Gorriarán explica que el Parlamento Europeo tiene una competencia legislativa muy limitada, pero tiene la capacidad de iniciativa legislativa, así que puede proponer a la Comisión que haga determinadas cosas. 

«Se puede proponer que el Parlamento Europeo pida a la Comisión una directiva mucho más explícita y que de alguna manera derogue o prohíba normas de los Estados miembros que vayan contra el derecho a la información, que establezca privilegios para determinados modelos de negocio. Ahí hay mucho recorrido, porque normalmente las directivas son muy genéricas y luego se van desarrollando a través de la litigiosidad”. 

La reforma de la LPI, tal como fue aprobada en España, «crea una desigualdad flagrante entre los grandes medios y otros digitales, y más que los medios son las empresas. Cuando hablamos de la tasa Google parece que es un problema de los medios de comunicación como tales, y no lo es. Es de empresas”, señala Gorriarán. «No es lo mismo los grupos de comunicación que se han visto afectados por la crisis y han tenido que buscar cómo adaptarse, que el trabajo que hacen los medios como tales. Los grupos empresariales han buscado la protección de los gobiernos, para blindar su modelo de negocio, entonces se les ocurrió la brillante idea de cobrar la tasa dichosa”.

Una serie de tasas exóticas

Eso no es todo según el diputado de UPyD, que considera que en España, esto se encuentra agravado por una «serie de tasas exóticas que se han inventado, que son escandalosas, como la del derecho a cita, que os recuerdo, es que las universidades y las bibliotecas públicas se van a tener que poner de acuerdo con CEDRO, para pagarles una tasa por citar autores y usar libros. Aunque «no tienen por qué ser cantidades significativas, pero el hecho mismo nos parece alucinante, porque cuando estás hablando del desarrollo de la sociedad del conocimiento, se supone que es favorecer la circulación de la información”, dijo. 

Estas tasas tienen su origen en la presión de las entidades de gestión de derecho de autor, según Gorriarán. «Las sociedades de usufructo de gestión en España están intervenidas por el Gobierno. Después del escándalo de la SGAE con Teddy Bautista y compañía y su enorme descrédito, han decidido, a través de la LPI, que las sociedades de gestión de derecho de autor tienen determinados monopolios, que también son atípicos, porque los monopolios sólo los puede tener un Estado, limitados por las leyes de competencia. Entonces han concedido a entidades privadas un determinado monopolio de cobrar tasas, pero supervisado por el Estado. Para compensarles económicamente por esta intervención de sus cuentas, porque al final es el Estado el que decide lo que pueden cobrar, no ellos como hasta ahora, lo que han hecho ha sido ampliar el círculo de cobro: dicen también vamos a cobrar a las universidades y a las bibliotecas públicas».  

Gorriarán se asombra: «Es algo tan delirante que yo entiendo que la gente no lo crea, hasta que ve que es verdad». Y en cuanto a los autores de esos derechos, agrega que «no tiene nada que ver con pagar al autor, porque para acabar con el círculo del absurdo: el autor de eso no ve nada”, se lamentó. «Leo muchos libros de muchos profesores, soy autor de muchos libros, no voy a ver un duro de eso. Lo que queremos los autores es que nuestros libros circulen, que sean conocidos y que sean citados, sobre todo los autores universitarios. En la universidad, que te citen o no, es muy importante para muchas cosas, sobre todo cosas económicas, sexenios y cosas así».

Una ley monstruo

Según UPyD, lo que ha quedado es «un monstruo, es una ley que va a acabar tumbando más temprano que tarde la propia Comisión Europea, porque se salta casi todas las directivas habidas y por haber, por lo menos su espíritu». Gorriarán explica: «Por eso mismo esta ley tiene otro exotismo verdaderamente increíble: es un Frankestein de las leyes. Tiene una previsión de caducidad, dice que dentro de un año se revisará, lo dice específicamente». ¿Por qué dice eso? «Porque la han hecho sabiendo que probablemente no va a pasar el filtro jurídico europeo y que habrá que rehacerla”. Gorriarán explica que la han hecho así por la colusión de intereses entre grandes grupos editoriales y partidos políticos.

«Como sabéis hay dos puntos de vista opuestos sobre la tasa AEDE: la propia AEDE que está encantada y el de los medios digitales, que están indignados, justamente por el tipo de competencia desleal que les supone; y por otra razón, porque esto va a tener efectos negativos en internet en general. Por ejemplo, Google ya ha dicho que va a cerrar su delegación en España, a pesar de que acaba de abrirla”. Gorriarán dice que están alucinados porque «es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet”.

La pérdida del PIB español en industria digital y cultural

Gorriarán califica de «desesperante» una situación en la que con 5 millones de parados, se cierran las puertas a la creación de empresas y se frena la industria digital y otros sectores punteros en innovación con este tipo de leyes y trae los datos del PIB de la industria digital en otros países. 

«España es el único país de la Eurozona que el porcentaje del PIB que produce la industria digital, sobre todo la industria cultural, en vez de subir, ha bajado. Italia había subido hasta el 5% del PIB de industria digital. Es verdad que Italia tiene mucha industria cultural, pero es que España había partido del 4 % y ahora andamos por el 3 %. Con una diferencia fundamental, Italia tiene un mercado mucho más reducido que España, que tiene el mercado hispanohablante, que es la segunda lengua más usada en Internet, después del inglés”, señala Gorriarán. 

«Y además con las economías emergentes latinoamericanas creciendo mucho, con el uso creciente del español en Estados Unidos, es un mercado impresionante. ¿Qué ha sucedido? Que hemos retrocedido, porque hay un marco legal hostil”, según Gorriarán, «entre la ley de protección de datos y toda la legislación de tipo fiscal made in Montoro, y todo el tinglado de las ayudas y subsidios que al final a los que perjudica es a los emprendedores”.

Gorriarán se refirió al silencio sobre el Canon AEDE en algunos mediospertenecientes a AEDE: «Yo entiendo que los que estéis en medios tenéis un problema, que igual aunque estéis de acuerdo con nosotros, no es la política de la empresa”. Advirtió que «esto es muy serio, se está cerrando el camino a un montón de gente joven e innovadora, se está impidiendo el camino al desarrollo de una industria que necesitamos con urgencia, se están creando tasas ridículas, y creando un malestar social impresionante”. También habló de las políticas culturales: «Se han cargado la industria cultural por el IVA. Por cobrar 4 euros han creado un asesinato industrial: han matado la gallina de los huevos de oro. Estás dejando ese campo que tenía España en los países latinoamericanos a México, a Colombia. Si México consiguiera acabar con sus problemas, nos comería la tostada en dos días». 

Gorriarán dice que los emprendedores jóvenes españoles acaban creando las empresas en Gran Bretaña. Comenta que «hay una página web del Gobierno británico, que se rellena en 15 minutos y tienes que pagar no sé si 5 libras o así para inscribir tu startup, con una legislación con la que si no tienes beneficios no tienes que pagar impuestos y que te da inmediatamente el acceso al principal mercado del mundo en internet”. 

Se pierden oportunidades todos los días, de manera insensata, se lamenta Gorriarán, que apunta que Gran Bretaña ha subido el año pasado el 8 % el porcentaje del PIB de la industria digital, porque muchas startups de Europa, pero sobre todo españoles, se apuntan allí por su legislación. 

Esta ley está en contradicción con otras directivas europeas, según UPyD, y por eso llevarán propuestas al Parlamento Europeo en ese sentido. «Creemos que va a dar bastante juego”, dice Gorriarán, «esta ley está hecha con complejo de culpa«.

Leer artículo completo aquí, de Marilín Gonzalo

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Seis consecuencias esperables de la aprobación del #CanonAEDE

Artículo de «Xakata» 
Ministro Lomce 2

El Senado dio el visto bueno ayer a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el Gobierno. El texto ahora pasará de nuevo por el Congreso en lo que, debido a la mayoría absoluta del PP, parece que será un mero trámite antes de su inminente aprobación. Entre los pocos cambios introducidos por las enmiendas del Senado a la redacción que ya conocíamos, se ha incluido la fecha para la entrada en vigor: 1 de enero de 2015.

La reforma en cuestión endurece las penas para las páginas de descargas y abre la puerta a la persecución de los uploaders. Además, en ella se estipula que se trata de una reforma parcial, con vistas a realizar una reforma más amplia y restrictiva en un futuro cercano. sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la nueva norma es la introducción de lo que en los medios se ha bautizado como Canon AEDE y algo que podría influir, notablemente, en Internet tal y como hoy lo conocemos.

El Canon AEDE es una tasa que algunos editores de medios (entre ellos la Asociación de Editores de Diarios Españoles) lleva tiempo reclamando al Gobierno. Para ellos, agregadores como Google News se aprovechan de los contenidos que ellos mismos generan para rellenar sus portales. Google News y otros portales similares, como Meneame, lo ven de distinta forma: ellos les llevan visitas y ayudan a difundir su información. De hecho, y paradójicamente, algunos medios incluyen botones en sus noticias para que los usuarios envíen sus contenidos directamente a estos agregadores.

Pero los agregadores no son los únicos que se han mostrado en contra de este Canon. El hecho de que el Gobierno incluyera esta cláusula sin consultar a organismos expertos en la materia (la añadió a última hora) no sólo ha hecho que la redacción sea bastante ambigua, sino que desde lugarescomo la CEOE y hasta desde la CNMC se cuestionen su aprobación. A raíz de ella han surgido otros movimientos, como la Coalición ProInternet (de la que Xataka forma parte), con el fin de protestar por la imposición de esta tasa.

Así es el Artículo 32.2

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Consecuencia nº1: caos en Internet

Éste es todo el texto con el que el Gobierno ha querido dar forma al Canon AEDE. Dos únicos párrafos. En el primero de ellos definen qué publicaciones estarían afectadas (sobre eso volveremos ahora) y cómo funciona la tasa, mientras que en el segundo crean una excepción para que el Canon no afecte a los buscadores. ¿Se puede definir con exactitud un Canon como el que proponen en un único párrafo? Como vamos a ver, no.

La fórmula legal utilizada para definir lo que es el Canon AEDE ocupa un único párrafo y nos deja con más preguntas que las que aclara.

En primer lugar, se habla de «fragmentos no significativos de contenidos», pero en ningún momento se explica qué se entiende como tal. ¿Es una foto un fragmento significativo? ¿Y un párrafo del artículo? ¿Y el titular? Google News utiliza el titular, las primeras líneas y foto, si hay, para indexar las noticias. ¿Es eso un fragmento no significativo? Entendemos que sí. ¿Y en el caso de Menéame? Los usuarios pueden introducir titular y descripción propia. Si la descripción no la copian, ¿es fragmento significativo?

Pero sigamos. ¿Dónde se publican estos «fragmentos no significativos de contenidos» susceptibles de cobrar la tasa en cuestión? «Divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento». ¿Qué es un «sitio web de actualización periódica»? ¿Se incluyen, por ejemplo, los blogs personales o los blogs comerciales como el nuestro?

Seguimos leyendo: «no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa«. ¿De qué compensación estamos hablando? ¿Cómo se estimará o calculará la tasa que Google News y compañía tendrán que pagar a las «publicaciones de divulgación periódica» por hacerse eco de sus «fragmentos no significativos de contenidos»?

Lo que viene a continuación todavía lo lía más: «Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual». Sobre lo de la irrenunciabilidad del derecho hablaremos en detalle en el siguiente punto, pero ¿qué entidades de gestión? ¿Podrán los bloggers si finalmente están afectados elegir su propia entidad? ¿Formar la suya propia? ¿O será CEDRO quien se encargue de todo (cobrar y repartir), como se dijo en su día?

Fijaos hasta qué punto la ley está improvisada y mal redactada que el Gobierno en su día tuvo que salir a explicar, vía comunicado oficial, que las redes sociales no estarían afectadas por el nuevo Canon. Si tienes que salir ante los medios para decir a quién afecta y a quién no una nueva Ley, ¿no será que ésta está mal formulada? A destacar, por cierto, que desde AEDE en su día sí dijeronquerer que las redes sociales pasasen por caja.

Consecuencia nº2: cobrarás u otros cobrarán por ti

Cuando algunos editores de Bélgica se unieron para protestar contra Google News porque supuestamente les perjudicaba que se indexaran allí sus contenidos, Google tomó la decisión más simple: si dicen que les molesta que les incluyamos, pues les dejamos fuera y listo. Al final, los editores belgas vieron que perdían más que ganaban sin estar en Google News y pidieron a Googlevolver a figurar en su portal de noticias. Con lo que propone la reforma española de la LPI, esto no sería posible.

Para evitar que suceda esto mismo, en la ley se establece la irrenunciabilidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un blog y Google News te indexa una noticia, la entidad de gestión encargada de este asunto cobrará a Google por ello. «Pero yo no quiero cobrar, a mí me beneficia que me enlacen», seguramente estés pensando. Da igual: la entidad de gestión cobrará tu parte sí o sí. Que luego la quieras reclamar o no es cosa tuya.

“Tienes derecho a cobrar, no puedes renunciar a ello, pero ya te lo administro yo…”, entendiendo «yo» por CEDRO o la entidad que corresponda. Así resume @JulioAlonso cómo funciona lo del «derecho irrenunciable»

Hace unos días, y por una protesta similar, Google News anunció que en Alemania dejaría de mostrar la descripción y la fotografía de algunos medios que exigían un Canon similar al AEDE. En su lugar, mostraría simplemente el titular enlazado, con lo que dichos editores ya no se podrían quejar (a fin de cuentas, si se quejan porque figura el titular, ¿por qué no quejarse de salir en Google Search? No son tontos). De nuevo esta medida selectiva no sería posible aquí porque en España todos los medios están, lo quieran o no, afectados por la tasa en cuestión.

Consecuencia nº3: las licencias Creative Commons no servirán

«Pero mis contenidos son Creative Commons…» Sí, los nuestros también, pero en la Ley propuestano se contempla ninguna excepción para contenidos con este tipo de licencia. David Maeztu, abogado especialista en nuevas tecnologías, lo explicaba de la siguiente forma en su blog:

Y es un derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, por lo que aunque uses una licencia Creative Commons el sitio que te agrega tendrá que pagar a la entidad de gestión en tu nombre. Es decir, la entidad de gestión que actúe para el pago de estos derechos, lo hará en tu nombre aunque no estés asociado y lógicamente, al no estar asociado no te pagará nada y lo repartirá entre sus otros socios.

Consecuencia nº4: AEDE y compañía, los grandes beneficiados

A falta de conocer cómo será la tasa y cómo se repartirá esta entre las «webs de actualización periódica» afectadas, parece que nos podríamos encontrar ante una estructura similar a la que sigue SGAE: los más grandes en lo que a audiencia se refiere cobrarán más y los más pequeños no verán ni un duro. Eso sí, los agregadores seguirán teniendo que pagar por ellos igual.

En una entrevista a José Gabriel González, director de AEDE, éste llegó a reconocer haber mantenido negociaciones con Google pero dichas negociaciones se rompieron cuando el buscador les pidió que parasen la vía regulatoria. AEDE se negó: «La vía regulatoria no la abandonamos porque es una vía que pasa, y una vez que pase el tren ya no tenemos opción, ya que el Gobierno no va a hacer otra ley para nosotros”.

 

Para el director de AEDE, es raro que no todo el mundo quiera cobrar

¿Y los que no queremos cobrar y estamos encantados de que Google News indexe gratis nuestros contenidos? José Gabriel González también tuvo palabras para nosotros: “Me cuesta cada vez más creer, con la crisis que hay, que la gente renuncie a ingresos, ¿no? Probablemente es que tengan otros intereses cruzados que no conocemos. Sería bueno que los explicaran”.

 

Eso sí, no todas las asociaciones de medios están de acuerdo con esta medida. La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) se ha mostrado contraria a la legislación propuesta. La Coalición ProInternet es una asociación que surgió tras el anuncio del Canon AEDE y de la que WeblogsSL es miembro junto a otros como Eldiario.es, Google, Menéame, 20minutos y compañía. Mientras tanto, los miembros de AEDE celebran la aprobación.

Consecuencia nº5: ¿adiós a los agregadores en España?

Lógicamente, los agregadores no quieren pasar por caja simplemente por «agregar» contenido. En el caso de Google News, ayer se filtró que, después de una reunión con la Administración, medios y otros agregadores, el portal de noticias del gigante buscador no descartó cerrar Google News España si se aprobaba el Canon AEDE como tal.

En el caso de Meneame, y desde el anuncio de esta tasa, los usuarios han establecido su propio boicot a medios AEDE, pero esto no salvaría a su servicio de la quema (recordemos lo de carácter irrenunciable). ¿Qué opciones valoran? Según explicaron en su día, o bien bloquear todos los medios españoles, o irse de España o cerrar.

Consecuencia nº6: perdemos todos

¿Y al final quién sale perdiendo de todo esto? Para variar, los de siempre: los usuarios. Si tienes un blog y no limitan el alcance de lo que supone una «publicación periódica», otros cobrarán de los que agreguen tus contenidos. Consecuencia: no se agregarán tus contenidos. Y si simplemente eres un internauta al que le gusta informarse más allá de los portales de medios tradicionales, la subsistencia de estos medios online podría ponerse en entredicho si pierden las visitas que les generan los agregadores. Y todo por contentar a una minoría que, con la llegada de Internet, se agarra a cualquier clavo ardiendo para conseguir lo que no han conseguido con su estrategia digital: cobrar más dinero.

 

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Google News puede cerrar en España

Artículo de «El Mundo»

El responsable mundial de Google News, Richard Gingras, y el jefe comercial internacional, Madhav Chinnappa, han estado en Madrid a finales de septiembre. Han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo con clientes, socios, periodistas, profesionales del sector…. Y se han visto con altos representantes de la Administración española, entre ellos, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, el de Comercio, Jaime García-Legaz o el de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo. En esas reuniones los dos ejecutivos de Google sondearon las intenciones del Ejecutivo sobre una cuestión que ellos consideran fundamental para el negocio del gigante de Mountain View y sin la cual no se entiende el negocio de Google: la libertad para enlazar de forma gratuita contenidos que son públicos. No parece que salieran demasiado satisfechos de esos encuentros.

Google acaba de dar un golpe de mano en Alemania y está dispuesto a cerrar el servicio Google News en España si la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que se aprueba mañana en el Senado le obliga a pagar a los editores por los contenidos de las webs que enlace a partir de ahora. Sería el primer país democrático del mundo en el que la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin cerrara su popular servicio.

El problema radica en el artículo 32.2 de la LPI, que establece elpago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores de noticias a los editores de contenidos como compensación por el uso de los mismos. Es lo que se ha denominado tasa Google, porque es el principal agregador del mercado, o canon AEDE, porque ha sido la Asociación que engloba a los editores de medio la principal impulsora de ese artículo. ¿Dónde está la discrepancia? Los editores dicen que Google y el resto de agregadores -también las redes sociales- se lucran enlazando los contenidos que ellos producen y que cuestan dinero. Contra esto, Google responde que News no obliga a ningún medio a estar en ese servicio.

El artículo 32.2 ha sido polémico durante toda la tramitación parlamentaria y ha generado muchas críticas. La más significativallegó desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el canon limita la libertad de empresa al crear una barrera de acceso a quienes quieran entrar en el mercado de los agregadores de contenidos. La CNMC cuestiona también que el cobro del canon se tramite a través de las entidades de gestión de derechos de autor. Además, Competencia recuerda que «existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas», que evitarían, si así lo desea el editor, los enlaces como «el fichero estandarizado robots.txt, cada propietario de una página web puede impedir o delimitar, fácilmente y sin costes, el rastreo de cualquier buscador y agregador de noticias con el grado de detalle que se desee».

¿A qué se debe, pues, las inversiones de los periódicos en mejorar el posicionamiento de sus webs en los buscadores, mediante SEO o SEM si, según sus responsables, cuanto mejor posicionado estés, más dinero pierdes?, se preguntaba la Comisión de Competencia. La AEDE, por el contrario, se ha negado a usar esta opción: «La realidad es que esto resulta inviable para cada uno de los editores de forma aislada. El mismo dominio de Google como buscador global haría que,si un editor decide no indexar sus contenidos en Google News, pondría en peligro la aparición de sus noticias en el buscador de Google, lo que es prácticamente decir adiós a internet. Por esto es importante la irrenunciabilidad al derecho de compensación». Y así está recogido en la LPI.

Google ya ha tenido problemas de este tipo en algunos países europeos pero en ningún caso se ha llegado al extremo de España. En Francia, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo por el que Google pagó unos 60 millones de euros a los editores en concepto de inversión en el desarrollo digital de la prensa. El caso alemán viene de lejos. Allí, Google sólo indexa a los medios que se dan de alta voluntariamente en el servicio Google News porque la ley protege a los editores que no quieren aparecer. El último enfrentamiento se ha producido porque algunos periódicos han demandado al buscador por incluir fragmentos de texto e ilustraciones en los enlaces. La respuesta de Google ha sido inmediata: ya no muestra ni los resúmenes (snippets) ni las imágenes (thumbnail), en los resultados de búsqueda, sólo los enlaces y los titulares. Google dice que sirve a los medios alemanes 5.000 millones de visitas y estima que cada clic que proporciona genera unos 12 o 16 céntimos. Es lo que pueden perder esos medios.

No hay datos oficiales en España, pero el posible cierre de Google News podría suponer una sensible pérdida del tráfico de las ediciones digitales de los periódicos -del 10% en los grandes y casi el 30% en el resto-y de los ingresos que genera la publicidad digital. Pero al margen del daño económico que el canon pueda suponer para los medios, Google y los demás agregadores se quejan de los riesgos para la libertad de información que conlleva restringir el enlace en la era de internet.

Artículo de @vicentelozano

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Si no te gusta la web, eres muy libre de irte

Artículo de Enrique Dans

Google adopta finalmente la actitud seria y coherente que muchos llevábamos tiempo exigiéndole, yreplica a los diarios alemanes que si no permiten que sus contenidos sean indexados de forma gratuita, sencillamente dejará de indexarlos. Por el momento, la medida consiste en la eliminación de las imágenes y lossnippets (fragmentos no significativos de texto) de los resultados de búsqueda, pero a nadie escapa que, en realidad, se trata tan solo de un primer paso que, en caso de persistir los medios en su actitud, podría llegar a marcar su desaparición.

Los medios alemanes afectados acusan a la compañía de chantaje, una acusación tan ridícula como absurda: Google únicamente está, en este caso, defendiendo la naturaleza abierta de la web, y concretamente, una de sus reglas de oro fundacionales: que enlazar es completamente libre. Los primeros en amenazar y chantajear no solo a Google, sino por extensión a toda la web, han sido unos medios que, con una mentalidad propia del siglo pasado, pretenden alterar el funcionamiento del entorno en el que les ha tocado vivir.

No nos engañemos: no se trata de ninguna disputa sobre la propiedad intelectual de las noticias – concepto que por otro lado sería muy discutible – sino de una forma de rapiña auspiciada por los gobiernos de turno, que han visto además en la posibilidad de financiar a los medios de comunicación una manera de asegurarse un trato más favorable. Un auténtico caso de corrupción: tengo algo que el gobierno quiere, y lo pongo sobre la mesa de negociación a cambio de que ese mismo gobierno dicte leyes que me autoricen a extorsionar a un tercero.

El problema de Google no es pagar o no pagar un dinero a una serie de medios, sino convertirse en excusa para que, a partir de ese momento, esos mismos medios pueda reclamar el cobro, en forma de canon, a cualquier otro. Google tiene recursos para pagar a los medios que haga falta pagar, pero muchas páginas on los tenemos, y la sola idea de pagar por enlazar y comentar una noticia es algo completamente inaceptable, que se convertiría además en una suerte de “impuesto a la opinión” o a la conversación. En la práctica, es como si el gobierno pretendiese cobrarnos un canon por el derecho a comentar las noticias en la barra del bar.

Los periódicos convencionales tienen un serio dilema: tras años no siendo capaces de adaptarse a la web y perdiendo dinero en ella de manera sostenida, pretenden que llegue un tercero que sí se ha adaptado y les pague la factura. Auxiliados por gobiernos irresponsables o directamente corruptos que se arrogan el derecho a cambiar directores de periódicos a golpe de subvención y de publicidad institucional, se han erigido en un lobby que pretende, de manera absolutamente megalomaníaca, cambiar las reglas de la web, reescribir el concepto de enlace, y decidir quién paga a quién y por qué, en virtud de conceptos que siempre estuvieron y seguirán estando al margen de ese tipo de cuestiones. Un enlace es un enlace, y mientras el contenido o el tono de mi enlace no sea constitutivo de delito, puedo enlazar libremente a quien me dé la gana, cuando me dé la gana, y por supuesto, sin pagar a nadie.

La medida de Google representa tan solo un primer paso. La compañía, claramente, ha tratado por todos los medios de evitarla, pero llega un momento en que la cuestión se vuelve incoherente: no puedes estar reclamando firmeza a todos tus compañeros de viaje, a las asociaciones, a los medios con concepciones más racionales de la web o a los agregadores, y mientras, estar manteniendo una actitud tibia, extremadamente prudente y con un talante casi negociador, porque se interpreta como que estás en realidad queriendo nadar y guardar la ropa.

Obviamente, la solución de excluir a determinados periódicos del índice no gusta a nadie: ni al que la toma, ni a los medios afectados, ni a los usuarios. El buscador pasa a tener un índice que no refleja la totalidad de la información, sino que deja fuera una parte de ella. Los usuarios pasan a tener una herramienta con resultados de peor calidad. Y los medios, con la exclusión, pierden un tráfico que les aporta un flujo constante de visitas, y sobre todo, que marca en gran medida su nivel de relevancia y su capacidad de influencia. Pero la medida supone la única posibilidad de reconducir una situación demencial a la que solo una conjunción de intereses tan perfecta como la codicia de los medios y la corrupción e incompetencia de determinados políticos nos había llevado. Un buscador pierde mucho cuando excluye páginas de su índice, pero ninguna fuente es insustituible, menos aún si lo que pretendía era, por algún tipo de “derecho divino”, cambiar a su antojo reglas que no son suyas ni del buscador afectado, sino de todos los usuarios. Si a alguien no le gustan las reglas de la web, es muy libre de excluirse de ella.

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La tasa Google se ha impuesto en España sin consentimiento de Europa

Artículo de ADSLZone

UPyD ha sacado la cara por los editores ajenos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y en contra de la tasa Google emitiendo un comunicado a la Comisión Europea, y dando a conocer que la modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual se hizo a espaldas del organismo europeo.

congreso

La “tasa Google” o “canon AEDE” incluido en el proyecto de ley de propiedad intelectual del equipo de Rajoy no fue notificado por el Ministerio de Exteriores, que estableció contacto con la Comisión Europea por última vez, en este sentido, tiempo antes, concretamente en mayo del pasado año 2013. En este momento -mayo de 2013- la tasa Google no había sido aún incluida en la ley y posteriormente no se ha notificado nada al respecto, por lo que es evidente que se ha evitado informar a Europa.

Beatriz Becerra, eurodiputada de UPyD, ha sido la encargada de poner fin a esta situación que el Gobierno ha generado con respecto a Europa. Para ello han cuestionado a la Comisión Europea acerca de las medidas que se tomarán dadas las “modificaciones significativas” que se han aplicado al proyecto de ley de propiedad intelectual. Esta comunicación emitida por Unión Progreso y Democracia, además, deberá ser respondida en menos de dos semanas, puesto que tiene carácter de “prioritaria”.

Según el comunicado de UPyD, la llamada tasa Google supondría una infracción por parte de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. Por otra parte, Analistas Financieros Internacionales -Afi- ya señalaron con anterioridad que el impacto económico de la imposición del canon AEDE o tasa Google sería de 1.133 millones de euros en contra de los usuarios de Internet a nivel nacional, todo ello añadiendo que tendrían lugar procesos de deslocalización de actividad y empleo, por lo que el impacto alcanzaría una dimensión verdaderamente negativa para la economía.

Así, en un plazo no superior a dos semanas se podrá conocer la posición de Europa con respecto a la imposición de la tasa Google, lo que podría suponer un aporte de luz sobre una situación que antes incluso de ponerse en marcha está suponiendo graves problemas para medios de comunicación digitales y editores al cargo de los mismos.

Fuente: El Diario

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España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google

Artículo «Diario Turing»

Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas. Foto: Amio Cajander CCFoto: Amio Cajander

España ocultó a la Unión Europea su intención de obligar al pago de una tasa para aquellos editores digitales que usen enlaces en sus publicaciones. En Europa nada saben de la llamada «tasa Google» o «canon AEDE» que el equipo de Rajoy incluyó en su proyecto de ley de propiedad intelectual. El Ministerio de Exteriores español notificó a Bruselas sus planes en materia de propiedad intelectual en una notificación que llegó a su destinatario en mayo de 2013. Para entonces, la tasa Google todavía no había sido incorporada en la ley. De este modo, España evitó transmitir a Europa el punto más polémico de su planpara regular las garantías de propiedad intelectual en internet.

UPyD pregunta a la Comisión Europea

La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha preguntado esta semana a la Comisión Europea qué medidas tomará por las «modificaciones significativas» al proyecto de ley de propiedad intelectual. La pregunta tiene carácter de «prioritaria», lo que indica que debe responderse antes de tres semanas, y se refiere a las posibles infracciones de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. El canon AEDE ha sido estudiado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) quienes señalan que  su impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, además de procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido.

El texto presentado por UPyD es el siguiente:

Con carácter de Pregunta prioritaria a la Comisión y como posibles infracciones a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia se presentó lo siguiente que , dado el carácter de prioritario debe responderse antes de tres semanas :
 
El 10/05/2013 el Gobierno de España presentó notificación a la CE, en virtud de la Directiva 98/34/CE, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, registrada con número 2013/244/E.
Dicha notificación no incluía la posterior modificación, aprobada en Consejo de Ministros el 14/02/2014, del artículo 32.2, relativo a un régimen especial de derechos que incluye un concepto de tasa por derecho de cita. Según informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia esto afectaría a empresas que, en caso de reproducir en sus búsquedas fragmentos no significativos de contenidos deberían compensar a los editores. En su análisis señala que «considera posible un modelo regulatorio más favorable a la competencia» y que «se remuevan las barreras a la entrada de nuevos operadores».
Teniendo en cuenta dichos defectos en la forma y en el fondo:
1. ¿Considera la Comisión Europea que se ha vulnerado la naturaleza de la Directiva 98/34/CE al no haber notificado a la misma las modificaciones significativas del anteproyecto de Ley? ¿Qué acciones llevará a cabo la Comisión en relación con este incumplimiento?
2. ¿Considera la Comisión Europea que el mencionado artículo 32.2 atenta contra la libertad de empresa a la luz de los informes de la CNC y del Derecho de la Competencia Europeo? 

Como consecuencia del envío de información insuficiente, la Comisión Europea podría paralizar la tramitación y/o aplicación de la ley de propiedad intelectual. Según el trámite habitual, Europa deberá ahora recabar nueva información de España al efecto de conocer en su totalidad los planes del Gobierno de Rajoy para regular la sociedad de la información. Sobre si las advertencias de la Comisión pueden implicar sanciones para España, la europarlamentaria Becerra, en comunicación con eldiario.es, expresó que « hay precedentes de sanción» con condena en costas, señalando el caso de Grecia en 2006.

Frente a esta posibilidad, el Ejecutivo de Rajoy hasta la fecha no se ha dado por enterado considerando que no debe aportar más información a Europa. En respuesta a una pregunta por escrito de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), el Gobierno da por enviadas todas las explicaciones, a pesar de que la documentación remitida a las autoridades europeas no recoge el punto más polémico del texto legal.

La legislación europea obliga a los estados miembros a informar de cualquier legislación que afecte a la sociedad de la información, a través de la Directiva 98/34/CE.

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