Artículo de El Diario Fenix
¿Cómo se puede definir la plataforma Coalición pro Internet?
Carlos Astíz: Cuando el Gobierno presenta el proyecto de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, toda una serie de empresas, y algunas entidades como la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, vemos que va a tener un impacto negativo para el desarrollo digital de nuestras empresas o nuestras asociaciones y, entonces, nos reunimos y decidimos constituir una coalición para intentar que el Gobierno rectificase su apoyo a unas modificaciones que, además no tienen sentido.
¿En qué consisten estas modificaciones?
C.A.: Básicamente, lo que dicen es, en el art 32.2, que los editores, bueno, algunos de los editores van a poder cobrar por el uso de información relacionada con ellos a los usuarios o los motores de búsqueda y agregadores de noticias. Desde el punto de vista de las entidades y las empresas es que todo esto nos coloca a espaldas del desarrollo digital.
España tendría que estar en la vanguardia, es uno de los pocos países que tiene una cultura planetaria con un idioma que es la segunda lengua más usada en Internet, es decir, tiene muchos elementos que serían positivos para las empresas y el desarrollo digital del país pero esta ley intenta poner barreras para favorecer a los grandes diarios de pago. No son, como dicen ellos, los editores los que han pedido esto, no, es un grupo de editores muy concreto porque la mayoría estamos en contra. Nos parece, además, que cuando los agregadores de noticias enlazan mencionando a las fuentes originales, favorecen el tráfico a esas fuentes originales; el intento de cobrar por esto es como si un taxista lleva a un cliente a un restaurante y el dueño del restaurante pretende cobrar al taxista por llevarle. Es ridículo.
Pero no sólo eso, sino además es que en el caso de editores con licencias creative commons como 20 minutos o Eldiario.es, ellos no quieren cobrar, pero esta ley lo que dice es, da igual que tú no lo quieras cobrar, te lo va a cobrar un tercero que lo va a distribuir a quien él quiera. Esto es la recuperación del canon digital, de la SGAE, con otro nombre. Al final, como será muy difícil perseguir a todo aquel que use fuentes de editores lo que pasará será que terminará sufragándose a través de los Presupuestos Generales del Estado como un nuevo canon que, en última instancia, impulsará el desarrollo de cuatro empresas que están hundidas porque su modelo de negocio está totalmente obsoleto.
Además, la ley no prevé que el pago sea directo y los editores puedan no reclamarlo sino que será gestionado por terceros
C.A.: Claro, es que, los editores que tengan licencias abiertas y que no quieran cobrar por sus contenidos, no pasará nada, los usuarios deberán pagar igualmente a asociaciones como CEDRO o la nueva SGAE, con el nombre que sea, éstos lo repartirán entre sus amiguetes.
En cuanto intenten aplicarlo a cualquier empresa que utilice licencias abiertas se va a caer por su propio peso. La CEOE y CEPyME se han manifestado también en contra porque vulnera la liberta de empresa. El cómo gestionar tus activos, los derechos de autor en este caso, lo decides tú, dentro de la ley, pero lo que no puede ser es que te los gestione un tercero al margen de tu voluntad.
¿Cuál es el motivo de esto? Pues que ya lo intentaron los editores alemanes y fracasaron porque cuando lo llevaron a juicio dijeron que esto es voluntario, si quieres estar en Google News o Menéame, pues estás, si no, te das de baja y mañana mismo tus contenidos ya no estarán allí. Pero el problema aquí es que lo han convertido en un derecho irrenunciable, lo cual es una patada al sistema jurídico, y si tú no quieres cobrar, lo va a cobrar el otro. Esto es ridículo.
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