Después de un tiempo, la llamada ‘tasa Google’ vuelve a estar de actualidad. Hace unas semanas le había comentado a Jesús (más que nada por su interés en la propiedad intelectual) que podría ser un tema interesante para el blog, y ahora el informe que la CNMC acaba de publicar sobre la cuestión me da una buena oportunidad para dar mi punto de vista. Aunque no lo pueda parecer a primera vista, es un ejemplo que ilustra bien los riesgos que para el ciudadano común puede tener la excesiva connivencia entre poder público y privado. Se trata de un asunto clave para el desarrollo económico y que se ha abordado a menudo y desde diferentes perspectivas en el blog.
Cuando un sector está en crisis, o se ve amenazado por el cambio tecnológico, intentará buscar protección en los poderes públicos. Si tiene la suficiente capacidad de presión o de influencia conseguirá a través de la regulación aquello que no habría conseguido compitiendo en el mercado – mantener sus ingresos y su posición. Es un comportamiento humanamente comprensible. Entiendo que los taxistas usen su capacidad de presión para detener la expansión de Uber (maravillosa aplicación que, cruzo los dedos, parece seguir funcionando estupendamente en Londres). Pero las consecuencias de esta presión sobre el ciudadano común y sobre la economía (a corto y largo plazo) solo pueden ser devastadoras.
Los medios de comunicación tradicionales en España se encuentran en una situación muy difícil, en gran medida debido a la evolución tecnológica (que permite blogs como este y proyectos periodísticos con costes mucho más ajustados que en el pasado). Por eso es natural que traten de explotar su llegada al Gobierno para convertir a Google una fuente alternativa de ingresos, de la misma manera que es natural que el Gobierno responda proponiendo la creación un ‘derecho de remuneración’ a favor de los periódicos por el uso de ‘fragmentos no significativos’ por parte de agregadores de contenidos como Google News (por mencionar al que ha acaparado toda la atención). El concepto de ‘fragmento no significativo’, hablando de todo un poco, me parece fascinante.
El problema es que el mecanismo diseñado por el Gobierno en su anteproyecto tiene difícil encaje desde un punto de vista jurídico y es directamente injustificable desde un punto de vista económico. Las experiencias alemana, belga y francesa demuestran que hacer de Google una fuente estable y permanente de ingresos es más difícil de lo que pueda parecer a simple vista. Primero porque no obliga a nadie a estar presente en su agregador. Segundo porque algunos medios digitales con gran difusión parecen no estar de acuerdo con la tasa, y así lo han expresado públicamente. Si cada medio negocia la remuneración por separado y nadie tiene la obligación de quedarse en Google News si no está contento con las condiciones, parece inevitable que la remuneración, de existir, termine siendo sustancialmente más modesta de lo esperado por los medios tradicionales. Con parecida candidez, prácticamente en estos mismos términos, lo reconocen los representantes de la AEDE (la asociación que representa los intereses de los diarios tradicionales) en un artículo publicado en El País del 28 de mayo.
¿Cuál ha sido la solución encontrada por el gobierno ante este escollo? Una parte de la solución es convertir el derecho de remuneración en ‘irrenunciable’ (el concepto de ‘derecho irrenunciable’ es si cabe aún más fascinante que el de ‘fragmento no significativo’, sobre todo teniendo en cuenta que algunos digitales se publican con licencia Creative Commons). En virtud del anteproyecto, los medios no pueden rechazar solicitar una remuneración por aparecer en Google News (o que alguien la solicite en su nombre), por mucho que quieran. La otra parte consiste en centralizar la negociación a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Lo que el Gobierno parece perseguir, a la luz de la disposición, es que una entidad de gestión negocie la remuneración en nombre de todos los medios.
ierno que abra conversaciones con todos los interesados en crear un modelo de Internet abierto a las oportunidades equitativas para todos y la libertad de expresión.
