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España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google

Artículo «Diario Turing»

Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas. Foto: Amio Cajander CCFoto: Amio Cajander

España ocultó a la Unión Europea su intención de obligar al pago de una tasa para aquellos editores digitales que usen enlaces en sus publicaciones. En Europa nada saben de la llamada «tasa Google» o «canon AEDE» que el equipo de Rajoy incluyó en su proyecto de ley de propiedad intelectual. El Ministerio de Exteriores español notificó a Bruselas sus planes en materia de propiedad intelectual en una notificación que llegó a su destinatario en mayo de 2013. Para entonces, la tasa Google todavía no había sido incorporada en la ley. De este modo, España evitó transmitir a Europa el punto más polémico de su planpara regular las garantías de propiedad intelectual en internet.

UPyD pregunta a la Comisión Europea

La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha preguntado esta semana a la Comisión Europea qué medidas tomará por las «modificaciones significativas» al proyecto de ley de propiedad intelectual. La pregunta tiene carácter de «prioritaria», lo que indica que debe responderse antes de tres semanas, y se refiere a las posibles infracciones de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. El canon AEDE ha sido estudiado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) quienes señalan que  su impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, además de procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido.

El texto presentado por UPyD es el siguiente:

Con carácter de Pregunta prioritaria a la Comisión y como posibles infracciones a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia se presentó lo siguiente que , dado el carácter de prioritario debe responderse antes de tres semanas :
 
El 10/05/2013 el Gobierno de España presentó notificación a la CE, en virtud de la Directiva 98/34/CE, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, registrada con número 2013/244/E.
Dicha notificación no incluía la posterior modificación, aprobada en Consejo de Ministros el 14/02/2014, del artículo 32.2, relativo a un régimen especial de derechos que incluye un concepto de tasa por derecho de cita. Según informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia esto afectaría a empresas que, en caso de reproducir en sus búsquedas fragmentos no significativos de contenidos deberían compensar a los editores. En su análisis señala que «considera posible un modelo regulatorio más favorable a la competencia» y que «se remuevan las barreras a la entrada de nuevos operadores».
Teniendo en cuenta dichos defectos en la forma y en el fondo:
1. ¿Considera la Comisión Europea que se ha vulnerado la naturaleza de la Directiva 98/34/CE al no haber notificado a la misma las modificaciones significativas del anteproyecto de Ley? ¿Qué acciones llevará a cabo la Comisión en relación con este incumplimiento?
2. ¿Considera la Comisión Europea que el mencionado artículo 32.2 atenta contra la libertad de empresa a la luz de los informes de la CNC y del Derecho de la Competencia Europeo? 

Como consecuencia del envío de información insuficiente, la Comisión Europea podría paralizar la tramitación y/o aplicación de la ley de propiedad intelectual. Según el trámite habitual, Europa deberá ahora recabar nueva información de España al efecto de conocer en su totalidad los planes del Gobierno de Rajoy para regular la sociedad de la información. Sobre si las advertencias de la Comisión pueden implicar sanciones para España, la europarlamentaria Becerra, en comunicación con eldiario.es, expresó que « hay precedentes de sanción» con condena en costas, señalando el caso de Grecia en 2006.

Frente a esta posibilidad, el Ejecutivo de Rajoy hasta la fecha no se ha dado por enterado considerando que no debe aportar más información a Europa. En respuesta a una pregunta por escrito de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), el Gobierno da por enviadas todas las explicaciones, a pesar de que la documentación remitida a las autoridades europeas no recoge el punto más polémico del texto legal.

La legislación europea obliga a los estados miembros a informar de cualquier legislación que afecte a la sociedad de la información, a través de la Directiva 98/34/CE.

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Internautas y Usuarios proponen soluciones definitivas al Canon Digital

La solución propuesta pasa por que el Canon por copia privada se aplique directamente sobre la obra original y por la eliminación del articulo 32.2.

La plataforma, que cuenta con el apoyo de tres millones de ciudadanos, se opone al recorte de libertades en internet que plantea la reforma de la LPI que en estos momentos se está debatiendo en el Senado

El Supremo cuestiona, a instancias de las entidades de gestión, la solución propuesta en la ley de cargar el Canon a los presupuestos. El Partido Popular prometió cambiar el sistema de gestión del Canon por copia privada

18 septiembre de 2014 Las asociaciones de Internautas (internatutas.org) y de Usuarios de Internet (aui.es) le recuerdan al gobierno sus compromisos electorales y la oportunidad de rectificar los errores cometidos en la tramitación de la reforma de la LPI que se va a votar estos días en el Senado.

Las enmiendas registradas por las Asociaciones piden que el canon por copia privada se aplique a la obra original ya que es necesario que la obra se adquiera legalmente para poder ser copiada. De esta forma paga el Canon quien adquiere el derecho y lo cobra íntegramente el autor que tiene libertad para fijar el canon que quiera aplicar a cada una de sus obras y sin la necesidad de organizaciones intermedias que son las autenticas beneficiarias del Canon tal y como lo conocemos en el pasado.

“Resulta sorprendente que el gobierno se empeñe en aprobar una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual cuando la Unión Europea está debatiendo una directiva en esta materia y proponiendo la creación de un mercado digital único. Todavía nos sorprende más que esta incluya dos Cánones Digitales y qué quien lo proponga sea el Partido Popular cuyo programa electoral recogía expresamente la eliminación de los mismos y la búsqueda de formulas alternativas” declaro Pérez Subías Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

En palabras de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, “La cesión de impuestos a entidades privadas es una práctica de otros tiempos que antepone el interés privado al interés general y que lejos de ayudar a los creadores de contenidos los limita, frena la innovación y no resuelve la situación de una industria, la de los contenidos, sumida en un profundo proceso de reconversión.”

La plataforma todoscontraelcanon.org está compuesta por 34 organizaciones. Desde su creación en contra del Canon Digital ha recogido 1.004.209 firmas Individuales; 4.368 firmas Colectivas que representan a 1.162.815 ciudadanos y 29 Ayuntamientos que representan a 1.286.910 ciudadanos que aprobaron su oposición al mismo en Plenos municipales

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El Tribunal Supremo consulta a la UE si el canon que se propone en la nueva LPI es legal

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue de polémica en polémica. Si recordais, ya en varias ocasiones hemos comentado por aquí cómo casi todos, incluyendo usuarios y asociaciones gestoras de los derechos de autor, hanmostrado su desacuerdo con el texto propuesto. A pesar de todo, fue aprobada de urgencia en el Congreso. Ahora, y en plena tramitación en el Senado, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por tres entidades de gestión y ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la UE.

María González Gembeta.com.- En concreto, el Supremo realiza dos cuestiones relativas al sistema de compensación equitativa por copia privada (el «canon» de toda la vida, no confundir con el Canon AEDE que es otra cosa), que en la reforma de la LPI pasa a sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Significa esto que la aprobación de la ley está paralizada o suspendida, como afirman algunos medios? A falta de tener más detalles, no exactamente.

De momento no se ha paralizado la aprobación de la Ley, sino que lo más seguro es que dejen fuera la parte referente al «canon»

Desde Genbeta hemos podido hablar con David Maeztu, abogado especialista en TIC y autor de Del derecho y las normas. Según nos explica David, y dado que el plazo para enmiendas en el Senado se ampliaba ayer justo hasta el 31 de octubre, lo más probable es que introduzcan una enmienda que elimine toda referencia al canon por copia privada a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE responda a la consulta realizada por el Tribunal Supremo. El resto de la reforma, en principio, seguirá adelante.

Volviendo al canon, las preguntas que ha hecho el Tribunal Supremo a la UE son, según El Confidencial, las siguientes:

A – «¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?». 

B – «Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»

En esencia, la cuestión es si el canon puede sufragarse con dinero de todos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de que sean los propios usuarios que hacen las copias privadas los que paguen una tasa por ello. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que decidir en qué acaba el polémico canon

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Ignacio Escolar, Director de eldiario.es: “Pretendemos cobrarle por hacernos un favor”

Hoy, en Madrid, el director de ‘Eldiario.es’, Ignacio Escolar, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que está en contra de la ‘tasa Google’ porque se pretende con ella cobrar al buscador por “hacer el favor” a los periódicos de enviar lectores a sus noticias.

 En el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Escolar se desmarcó de la demanda mayoritaria  que han hecho con éxito los editores de prensa al Gobierno para que incluyera en la reforma de la Ley de Propiedad  Intelectual un gravamen a Google por enlazar sus contenidos.

 “Estoy en contra porque es una tasa que pretende cobrar a Google por hacernos un favor. Google no me está robando;  cuando clasifica mi información y manda lectores desde su buscador hacia mis páginas me hace un favor. Si quisiera  que no me robase, bastaría con modificar el archivo robots.txt y decirle a Google que no clasifique mis páginas”, señaló  Escolar.

 En su opinión, no hay ningún medio que “aparezca en Google a su pesar”. “Incluso gastan dinero en aparecer más alto  en Google porque les sale rentable”, agregó. “El negocio de la búsqueda de la información es distinto al de la producción de información, y tenemos que ser capaces de entender que la manera de ganar nuestro futuro no es expropiar a los de enfrente”.

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Los internautas de ‘Todos contra el canon’ reclaman en el Senado la eliminación del canon digital

Artículo de 20 minutos

Los internautas españoles integrados en la plataforma «todoscontraelcanon» han presentado en el Senado un escrito con enmiendas al Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual, en el que proponen la eliminación de la compensación derivada del uso de enlaces en internet y de la copia privada. «El enlace no produce ningún perjuicio, todo lo contrario; al que se cita se le beneficia y además se constriñe un derecho fundamental, que es crear un contenido y dejarlo a disposición gratuita, lo que a su vez supone eliminar las licencias Creative Commons», ha justificado Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, sobre la llamada tasa Google.

Canon digital

 

Se pide eliminar el canon por copia privada o aplicarlo sobre la obra que lo genera Pérez ha presentado su escrito en el Senado junto a Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación de Internautas, en representación de las 34 organizaciones que conforman la mencionada plataforma y que cuenta en esta iniciativa con el respaldo de más de un millón de firmas de ciudadanos, más de 4.000 organizaciones y 29 ayuntamientos.

De acuerdo con la reformulación de la Ley de Propiedad Intelectual, el uso de enlaces en internet «con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor (…) a percibir una compensación equitativa» e «irrenunciable», añade, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

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Internautas y editores de publicaciones periódicas pedirán a los grupos la supresión de la ‘tasa Google’

Artículo de EuropaPress

Varias asociaciones de internautas y editores españoles, así como representantes del sector digital, han acordado este lunes enviar una serie de enmiendas a los grupos políticos para que debatir durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Senado, entre las que se incluye la supresión del artículo que contempla la ‘tasa Google’ para los editores.

Este es uno de los acuerdos a los que han llegado los participantes en una reunión en el Senado para debatir sobre la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) antes de su tramitación en esta cámara. Además, han aprobado proponer otras cuatro enmiendas, entre las que se incluye la petición de veto para toda la ley.

En caso de que no prosperen ninguna de estas dos opciones, los representantes de estas asociaciones también solicitarán la eliminación de la ‘irrenunciabilidad’ de los editores a la ‘tasa Google’ y la supresión del canon digital, tal y como contemplaba el PP en su programa electoral.

Al acto en el Senado han acudido Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI); Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI); Ignasi Labastida de Creative Commons; Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Arsenio Escolar, presidente de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEPP).

Además, también ha participado el senador socialista Domingo Fuentes, quien ha adelantado que su grupo pedirá un aplazamiento del plazo de presentación de enmiendas, que se cerrará en un principio el próximo jueves.

En cualquier caso, según Fuentes, el grupo socialista mantendrá «la misma posición» contraria a la ley que durante su tramitación en el Congreso, y previsiblemente pedirá también un veto. Además, en caso de no salir adelante, propondrá enmiendas que versarán sobre los derechos de los periodistas y fotógrafos en torno a la ‘tasa Google’.

En este sentido, propondrá que los beneficios económicos que la ‘tasa Google’ va a proporcionar a los editores se extiendan también a los periodistas que elaboran esas informaciones y a los fotógrafos de prensa.

 

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A un paso de la implantación del #CanonAEDE

Artículo de TICbeat

ticbeat

Si todo ocurre como está previsto el próximo 22 de julio se aprobará la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en comisión con competencia legislativa plena, es decir, parece que no pasará por el pleno para su debate público. El documento al que se dará luz verde incorpora la implantación del llamado ‘canon AEDE’, una tasa que se impondrá a agregadores de contenidos en la Red (por ejemplo Google News, de ahí que este canon también haya sido denominado ‘tasa Google’), blogs, medios de comunicación digitales y, en definitiva, a cualquiera que tenga un portal en Internet y cite y enlace a otro site dentro del suyo.

Esta medida, apoyada por AEDE (la Asociación de Editores de Diarios Españoles) ha sido no obstante criticada por un amplio espectro de jugadores de la industria, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), además de numerosos medios de comunicación, muchos de los cuales se han unido en la Coalición Pro Internet para intentar paralizar la aprobación de dicho canon que, estiman, tendrá efectos muy negativos para el futuro de Internet en España y de los negocios digitales que emergen cada vez con más fuerza en nuestro país.

Es más, un reciente informe de AFI (Analistas Financieros Internacionales), realizado para la citada coalición [ver informe en PDF], asevera que la aprobación de esta medida tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles, además de señalar que iría en detrimento de la eficiencia en la búsqueda de información, la libertad empresarial, la competencia y la seguridad jurídica.

¿Cómo estiman los expertos de la AFI esta cifra? Desde la Asociación han calculado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada si no hubiera agregadores, un tiempo que, indican, “se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas”. Es este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. En este sentido, en el informe aseveran que un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

Un “fallo de mercado discutible”

Desde la AFI añaden, además, que la existencia del presunto “fallo de mercado” que la normativa pretende resolver es discutible, pues no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. “Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados”, añaden. Es más, los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. “Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario”, apunta.

Muestra de ello es que un centenar de publicaciones que hasta ahora no estaban presentes en Google News han solicitado esta semana darse de alta en el servicio con efecto inmediato, con el fin de aumentar su tráfico y llegar mejor a los usuarios. Los medios que han adoptado esta medida son revistas y diarios de la AEEPP que incluyen cabeceras de Galicia a Andalucía; de Extremadura a Cataluña; de Madrid, Aragón ó Canarias y cubren diversas áreas temáticas desde la información general, política, local, deportiva hasta la profesional y técnica, desde la energía a las telecomunicaciones, la salud o la construcción.

Los editores de dichos medios también han reclamado que se paralicen las modificaciones que el Gobierno pretende introducir en la LPI. Lógico si pensamos que, como señala el informe de AFI, si se aprobara esta medida podría verse resentida la estructura de mercado del sector editorial ya que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse si no hubiera este tipo de plataformas. “Una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licenciascopyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores”, reza el documento.

Otros efectos colaterales

Ya en otro orden de términos, a una escala macroeconómica, los efectos de la aprobación de la normativa podrían ir, según AFI, desde la deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido, hasta la merma de los incentivos para la innovación tecnológica y empresarial relacionada con los servicios de información y comunicación, por no hablar de que éste sería un cambio normativo discrecional “en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España”.

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