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Coalición ProInternet denuncia que el gobierno ha actuado “a espaldas” de Europa con la LPI

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El Gobierno Español ha incumplido trámites que ponen en riesgo la aplicación de la LPI.

– El Gobierno Español se “ha saltado” un procedimiento esencial en el proceso : la comunicación a la Unión Europea
– La Unión Europea ha confirmado por escrito – hasta en dos ocasiones – que el texto de la Ley comunicado a la Unión    Europea no contenía artículos que se han aprobado finalmente
– La Unión europea se centra en el impacto en la competencia y “una internet libre” como base del desarrollo y el  crecimiento
– En su puesta en marcha la Ley supondría el cierre y salida de España de agregadores y medios digitales provocando un  
“Precipicio Digital” único en el mundo.

Madrid, 17 noviembre de 2014. Tras la aprobación en el trámite del Congreso y Senado, y únicamente con los votos del partido del Gobierno, la Coalición Prointernet denuncia que todo el proceso legislativo ha cometido serias irregularidades en sus obligaciones europeas y, además, se ha realizado sin haber mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas, en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales.

La Coalición Prointernet reitera su petición al Gobierno de la Nación para que paralice la entrada en vigor de la LPI, incluyendo el polémico artículo 32.2 y sus modificaciones, conocidos como “CanonAEDE”, y abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas.

Irregularidades en el trámite europeo
La Coalición Prointernet ha podido saber, gracias a preguntas de parlamentarios españoles, que el proyecto de Ley que se envió en su día a las autoridades comunitarias no contenía alguno de los artículos más polémicos, como el 32.2 que regula el #canonAEDE.  Esto puede suponer una seria traba en la puesta en marcha de la Ley

Fuentes de las Direcciones Generales Europeas afectadas, consultadas directamente por la Coalición Prointernet, han confirmado que la Ley debería haberse comunicado en su totalidad ya que “es una comunicación de obligado cumplimiento” y que “están monitorizando la situación” ante el incumplimiento por parte de España de este procedimiento. El gobierno Español, consultado asimismo por la Coalición ProInternet insiste en que sí ha comunicado, pero en una fecha en la que determinados artículos, como el polémico 32.2 o CanonAEDE, no podían haber estado incorporados, ya que se anunciaron con posterioridad.   Esto significa que el Gobierno de España ha incumplido sus obligaciones con la Unión Europea, pese a que las normas son muy claras.

El no haber cumplido con este procedimiento esencial puede paralizar la aplicación de la Ley y tener consecuencias para el Estado Español en forma de graves sanciones. Sumado a la posición de la CNMC, esta situación abre la vía a una futura batalla legal tanto en España como en Europa

Desde febrero el Gobierno no ha comunicado la LPI a Europa

El gobierno español está obligado a comunicar las nuevas normas a la UE que pudieran afectar el mercado común . El gobierno notificó en su momento (2013) un borrador de la LPI que no contenía el artículo 32.2 conocido como #canonAEDE.   En una carta recibida por la Coalición Prointernet de la Dirección General Europea encargada del mercado único, esta ente ha confirmado por escrito a la Coalición (Ver imagen 1 adjunta)  que “las autoridades españolas han realizado modificaciones “ y que “deberán comunicarlas”.

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La Coalición ProInternet muestra su sorpresa por la situación creada, en al que una Ley que se presentó con modificaciones sustanciales en febrero de 2014 no ha sido comunicada a las autoridades europeas en más de 9 meses. .

España bajo la lupa de la Vicepresidencia Europea
Por su parte el equipo de la Vice Presidencia ha confirmado por escrito(Ver imagen 2 adjunta), a petición de la coalición, que es esencial “preservar una Internet abierta es esencial para la innovación el crecimiento y el empleo”.

De acuerdo con la en ese momento Vicepresidenta Kroes, la nueva Ley española debe “cumplir la normativa de la EU, incluyendo las normas de competencia” y que por tanto, y tras la solicitud de la Coalición Prointernet“va a monitorizar este proceso, a la luz de las leyes de la UE”.

Este hecho es enormemente relevante al haberse ya pronunciado la autoridad española competente sobre el tema de competencia con su oposición frontal a la nueva tasa a agregadores. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ya mostró su oposición a la redacción de la ley finalmente aprobada al impactar en la competencia.

Hacia un «precipicio Digital»
Empresas españolas y multinacionales del sector ya han anunciado que cesarán sus actividades en España en el momento en que se ponga en marcha. Esto supone un “precipicio digital”, al que nos acercamos inexorablemente, y que supondría el primer caso en el mundo de cierre masivo de medios y agregados.

La Coalición ProInternet quiere expresar su más rotunda protesta ante el impacto de esta Ley, y sobre el precipitado desarrollo legislativo de un proyecto que  daña las libertades y el desarrollo de la economía en Internet, y que se lleva a cabo por el Gobierno sin realizar ni una sola reunión con los afectados.  Un impacto gravísimo, que sumado a otros muchos aspectos de esta redacción lleva a nuestro país a un “precipicio digital” de enorme relevancia para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Oposición frontal de todo el sector e Instituciones
La Coalición Prointernet y otras entidades como la CNMC, CEOE, etc,  así como decenas de miles de ciudadanos, ya han expresado y asentado en diversos informes el enorme impacto de esta modificación de la LPI, que requeriría, dada su transcendencia,  de mayor diálogo con los sectores implicados y una cuantificación de su impacto en las libertades y el mercado de Internet en España y en Europa.

Seguimos haciendo una llamada al diálogo y el análisis antes de modificar sustancialmente la realidad de Internet en España con enormes riesgos para las empresas, el empleo y la libertad de información de los ciudadanos.

Imagen 1. Carta de la European Commission, DG Enterprise and Industry, Unit C3 | Prevention of Technical Barriers

 

 

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Imagen 2. Email de la Comisión Europea:  Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology – Unit G1 – Converging Media and Content

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Acerca de la Coalición ProInternet (www.coalicionprointernet.es y @CoalicionProInt )
Una decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos decidieron lanzar de forma conjunta la Coalición ProInternet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Entre las entidades fundadoras de Coalición ProInternet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google,  Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Elocuent o Adslzone, los medios  20minutos.es y eldiario.es así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual.
Con posterioridad se han incorporado a la Coalición TICbeat, yoroboku.es , Teleprensa – Madrid, Periodistas por el mundo, Grupo Nexo, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial, Tek’n’life, Actualidad Blog, Trending Topics, FXStreet, Castellón Confidencial, Hosteltur, Wikimedia, La Voz Ciudadana y Lobby Digital.
Coalición Prointernet está abierta a  nuevas adhesiones de cuantos compartan su ideario

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«Chapuza digital en el Senado»

Artículo de «Media-Tics»

El Senado aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con la polémica “tasa Google”…pero por un año

Chapuza digital en el Senado

El miércoles 16 de octubre, el Senado aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que ya solo le queda la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados. En ella se incluye el polémico artículo 32.2, conocido como la “tasa Google”, un enorme error que coloca a España a la cola de la innovación digital. Pero a última hora el Gobierno añadió una disposición final cuarta donde se afirma que la reforma tiene validez por un año. O sea, una chapuza con plazo de caducidad de cara a que el PP pueda afrontar las próximas citas electorales con los grandes editores sometidos a la ley de hierro de las ayudas estatales.

En la disposición final se precisa que el Gobierno tiene un año para llevar a cabo “los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento”. O sea, que el Gobierno es consciente de que esta reforma, con su “tasa Google” incluida, no se ajusta para nada a dichas necesidades de la sociedad del conocimiento, pero da un capotazo con fecha de caducidad a los grandes editores de prensa de este país, en un intento de salvarles al menos parcialmente el desastroso estado de sus cuentas de resultados. Un año es el tiempo que el PP puede necesitar para intentar revertir ante la opinión pública la caída de popularidad que está sufriendo con el manejo de la gran crisis económica.

El Gobierno y los grandes editores de la vieja prensa de papel agrupados en torno a la AEDE, saben perfectamente que Google no va a pagar nunca ni esa tasa ni ninguna otra por el estilo y que antes cerrará Google News en España. El máximo responsable de Google News, Richard Gingras lo ha dejado bien claro en su visita a Madrid hace unos días. Además, tenemos el ejemplo de Alemania, donde el gigante de Internet ha minimizado los enlaces que hace a algunos de los grandes periódicos que solicitaban una tasa parecida a la que España reclama. Para soslayar este peligro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha colado en el famoso artículo 32.2 la precisión de que esta tasa es “irrenunciable”, con lo que ninguna publicación digital podrá soslayar la reclamación de dicha tasa. Si está bien claro que Google no pagará esa tasa pues para ellos –como para todo el mundo de cultura digital- dicho canon va contra las leyes no escritas de Internet que consagran el derecho a citar y vincular cualquier noticia o información, ¿por qué este empeño sin sentido? Porque esperan que, ante la imposibilidad de sacarle el dinero al gigante norteamericano de Internet, el Gobierno termine pagando a los grandes editores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, igual que se hace con la compensación por copia privada.

El Gobierno se asegura la docilidad de los grandes editores y, de paso, la naciente galaxia de la información digital pura (en España hay más de 1.000 webs de información de todo tipo, locales y de nicho, y crecen a una velocidad superior a una al día), mucho más díscola e independiente en sus informaciones y líneas editoriales, recibe un castigo, pues si no son enlazados por el buscador, sus audiencias caerán, con beneficio para los grandes diarios, cuyas cabeceras son aún bien conocidas por el público en general. Estamos por tanto en una batalla donde, además de los factores reseñados, subyace una guerra entre el mundo de los grandes editores de papel que se desmorona y los centenares de pequeños editores digitales, a través de los cuales se informa ya en torno a un 30% de la población española.

El diario “Expansión” publica hoy jueves un vergonzante editorial titulado “Remuneración lógica a los editores de medios”. Apoya el canon AEDE “porque la premisa de la que parte la ley, y que reviste toda la lógica económica, es que quien haga uso comercial del contenido generado por los medios de comunicación deba remunerarse por ello”. Esa aparente lógica económica es un subterfugio falaz, ya que parte de una premisa que está siendo barrida por la cultura digital. En vez de enfrentarse al reto de la transición digital, prefieren chocar de frente contra el futuro a cambio de intentar salvar un abismal presente. Tanto en “Expansión” como en “El Mundo” o “El País”, hay excelentes periodistas que escriben solventes informaciones sobre el mundo digital y saben bien de lo que hablan. Es una pena que una vez más, los editores no estén a la altura de las circunstancias. La prensa española tiene un retraso histórico en su transición digital, con unos ingresos digitales ridículos en comparación con su facturación total. Pero en vez de afrontar este desafío con renovadas inversiones, alianzas, rigor, riesgo e innovación, prefieren echarse en brazos de un gobierno que está demostrando repetidamente su ceguera digital. Los editores, grandes y pequeños, deben llegar a un entendimiento justo con los gigantes de Internet, porque se necesitan mutuamente. Ése es el camino adecuado y no las tasas vergonzantes.

El próximo 6 de noviembre en Madrid se celebrará un importante evento: “Oracle Day 2014”. El tema central es la disrupción digital. Los organizadores subrayan que en el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados frente a los 9.000 millones que había en 2012; que los datos se van a multiplicar por 50 en ese periodo; que los datos móviles crecen a un ritmo del 78% anual, etc. El gigante de la informática corporativa advierte que las organizaciones tienen un 75% de aplicaciones viejas ya de más de dos décadas. Nuestro Gobierno también parece que tiene una visión de hace más de 20 años. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debería apuntarse a este evento.

Artículo de Miguel Ormaetxea

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Seis consecuencias esperables de la aprobación del #CanonAEDE

Artículo de «Xakata» 
Ministro Lomce 2

El Senado dio el visto bueno ayer a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el Gobierno. El texto ahora pasará de nuevo por el Congreso en lo que, debido a la mayoría absoluta del PP, parece que será un mero trámite antes de su inminente aprobación. Entre los pocos cambios introducidos por las enmiendas del Senado a la redacción que ya conocíamos, se ha incluido la fecha para la entrada en vigor: 1 de enero de 2015.

La reforma en cuestión endurece las penas para las páginas de descargas y abre la puerta a la persecución de los uploaders. Además, en ella se estipula que se trata de una reforma parcial, con vistas a realizar una reforma más amplia y restrictiva en un futuro cercano. sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la nueva norma es la introducción de lo que en los medios se ha bautizado como Canon AEDE y algo que podría influir, notablemente, en Internet tal y como hoy lo conocemos.

El Canon AEDE es una tasa que algunos editores de medios (entre ellos la Asociación de Editores de Diarios Españoles) lleva tiempo reclamando al Gobierno. Para ellos, agregadores como Google News se aprovechan de los contenidos que ellos mismos generan para rellenar sus portales. Google News y otros portales similares, como Meneame, lo ven de distinta forma: ellos les llevan visitas y ayudan a difundir su información. De hecho, y paradójicamente, algunos medios incluyen botones en sus noticias para que los usuarios envíen sus contenidos directamente a estos agregadores.

Pero los agregadores no son los únicos que se han mostrado en contra de este Canon. El hecho de que el Gobierno incluyera esta cláusula sin consultar a organismos expertos en la materia (la añadió a última hora) no sólo ha hecho que la redacción sea bastante ambigua, sino que desde lugarescomo la CEOE y hasta desde la CNMC se cuestionen su aprobación. A raíz de ella han surgido otros movimientos, como la Coalición ProInternet (de la que Xataka forma parte), con el fin de protestar por la imposición de esta tasa.

Así es el Artículo 32.2

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Consecuencia nº1: caos en Internet

Éste es todo el texto con el que el Gobierno ha querido dar forma al Canon AEDE. Dos únicos párrafos. En el primero de ellos definen qué publicaciones estarían afectadas (sobre eso volveremos ahora) y cómo funciona la tasa, mientras que en el segundo crean una excepción para que el Canon no afecte a los buscadores. ¿Se puede definir con exactitud un Canon como el que proponen en un único párrafo? Como vamos a ver, no.

La fórmula legal utilizada para definir lo que es el Canon AEDE ocupa un único párrafo y nos deja con más preguntas que las que aclara.

En primer lugar, se habla de «fragmentos no significativos de contenidos», pero en ningún momento se explica qué se entiende como tal. ¿Es una foto un fragmento significativo? ¿Y un párrafo del artículo? ¿Y el titular? Google News utiliza el titular, las primeras líneas y foto, si hay, para indexar las noticias. ¿Es eso un fragmento no significativo? Entendemos que sí. ¿Y en el caso de Menéame? Los usuarios pueden introducir titular y descripción propia. Si la descripción no la copian, ¿es fragmento significativo?

Pero sigamos. ¿Dónde se publican estos «fragmentos no significativos de contenidos» susceptibles de cobrar la tasa en cuestión? «Divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento». ¿Qué es un «sitio web de actualización periódica»? ¿Se incluyen, por ejemplo, los blogs personales o los blogs comerciales como el nuestro?

Seguimos leyendo: «no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa«. ¿De qué compensación estamos hablando? ¿Cómo se estimará o calculará la tasa que Google News y compañía tendrán que pagar a las «publicaciones de divulgación periódica» por hacerse eco de sus «fragmentos no significativos de contenidos»?

Lo que viene a continuación todavía lo lía más: «Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual». Sobre lo de la irrenunciabilidad del derecho hablaremos en detalle en el siguiente punto, pero ¿qué entidades de gestión? ¿Podrán los bloggers si finalmente están afectados elegir su propia entidad? ¿Formar la suya propia? ¿O será CEDRO quien se encargue de todo (cobrar y repartir), como se dijo en su día?

Fijaos hasta qué punto la ley está improvisada y mal redactada que el Gobierno en su día tuvo que salir a explicar, vía comunicado oficial, que las redes sociales no estarían afectadas por el nuevo Canon. Si tienes que salir ante los medios para decir a quién afecta y a quién no una nueva Ley, ¿no será que ésta está mal formulada? A destacar, por cierto, que desde AEDE en su día sí dijeronquerer que las redes sociales pasasen por caja.

Consecuencia nº2: cobrarás u otros cobrarán por ti

Cuando algunos editores de Bélgica se unieron para protestar contra Google News porque supuestamente les perjudicaba que se indexaran allí sus contenidos, Google tomó la decisión más simple: si dicen que les molesta que les incluyamos, pues les dejamos fuera y listo. Al final, los editores belgas vieron que perdían más que ganaban sin estar en Google News y pidieron a Googlevolver a figurar en su portal de noticias. Con lo que propone la reforma española de la LPI, esto no sería posible.

Para evitar que suceda esto mismo, en la ley se establece la irrenunciabilidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un blog y Google News te indexa una noticia, la entidad de gestión encargada de este asunto cobrará a Google por ello. «Pero yo no quiero cobrar, a mí me beneficia que me enlacen», seguramente estés pensando. Da igual: la entidad de gestión cobrará tu parte sí o sí. Que luego la quieras reclamar o no es cosa tuya.

“Tienes derecho a cobrar, no puedes renunciar a ello, pero ya te lo administro yo…”, entendiendo «yo» por CEDRO o la entidad que corresponda. Así resume @JulioAlonso cómo funciona lo del «derecho irrenunciable»

Hace unos días, y por una protesta similar, Google News anunció que en Alemania dejaría de mostrar la descripción y la fotografía de algunos medios que exigían un Canon similar al AEDE. En su lugar, mostraría simplemente el titular enlazado, con lo que dichos editores ya no se podrían quejar (a fin de cuentas, si se quejan porque figura el titular, ¿por qué no quejarse de salir en Google Search? No son tontos). De nuevo esta medida selectiva no sería posible aquí porque en España todos los medios están, lo quieran o no, afectados por la tasa en cuestión.

Consecuencia nº3: las licencias Creative Commons no servirán

«Pero mis contenidos son Creative Commons…» Sí, los nuestros también, pero en la Ley propuestano se contempla ninguna excepción para contenidos con este tipo de licencia. David Maeztu, abogado especialista en nuevas tecnologías, lo explicaba de la siguiente forma en su blog:

Y es un derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, por lo que aunque uses una licencia Creative Commons el sitio que te agrega tendrá que pagar a la entidad de gestión en tu nombre. Es decir, la entidad de gestión que actúe para el pago de estos derechos, lo hará en tu nombre aunque no estés asociado y lógicamente, al no estar asociado no te pagará nada y lo repartirá entre sus otros socios.

Consecuencia nº4: AEDE y compañía, los grandes beneficiados

A falta de conocer cómo será la tasa y cómo se repartirá esta entre las «webs de actualización periódica» afectadas, parece que nos podríamos encontrar ante una estructura similar a la que sigue SGAE: los más grandes en lo que a audiencia se refiere cobrarán más y los más pequeños no verán ni un duro. Eso sí, los agregadores seguirán teniendo que pagar por ellos igual.

En una entrevista a José Gabriel González, director de AEDE, éste llegó a reconocer haber mantenido negociaciones con Google pero dichas negociaciones se rompieron cuando el buscador les pidió que parasen la vía regulatoria. AEDE se negó: «La vía regulatoria no la abandonamos porque es una vía que pasa, y una vez que pase el tren ya no tenemos opción, ya que el Gobierno no va a hacer otra ley para nosotros”.

 

Para el director de AEDE, es raro que no todo el mundo quiera cobrar

¿Y los que no queremos cobrar y estamos encantados de que Google News indexe gratis nuestros contenidos? José Gabriel González también tuvo palabras para nosotros: “Me cuesta cada vez más creer, con la crisis que hay, que la gente renuncie a ingresos, ¿no? Probablemente es que tengan otros intereses cruzados que no conocemos. Sería bueno que los explicaran”.

 

Eso sí, no todas las asociaciones de medios están de acuerdo con esta medida. La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) se ha mostrado contraria a la legislación propuesta. La Coalición ProInternet es una asociación que surgió tras el anuncio del Canon AEDE y de la que WeblogsSL es miembro junto a otros como Eldiario.es, Google, Menéame, 20minutos y compañía. Mientras tanto, los miembros de AEDE celebran la aprobación.

Consecuencia nº5: ¿adiós a los agregadores en España?

Lógicamente, los agregadores no quieren pasar por caja simplemente por «agregar» contenido. En el caso de Google News, ayer se filtró que, después de una reunión con la Administración, medios y otros agregadores, el portal de noticias del gigante buscador no descartó cerrar Google News España si se aprobaba el Canon AEDE como tal.

En el caso de Meneame, y desde el anuncio de esta tasa, los usuarios han establecido su propio boicot a medios AEDE, pero esto no salvaría a su servicio de la quema (recordemos lo de carácter irrenunciable). ¿Qué opciones valoran? Según explicaron en su día, o bien bloquear todos los medios españoles, o irse de España o cerrar.

Consecuencia nº6: perdemos todos

¿Y al final quién sale perdiendo de todo esto? Para variar, los de siempre: los usuarios. Si tienes un blog y no limitan el alcance de lo que supone una «publicación periódica», otros cobrarán de los que agreguen tus contenidos. Consecuencia: no se agregarán tus contenidos. Y si simplemente eres un internauta al que le gusta informarse más allá de los portales de medios tradicionales, la subsistencia de estos medios online podría ponerse en entredicho si pierden las visitas que les generan los agregadores. Y todo por contentar a una minoría que, con la llegada de Internet, se agarra a cualquier clavo ardiendo para conseguir lo que no han conseguido con su estrategia digital: cobrar más dinero.

 

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La tasa Google se ha impuesto en España sin consentimiento de Europa

Artículo de ADSLZone

UPyD ha sacado la cara por los editores ajenos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y en contra de la tasa Google emitiendo un comunicado a la Comisión Europea, y dando a conocer que la modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual se hizo a espaldas del organismo europeo.

congreso

La “tasa Google” o “canon AEDE” incluido en el proyecto de ley de propiedad intelectual del equipo de Rajoy no fue notificado por el Ministerio de Exteriores, que estableció contacto con la Comisión Europea por última vez, en este sentido, tiempo antes, concretamente en mayo del pasado año 2013. En este momento -mayo de 2013- la tasa Google no había sido aún incluida en la ley y posteriormente no se ha notificado nada al respecto, por lo que es evidente que se ha evitado informar a Europa.

Beatriz Becerra, eurodiputada de UPyD, ha sido la encargada de poner fin a esta situación que el Gobierno ha generado con respecto a Europa. Para ello han cuestionado a la Comisión Europea acerca de las medidas que se tomarán dadas las “modificaciones significativas” que se han aplicado al proyecto de ley de propiedad intelectual. Esta comunicación emitida por Unión Progreso y Democracia, además, deberá ser respondida en menos de dos semanas, puesto que tiene carácter de “prioritaria”.

Según el comunicado de UPyD, la llamada tasa Google supondría una infracción por parte de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. Por otra parte, Analistas Financieros Internacionales -Afi- ya señalaron con anterioridad que el impacto económico de la imposición del canon AEDE o tasa Google sería de 1.133 millones de euros en contra de los usuarios de Internet a nivel nacional, todo ello añadiendo que tendrían lugar procesos de deslocalización de actividad y empleo, por lo que el impacto alcanzaría una dimensión verdaderamente negativa para la economía.

Así, en un plazo no superior a dos semanas se podrá conocer la posición de Europa con respecto a la imposición de la tasa Google, lo que podría suponer un aporte de luz sobre una situación que antes incluso de ponerse en marcha está suponiendo graves problemas para medios de comunicación digitales y editores al cargo de los mismos.

FuenteEl Diario

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Internautas y Usuarios proponen soluciones definitivas al Canon Digital

La solución propuesta pasa por que el Canon por copia privada se aplique directamente sobre la obra original y por la eliminación del articulo 32.2.

La plataforma, que cuenta con el apoyo de tres millones de ciudadanos, se opone al recorte de libertades en internet que plantea la reforma de la LPI que en estos momentos se está debatiendo en el Senado

El Supremo cuestiona, a instancias de las entidades de gestión, la solución propuesta en la ley de cargar el Canon a los presupuestos. El Partido Popular prometió cambiar el sistema de gestión del Canon por copia privada

18 septiembre de 2014 Las asociaciones de Internautas (internatutas.org) y de Usuarios de Internet (aui.es) le recuerdan al gobierno sus compromisos electorales y la oportunidad de rectificar los errores cometidos en la tramitación de la reforma de la LPI que se va a votar estos días en el Senado.

Las enmiendas registradas por las Asociaciones piden que el canon por copia privada se aplique a la obra original ya que es necesario que la obra se adquiera legalmente para poder ser copiada. De esta forma paga el Canon quien adquiere el derecho y lo cobra íntegramente el autor que tiene libertad para fijar el canon que quiera aplicar a cada una de sus obras y sin la necesidad de organizaciones intermedias que son las autenticas beneficiarias del Canon tal y como lo conocemos en el pasado.

“Resulta sorprendente que el gobierno se empeñe en aprobar una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual cuando la Unión Europea está debatiendo una directiva en esta materia y proponiendo la creación de un mercado digital único. Todavía nos sorprende más que esta incluya dos Cánones Digitales y qué quien lo proponga sea el Partido Popular cuyo programa electoral recogía expresamente la eliminación de los mismos y la búsqueda de formulas alternativas” declaro Pérez Subías Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

En palabras de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, “La cesión de impuestos a entidades privadas es una práctica de otros tiempos que antepone el interés privado al interés general y que lejos de ayudar a los creadores de contenidos los limita, frena la innovación y no resuelve la situación de una industria, la de los contenidos, sumida en un profundo proceso de reconversión.”

La plataforma todoscontraelcanon.org está compuesta por 34 organizaciones. Desde su creación en contra del Canon Digital ha recogido 1.004.209 firmas Individuales; 4.368 firmas Colectivas que representan a 1.162.815 ciudadanos y 29 Ayuntamientos que representan a 1.286.910 ciudadanos que aprobaron su oposición al mismo en Plenos municipales

¿Quieres saber qué enmiendas se han registrado en el Senado? Haz click aquí

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El Tribunal Supremo consulta a la UE si el canon que se propone en la nueva LPI es legal

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue de polémica en polémica. Si recordais, ya en varias ocasiones hemos comentado por aquí cómo casi todos, incluyendo usuarios y asociaciones gestoras de los derechos de autor, hanmostrado su desacuerdo con el texto propuesto. A pesar de todo, fue aprobada de urgencia en el Congreso. Ahora, y en plena tramitación en el Senado, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por tres entidades de gestión y ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la UE.

María González Gembeta.com.- En concreto, el Supremo realiza dos cuestiones relativas al sistema de compensación equitativa por copia privada (el «canon» de toda la vida, no confundir con el Canon AEDE que es otra cosa), que en la reforma de la LPI pasa a sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Significa esto que la aprobación de la ley está paralizada o suspendida, como afirman algunos medios? A falta de tener más detalles, no exactamente.

De momento no se ha paralizado la aprobación de la Ley, sino que lo más seguro es que dejen fuera la parte referente al «canon»

Desde Genbeta hemos podido hablar con David Maeztu, abogado especialista en TIC y autor de Del derecho y las normas. Según nos explica David, y dado que el plazo para enmiendas en el Senado se ampliaba ayer justo hasta el 31 de octubre, lo más probable es que introduzcan una enmienda que elimine toda referencia al canon por copia privada a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE responda a la consulta realizada por el Tribunal Supremo. El resto de la reforma, en principio, seguirá adelante.

Volviendo al canon, las preguntas que ha hecho el Tribunal Supremo a la UE son, según El Confidencial, las siguientes:

A – «¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?». 

B – «Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»

En esencia, la cuestión es si el canon puede sufragarse con dinero de todos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de que sean los propios usuarios que hacen las copias privadas los que paguen una tasa por ello. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que decidir en qué acaba el polémico canon

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Los internautas de ‘Todos contra el canon’ reclaman en el Senado la eliminación del canon digital

Artículo de 20 minutos

Los internautas españoles integrados en la plataforma «todoscontraelcanon» han presentado en el Senado un escrito con enmiendas al Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual, en el que proponen la eliminación de la compensación derivada del uso de enlaces en internet y de la copia privada. «El enlace no produce ningún perjuicio, todo lo contrario; al que se cita se le beneficia y además se constriñe un derecho fundamental, que es crear un contenido y dejarlo a disposición gratuita, lo que a su vez supone eliminar las licencias Creative Commons», ha justificado Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, sobre la llamada tasa Google.

Canon digital

 

Se pide eliminar el canon por copia privada o aplicarlo sobre la obra que lo genera Pérez ha presentado su escrito en el Senado junto a Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación de Internautas, en representación de las 34 organizaciones que conforman la mencionada plataforma y que cuenta en esta iniciativa con el respaldo de más de un millón de firmas de ciudadanos, más de 4.000 organizaciones y 29 ayuntamientos.

De acuerdo con la reformulación de la Ley de Propiedad Intelectual, el uso de enlaces en internet «con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor (…) a percibir una compensación equitativa» e «irrenunciable», añade, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

Lee aquí el artículo completo

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Internautas y editores de publicaciones periódicas pedirán a los grupos la supresión de la ‘tasa Google’

Artículo de EuropaPress

Varias asociaciones de internautas y editores españoles, así como representantes del sector digital, han acordado este lunes enviar una serie de enmiendas a los grupos políticos para que debatir durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Senado, entre las que se incluye la supresión del artículo que contempla la ‘tasa Google’ para los editores.

Este es uno de los acuerdos a los que han llegado los participantes en una reunión en el Senado para debatir sobre la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) antes de su tramitación en esta cámara. Además, han aprobado proponer otras cuatro enmiendas, entre las que se incluye la petición de veto para toda la ley.

En caso de que no prosperen ninguna de estas dos opciones, los representantes de estas asociaciones también solicitarán la eliminación de la ‘irrenunciabilidad’ de los editores a la ‘tasa Google’ y la supresión del canon digital, tal y como contemplaba el PP en su programa electoral.

Al acto en el Senado han acudido Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI); Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI); Ignasi Labastida de Creative Commons; Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Arsenio Escolar, presidente de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEPP).

Además, también ha participado el senador socialista Domingo Fuentes, quien ha adelantado que su grupo pedirá un aplazamiento del plazo de presentación de enmiendas, que se cerrará en un principio el próximo jueves.

En cualquier caso, según Fuentes, el grupo socialista mantendrá «la misma posición» contraria a la ley que durante su tramitación en el Congreso, y previsiblemente pedirá también un veto. Además, en caso de no salir adelante, propondrá enmiendas que versarán sobre los derechos de los periodistas y fotógrafos en torno a la ‘tasa Google’.

En este sentido, propondrá que los beneficios económicos que la ‘tasa Google’ va a proporcionar a los editores se extiendan también a los periodistas que elaboran esas informaciones y a los fotógrafos de prensa.

 

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