Esas fueron las palabras exactas que dijo el director de El Mundo a uno de los miembros de la Coalición ProInternet:
Pregunta: ¿Qué le parece el ‘canon AEDE’? Según ‘El Confidencial Digital’, hay divergencia de opiniones en su diario (Víctor Sánchez del Real, @sanchezdelreal , Twitter)
Respuesta: No creo que el canon sea una solución para nuestros problemas. Es un tema que está abierto, pero asumo las decisiones de la AEDE.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha elaborado un informe en el que se muestra contraria a la inclusión en el Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de una compensación irrenunciable a favor de los editores y que deberían abonar los agregadores de noticias por el uso de fragmentos no significativos de contenidos de los primeros, postura que adigital ha venido defendiendo desde que se dio a conocer el pasado 14 de febrero la incorporación de esta medida.
Este órgano consultivo resalta que “es cuestionable que todos los editores consideren competidores directos a los agregadores de noticias, dado que los medios originales pueden ganar visitas a sus páginas a través de la agregación”. “Las cuantiosas inversiones de diversos editores de contenidos en mejorar el posicionamiento en los buscadores serían otro indicio de que, al menos para algunos editores, el agregador es complementario y no competidor”, destaca.
Por otra parte, apunta que, “el tráfico obtenido gracias a la agregación genera o puede generar otros ingresos distintos de la subscripción, principalmente publicitarios”. “No se aprecia una motivación por la que el sector público deba forzar mecanismos de determinación de dichas obligaciones económicas fuera del mercado”. Asimismo, la CNMC afirma que le consta “la existencia de editores que consideran la agregación de contenidos beneficiosa para sus intereses, o bien sus licencias de distribución contemplan la ausencia de retribución económica, por lo que, la compensación equitativa nunca debería contemplarse con un carácter irrenunciable”.
Por todo lo anterior, el superregulador recomienda un replanteamiento de la figura proyectada, y en todo caso, en caso de continuar con la medida, al menos, se recomienda modificar el carácter irrenunciable de la compensación y eliminar la reserva de actividad que se concede a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Me pregunto si la nueva Ley de Propiedad Intelectual –y su Canon AEDE– son una medida fascista.
Intentaré argumentar mi duda:
Estamos ante una ley que limita el derecho de cita breve. Lo hace sólo para algunos lugares. Exactamente sólo uno: internet. Lo hace sin tapujos: para citar tienes que pagar. Para conversar hace falta citar. Si no pagas, cállate o cierra.
La futura Ley de Propiedad Intelectual limita el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Mediante recortar la libertad de expresión en la Red, la LPI desarticula la esencia de internet: la posibilidad de conversar para organizarnos.
Organizarnos colectivamente es uno de los motivos por los que surgió la Red.
Uno de los padres de internet, Douglas Engelbart, quería una red que sirviese para solucionar problemas mediante organización e inteligencia. Dijo:
«La clave de todos los grandes problemas del mundo es que tienen que ser tratados de forma colectiva. Si no conseguimos ser colectivamente inteligentes, estamos condenados» .
Es imposible que podamos ser colectivamente inteligentes si no conversamos. No podemos conversar sin citar fuentes.
El Canon AEDE hará inviables miles de conversaciones que hoy existen en internet. Le pusieron peaje a las versiones modernas del ágora griego y del foro romano. Esos lugares son el germen de nuestras democracias.
¿Cómo puede suceder algo así en un estado democrático? ¿Quién puede impulsar la nueva LPI? ¿Los liberales, o los progresistas?:
La nueva Ley de Propiedad Intelectual, ¿Es una ley liberal? No. Ningún liberal haría nada contra las leyes de mercado. Jamás querría una economía dirigista.
La nueva LPI, ¿Es una ley progresista? Tampoco. Nadie progresista impondría un peaje irrenunciable a las conversaciones. Tampoco querría un corporativismo estatal totalitario.
La nueva Ley de Propiedad Intelectual no es liberal ni progresista.
Sólo puede proponerla alguien que pretenda instaurar «un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigitsta»
Y esa es, exactamente, la primera frase que podemos leer en la Wikipedia para definir el fascismo. La repito completa: «El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista».
Hasta ahora no pude ver de otra manera el Canon AEDE.
Ningún medio de AEDE se ha pronunciado contra el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Aunque signifique recortar el derecho fundamental a la libertad de expresión, tan necesario para su trabajo. Lejos de eso, colaron su Canon en el último momento, ejerciendo presiones lobistas, saltándose asociaciones que participaron en la elaboración del resto de la LPI. Ahora se niegan a escucharles. ¿no es eso corporativismo estatal totalitario?
En cuanto a Menéame, dijeron algo: que es una anécdota el boicot de sus usuarios a los medios de AEDE. Que no les afecta. Que
no notaron nada.
Puede que sus expertos en big data les digan que Menéame no tiene ninguna importancia. Vale, aceptamos eso.
Pero:
¿Quien es capaz de analizar el conocimiento en vez de la cifra? ¿Alguien observó cómo en Menéame tratamos los problemas del mundo de forma colectiva? ¿Tienen en AEDE competencias digitales suficientes, para la sociedad de la información y el conocimiento, que les permita valorarlo más allá de «perder un puñado de visitas»?
Las cifras no son siempre la clave cuando hablamos de conocimiento. Douglas Engelbart era sólo uno y su equipo pequeño, pero fue una de las personas más influyentes sobre la informática que conocemos hoy. Impulsó una red que es el nuevo ágora griego, el nuevo foro romano, donde las personas conversamos para organizarnos, o «estaremos condenados».
En este momento, parece que estamos condenados a perder derechos fundamentales.
Por eso, en Menéame seguiremos trabajando para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Nos opondremos, organizándonos mediante la Red, a que corporativismos estatales totalitarios y economías dirigistas nos condenen.
Esto puede ser una debacle en el sector de las comunicaciones en Internet y nos haría retroceder muchos años, otra vez. Afectará a empresas de todo tipo, no sólo a publicaciones, ya que empresas dedicadas al marketing online hacen subir la reputación y los beneficios de sus clientes basándose en la difusión de enlaces a contenidos. Para esta difusión se emplean redes sociales como Facebook o Twitter, que también se verían afectadas. Por tanto, la pérdida la sufrirá desde el periódico más grande, que verá como le cobran por mantener su web hasta la PYME más pequeña que sólo quiere darse a conocer a través del marketing de contenidos en Internet. Es una iniciativa intolerable y, buena cuenta de ello es que están surgiendo multitud de asociaciones de repulsa al canon AEDE, a sabiendas de su carácter retrógrado y ventajista para unos pocos.
MADRID, 03 de JUNIO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
El organismo regulador publica su Propuesta sobre la modificación del Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual. Señala que a dicha tasa se debería eliminar su carácter irrenunciable y modificar el derecho de las sociedades de gestión de la propiedad intelectual a recaudar dichas compensaciones
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha aprobado el Informe Propuesta (PRO) relativo a la modificación introducida en el art. 32.2 del Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. La CNMC analiza las implicaciones de dicha modificación desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente y recomienda un replanteamiento de la figura proyectada.
La inclusión de este apartado en el Proyecto de Ley se produjo con posterioridad a que la Autoridad de Competencia española aprobara y publicara el IPN 102/13 relativo al Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho a la compensación equitativa.
El citado artículo incluye un nuevo apartado que contempla el derecho irrenunciable de editores y de otros titulares de derechos a percibir una «compensación equitativa» ante la puesta a disposición del público, por parte de los prestadores de servicios de agregación de contenidos, de contenidos o fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento. Este derecho sería irrenunciable y se haría efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
Según la CNMC, la medida genera diversos impactos en las condiciones de competencia efectiva y la regulación económica eficiente. En este sentido, en su Reproducción permitida solo si se cita la fuente.
En este sentido es su informe, la CNMC efectúa las siguientes observaciones:
– El principal motivo que se señala para justificar la «compensación equitativa» hace referencia a la competencia directa que se produciría entre el sitio original y los prestadores de servicios de agregación de noticias o, en su caso, empresas de press-clipping, en el acceso a determinada información sin compartir el agregador los costes que este esfuerzo creativo llevaría aparejado.
No obstante, resulta cuestionable i) la existencia de dicha competencia directa, ii) la necesidad de que exista una compensación e incluso iii) la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.
Por otro lado, La exigencia de esa nueva “compensación equitativa” erigiría una barrera al acceso que no han tenido los agregadores actuales, ya consolidados y, paralelamente, desincentivaría el acceso al mercado de nuevos prestadores este tipo de servicios.
También se indica que El Proyecto de Ley obliga además a que la «compensación equitativa» se realice a través de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que constituiría una reserva de actividad en favor de estas entidades, sin que se expliquen debidamente las motivaciones.
Por ello la CNMC en su informe realiza las siguientes recomendaciones:
En primer lugar, solicita replantear la figura proyectada con un análisis en profundidad de la normativa que permita reducir los posibles impactos negativos de dicha regulación.
Además, si se decidiese continuar con la medida, al menos se recomienda i) modificar el carácter irrenunciable de la compensación y ii) eliminar la reserva de actividad que se concede a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Hay que recordar que La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a iniciativa propia, en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se puede acceder al informe en este archivo: http://goo.gl/CqSxa
Ayer estuvimos invitados al programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio donde se dijeron cosas muy interesantes sobre el #CanonAEDE.
Escucha aquí la entrevista completa a partir del minuto 35:
Después de un tiempo, la llamada ‘tasa Google’ vuelve a estar de actualidad. Hace unas semanas le había comentado a Jesús (más que nada por su interés en la propiedad intelectual) que podría ser un tema interesante para el blog, y ahora el informe que la CNMC acaba de publicar sobre la cuestión me da una buena oportunidad para dar mi punto de vista. Aunque no lo pueda parecer a primera vista, es un ejemplo que ilustra bien los riesgos que para el ciudadano común puede tener la excesiva connivencia entre poder público y privado. Se trata de un asunto clave para el desarrollo económico y que se ha abordado a menudo y desde diferentes perspectivas en el blog.
Cuando un sector está en crisis, o se ve amenazado por el cambio tecnológico, intentará buscar protección en los poderes públicos. Si tiene la suficiente capacidad de presión o de influencia conseguirá a través de la regulación aquello que no habría conseguido compitiendo en el mercado – mantener sus ingresos y su posición. Es un comportamiento humanamente comprensible. Entiendo que los taxistas usen su capacidad de presión para detener la expansión de Uber (maravillosa aplicación que, cruzo los dedos, parece seguir funcionando estupendamente en Londres). Pero las consecuencias de esta presión sobre el ciudadano común y sobre la economía (a corto y largo plazo) solo pueden ser devastadoras.
Los medios de comunicación tradicionales en España se encuentran en una situación muy difícil, en gran medida debido a la evolución tecnológica (que permite blogs como este y proyectos periodísticos con costes mucho más ajustados que en el pasado). Por eso es natural que traten de explotar su llegada al Gobierno para convertir a Google una fuente alternativa de ingresos, de la misma manera que es natural que el Gobierno responda proponiendo la creación un ‘derecho de remuneración’ a favor de los periódicos por el uso de ‘fragmentos no significativos’ por parte de agregadores de contenidos como Google News (por mencionar al que ha acaparado toda la atención). El concepto de ‘fragmento no significativo’, hablando de todo un poco, me parece fascinante.
El problema es que el mecanismo diseñado por el Gobierno en su anteproyecto tiene difícil encaje desde un punto de vista jurídico y es directamente injustificable desde un punto de vista económico. Las experiencias alemana, belga y francesa demuestran que hacer de Google una fuente estable y permanente de ingresos es más difícil de lo que pueda parecer a simple vista. Primero porque no obliga a nadie a estar presente en su agregador. Segundo porque algunos medios digitales con gran difusión parecen no estar de acuerdo con la tasa, y así lo han expresado públicamente. Si cada medio negocia la remuneración por separado y nadie tiene la obligación de quedarse en Google News si no está contento con las condiciones, parece inevitable que la remuneración, de existir, termine siendo sustancialmente más modesta de lo esperado por los medios tradicionales. Con parecida candidez, prácticamente en estos mismos términos, lo reconocen los representantes de la AEDE (la asociación que representa los intereses de los diarios tradicionales) en un artículo publicado en El País del 28 de mayo.
¿Cuál ha sido la solución encontrada por el gobierno ante este escollo? Una parte de la solución es convertir el derecho de remuneración en ‘irrenunciable’ (el concepto de ‘derecho irrenunciable’ es si cabe aún más fascinante que el de ‘fragmento no significativo’, sobre todo teniendo en cuenta que algunos digitales se publican con licencia Creative Commons). En virtud del anteproyecto, los medios no pueden rechazar solicitar una remuneración por aparecer en Google News (o que alguien la solicite en su nombre), por mucho que quieran. La otra parte consiste en centralizar la negociación a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Lo que el Gobierno parece perseguir, a la luz de la disposición, es que una entidad de gestión negocie la remuneración en nombre de todos los medios.
La Coalición ProInternet quiere expresar su desacuerdo con los exabruptos vertidos, en reiteradas ocasiones por el director general de AEDE, a cuenta del Canon que reclama, esa asociación de diarios, para imponer a empresas y ciudadanos.
Este tipo de actitudes hacen muy difícil el diálogo.
Un diálogo con todas las partes implicadas, al que llamamos desde la Coalición, para resolver los problemas surgidos con la tramitación de las modificaciones de la LPI y, en especial, de su artículo 32.2 cuya retirada reclaman las empresas, entidades y más de 75.000 ciudadanos, hasta el momento.
Creemos que los grupos políticos y los medios de comunicación tienen que propiciar ese diálogo y articular los mecanismos para que se haga oír la voz de todos los afectados, sin recurrir a descalificaciones ni exclusiones.
