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Monthly Archives: junio 2014

Izquierda Plural rechazará la tasa Google con una enmienda en el Congreso

junio 26, 2014 No Comments

Publicado en ElDiario.es

Izquierda Unida, ICV y CHA, coordinados por el diputado Chesús Yuste, presentarán una enmienda contra el canon AEDE

Al igual que en la sentencia Svensson del Tribunal de Justicia Europea, consideran dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas con el correspondiente enlace a la web original sea contrario a los derechos de autor

El diputado de Chunta Aragonesista se despide del Congreso para dejar paso a IU de Aragón
Chesus Yuste, diputado de Chunta Aragonesista

Tras mantener varias reuniones con distintos colectivos, los diputados de los partidos que forman el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso, en este caso coordinados por Chesús Yuste, han acordado finalmentepresentar una enmienda de supresión del apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula lo que se ha conocido como tasa Google o canon AEDE. La nueva ley otorga a las empresas editoras el derecho a ser compensadas económicamente por los agregadores de noticias en internet. Este proyecto de ley se encuentra en tramitación actualmente en el Congreso y el plazo de enmiendas expira el martes 1 de julio.

Chesús Yuste, diputado de Chunta Aragonesista (CHA) explica a eldiario.es que llevan meses reuniéndose con “todo el mundo”, empezando por AEDE, la Asociación de Diarios Españoles (privada) que será la encargada de recaudar esta tasa. También con el Foro de Organización de Periodistas, la Coalición Prointernet, (que agrupa a varias asociaciones de editores digitales y medios) y también las agencias de gestión de los derechos de autor.

Yuste dice que tenían la sensación de que la posición de su grupo no había quedado del todo clara, en parte porque el tema no ha sido bien cubierto por los grandes medios, y por eso ven necesario hacer más explícito el rechazo a esta ley, concretamente al apartado 2 del artículo 32. La enmienda responde al argumento de que “resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la recientesentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12”.

También mencionan que “independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que se podría terminar cobrando a plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales, algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del conocimiento.”

¿Por qué el Gobierno sigue adelante con esta ley? Yuste comenta que “el Gobierno aparentemente se ha querido apuntar un tanto yendo en contra de compañías que no tributan en España pero creo que no sólo no le ha salido, sino que además ha sacado una ley que puede poner en riesgo algo que valoramos mucho y que es la existencia de plataformas comunitarias donde pueden compartirse ideas”.

Por lo cual, desde Izquierda Plural animan “al Gobierno a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.”

El rechazo del grupo de la Izquierda Plural se suma así al de otros colectivos. Editores digitales, medios ( entre los que se encuentra eldiario.es) y empresas se han manifestado contrarios a una tasa que tiene el carácter de “derecho irrenunciable” y que obligaría a empresas nacionales como Menéame, a cerrar en España, poniendo además en riesgo el derecho a cita con el que es posible hacer periodismo.

También CCOO y UGT manifestaron su oposición y preocupación por una ley que mueve un 4% del PIB y cuya modificación se ha llevado adelante sin el consenso de todos los sectores. El consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por su parte, ha emitido un informe en el que “cuestiona que los servicios de agregación de contenidos deban ofrecer una “compensación equitativa” a los editores de publicaciones periódicas o de sitios web de información”.

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El peligroso ejemplo de España y AEDE

junio 24, 2014 No Comments

Publicado en TEKNLIFE

 twitter@davidsalcestup

Hay un término, común en México pero casi desconocido en España, que curiosamente llevamos a sangre y a fuego en nuestro carácter muchos de los hijos de la madre patria. La palabra a la que me refiero es  malinche y, según su definición de la RAE, se refiere a todo aquel que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Su origen viene de Malinalli Tenépatl, primero esclava y luego amante de Hernán Cortés, apodada malinche y que, por su actitud con los españoles con respecto a los habitantes autóctonos, dio lugar al término que, a día de hoy, podemos calificar como antónimo de chovinismo. El caso es que, sea por la falta de oportunidades o por nuestromalincheismo, tendemos a pensar que no exportamos nada (como mucho, talento, pero no frutos del mismo), pero eso no es así. El problema es que, igual que en ocasiones compartimos nuestro genio con el resto del mundo (el sumergible de Isaac Peral, el Autogiro de Ricardo de la Cierva o el Arcamuz, por poner sólo tres ejemplos), a veces también exportamos malas ideas. Y este es el caso de l os editores de prensa alemanes, que buscan un canon similar al obtenido por ley por los españoles. Hablamos, claro, de la polémica  Tasa Google por los contenidos agregados en Google News.

En concreto,  los editores alemanes pretenden que Google comparta con ellos el 11% de los beneficios que obtiene gracias a mostrar sus contenidos en los resultados de búsqueda de Google News. Y, para ello, se apoyan en la Leistungsschutzrecht für Presseverleger, una parte de la ley aprobada por gobierno federal alemán en 2013 y cuya función, al menos en su declaración de intenciones, es proteger los intereses de los editores de prensa frente a los riesgos que supone Internet. Apoyándose en dicho marco legal, doce editores alemanes, encabezados por Axel Springer (la principal editorial europea y una de las más grandes del mundo) y Burda (Focus), han iniciado lasacciones necesarias para conseguir lo mismo que se plantea en España con el canon de AEDE, la llamada Tasa Google.

El primer problema surge, claro, con el cálculo del total sobre el que aplicar ese 11% al que, según su cuestionable criterio, tienen derecho los editores. Google News, el servicio de indexación de noticias de Google no muestra publicidad entre sus resultados, por lo que el modelo de participar en los beneficios hace necesario, para empezar, cuantificar los beneficios económicos indirectos que dicho servicio le reporta a Google, ya sea por el volumen de tráfico que gestiona, como por la información sobre cada usuario que es capaz de obtener gracias a sus hábitos de navegación y de búsqueda de información.

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Google, que ya se ha enfrentado a los editores en otros países de Europa, recuerda que la presencia de un medio en Google News es opcional, y que con una sencilla operación técnica el buscador puede dejar de mostrar los contenidos de un medio en sus resultados de News. Hace algunos años, en Bélgica, y por un conflicto similar, Google eliminó de los resultados a los principales diarios del país. Estos tardaron poco tiempo en comprobar que, efectivamente, el volumen de tráfico que les ofrece esta empresa es un importante valor, por lo que pidieron volver a aparecer en los resultados de búsqueda. Ahora, el objetivo de los medios es más perverso: quieren que Google sea una de sus principales vías de tráfico, pero que además les pague por el tráfico que les genera. Es como si, por ejemplo, la cafetería a la que voy todas las mañanas me cobrara un suplemento cada vez que les envío a alguien que me `pregunta dónde tomar un café por la zona.

Hay quienes defienden la increíble complejidad técnica de calcular el beneficio económico que obtiene Google, de media, por cada enlace mostrado en Google News. Sin embargo, lo mejor es que no seamos inocentes: Google es una gran corporación, con las ideas muy claras y las cuentas todavía más, y a buen seguro que en sus oficinas hace ya mucho tiempo que barajan un cálculo estimado de dicho beneficio. Sin embargo, ¿qué ocurre si el producto, en sí mismo, es deficitario, y se mantiene por Google por su valor estratégico en su cartera de servicios? Esta posibilidad no es tan remota, son muchos los servicios online que, pese a su éxito, pierden dinero año tras año o, para ser más exactos, no ingresan tanto como gastan. ¿Y si fuera el caso de Google News? ¿Cubrirían los editores alemanes (o los españoles, llegado el caso) el 11% de las pérdidas que el servicio le pudiera generar a Google?

¿Y en caso de que Google optara por “expulsar” del servicio a aquellos medios que pretenden cobrar por estar en el mismo? ¿Qué ocurriría entonces? En primer lugar, claro, los que permanecieran en el servicio serían los grandes beneficiados, pero seguro que los excluidos tardarían poco tiempo en pedir volver a aparecer en los resultados, pero ¿exigirían aparecer en los mismos y, además, cobrar por ello? Es decir, ¿podrían exigir tráfico y dinero al buscador? Sí, puede sonar un tanto forzado… más o menos como que la cafetería me cobre por enviarle clientes. El problema, claro, es que haya gobiernos y políticos dispuestos a aceptar esta distorsión tan flagrante de las condiciones de juego limpio en el mercado. Imponer algo así es tan bárbaro que, sin duda, no pasaría ni un sólo análisis de higiene básica.

Está claro que la situación de los medios de comunicación o, para ser más exactos, una parte de los grandes grupos de comunicación del siglo pasado, se enfrentan a muy duros problemas para sobrevivir. Sin embargo, y pese a la creciente opinión de que la red es parte del problema, en realidad Internet es una bendición para el periodismo. Y aunque el gigante de las búsquedas tenga sus luces y sus sombras, es innegable el efecto positivo que Google News supone para los medios online. Por eso, pretender que quien te está llevando usuarios, además tenga que pagarte por ello, es tan absurdo como que mi cafetería de todos los días empiece a exigirme un pago cada vez que se la recomiendo a mis amigos. Yo, si me viera en esa situación, dejaría de recomendar esa cafetería, probablemente también dejaría de ir yo mismo y, seguro, encontraría otro bar que agradecería tanto mi presencia como la de mis amigos. Aunque, bueno, ya decía que es un planteamiento ridículo. En realidad, en mi cafetería de referencia tengo un descuento permanente (del 10%) y, si voy con amigos, el descuento se hace extensivo a ellos. Pero claro, ¿qué pueden aprender los grandes grupos editoriales alemanes de una cafetería y su relación conmigo? Pues, perdón por la inmodestia, pero creo que más de lo que les enseña el erróneo modelo del canon de AEDE. El problema es que me temo que los cantos de sirena de un montón de dinero fácil, y que no haga imprescindible adaptarse al presente son tan atractivos a corto plazo, como destructivos al final.

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El Gobierno estudia retirar la reforma de la Propiedad Intelectual tras la falta de apoyo

junio 23, 2014 No Comments

El punto más polémico de la reforma se encuentra en la Tasa Google, criticada duramente por la CEOE y Competencia. El Gobierno estudia retirarla por temor a la Unión Europea, que presentará en 2015 una nueva política comunitaria europea, pudiendo llegar a regular en contra de ella.

Quique Hombrados / 21 junio 2014

Tras la falta de apoyo tanto de los partidos políticos como las críticas levantadas por parte de algunas instituciones, la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual anunciada por el Gobierno el pasado mes de febrero podría llegar a no ver la luz.
Ahora, el Gobierno ha vuelto a retrasar hasta el 24 de junio el plazo a las enmiendas parciales que pueden presentar los partidos de la oposición. Desde su debate el pasado mes de abril, el Ejecutivo español ha ido aplazando las enmiendas semana tras semana.
La reforma no cuenta con el apoyo de los partidos políticos ni de la CEOE ni de Competencia
Este retraso podría ocasionar que la ley no se llegue aprobar, puesto que no sería hasta otoño cuando sería llevado al Congreso para su debate. En caso de ser aprobada, su entrada en vigor no tendría lugar hasta 2015, año de las elecciones generales.
En un intento de venderla como una reforma que contaba con la colaboración del sector cultural y de las entidades de derechos, el Gobierno estudia retirarla tras la polémica levantada. Las primeras críticas llegaron desde la oposición. Las enmiendas a la ley que presentaron el pasado mes de abril el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur fueron rechazadas con los votos del PP. Esto supuso una “demostración más del fracaso del Gobierno en materia de cultura”, según añadió en su momento el diputado de Izquierda Plural, Chesús Yuste.
La UE podría tumbar la ley si regula en contra
Pero las críticas no solo llegaron desde los partidos que componen el arco parlamentario. LaCEOE criticó con dureza la Tasa Google, el canon que obliga a los agregadores comoGoogle News o Yahoo News a pagar una compensación a los editores por enlazar sus contenidos. “Pagar por enlazar o por ofrecer fragmentos es obstaculizar al desarrollo de Internet. Se advierte desde ya un grave daño al desarrollo de la sociedad de la información y las empresas (…)  toda vez que el enlazar y ofrecer fragmentos de contenidos forma parte de la naturaleza”, afirmaba la patronal de empresarios en un comunicado.
La siguiente en subirse al carro de las críticas fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien recomendó modificar la Tasa Google pidiendo al Gobierno que al menos no sea “irrenunciable”. Además, el organismo cuestiona que editores y agregadores sean “competidores directos”, dado que la labor que ejercen ambos es diferente. “En este sentido, las cuantiosas inversiones de diversos editores de contenidos en mejorar el posicionamiento en los buscadores serían otro indicio de que, al menos para algunos editores, el agregador es complementario y no competidor de su producto o servicio”, señaló la CNMC en un comunicado.

Europa tiene la última palabra

 
Otro de los impedimentos vienen desde la propia Unión Europea. El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Juan de Dios Ruano, señaló que esta reforma sería “parcial” puesto que se está pendiente de las nuevas directivas europeas, que serían aprobadas el año que viene y regularía muchos aspectos de esta reforma.
“Se abordará probablemente una reforma completa en esta misma legislatura, una vez que la UE realice esa armonización legislativa en relación al concepto de copia privada”, destacó en su momento Ruano.

Si finalmente se llevase a cabo la aprobación de la reforma de la Propiedad Intelectual y Europa regulase en contra, supondría un duro varapalo para el Gobierno, que estudia no seguir adelante con ella.

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El Gobierno echa el freno a la ‘tasa Google’

junio 20, 2014 No Comments
 El PP ha retrasado de nuevo el plazo de presentación de enmiendas parciales a la ley en el Congreso hasta el 24 de junio y agota el tiempo para aprobarla antes de que acabe la legislatura

Nuevo retraso en la tramitación de la ley de Propiedad Intelectual, norma en la que el Gobierno ha incluido la polémica ‘tasa Google’, es decir, que agregadores de noticias como Google o Yahoo paguen un canon a los editores de prensa por ‘subir’ sus textos a la red. La nueva fecha para la recepción de las enmiendas parciales es el 24 de junio, lo que deja prácticamente imposible su aprobación definitiva hasta, como pronto, el otoño.

 

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“Se ha ampliado varias veces el plazo y ya aunque definitivamente se cierre el martes 24 de junio, no va a ser posible aprobarlo ahora porque ya no hay comisiones en el Congreso. Ya no hay timepo hasta después de el verano”, explica Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD y el encargado en su partido de los debates sobre esta ley.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley el viernes 14 de febrero. Como contó este confidencial, la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría impuso su criterio al ministro de Educación, José Ignacio Wert, e incluyó a última hora la ‘tasa Google’ para dar respuesta a la petición de los editores de los grandes periódicos escritos del país, agrupados en la asociación AEDE.

A partir de ahí, se abrió el plazo de enmiendas y el 10 de abril ya se debatió en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley, que fueron rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN y Foro Asturias.

Pero desde ese momento, el plazo a las enmiendas parciales se ha ido ampliando desde mayo hasta el 10 de junio, el 17 de junio y ahora, otra vez, hasta el 24 de junio.

Rechazo generalizado

Fuentes del sector apuntan a dos como los motivos por los que se está produciendo este retraso cuando los grupos que han querido presentar las enmiendas parciales ya lo han hecho, como es el caso de UPyD.

En primer lugar, el rechazo que ha tenido la ‘tasa Google’ por parte de diferentes sectores de la sociedad. Primero fue la CEOE, patronal de los empresarios, quien se opuso a que se impusiera ese canon a favor de la prensa escrita y en contra de los agregadores de noticias.

Después fue la propia CNMC, quien emitió un informe durísismo contra esta norma pidiendo que se eliminara o se limitara. Además, Competencia criticó que se hubiese añadido a última horael artículo referido a este nuevo canon digital.

Los editores de periódicos pequeños y diarios webs, liderados por 20 Minutos, también se han opuesto, además de internautas y, por supuesto, la poderosa empresa americana Google. Se han recogido más de 75.000 firmas en la plataforma Change.org pidiendo la retirada de la norma. “No esperaban este rechazo de la sociedad y no quieren aprobar la ley en el Congreso ellos solos o con el apoyo únicamente de CiU”, vaticina una fuente de los críticos.

Ley superior europea

Un segundo motivo para que el Gobierno haya echado el freno a la tramitación de esta norma es queBruselas está preparando una ley que va a regular también muchos de los aspectos que se recogen en la norma española, que luego tendrá que transponer el ejecutivo español a la legislación nacional.

“Si aprueba una norma como la tasa Google u otras de propiedad intelectual y luego la ley europea regula en contra, sería un palo gordo para el gobierno. Además, sería una norma que estaría en vigor poco tiempo si luego hay que adaptarla a la europea. Al Gobierno le conviene esperar”, asegura Martínez Gorriarán.

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EcoInteligencia editorial se une a la Coalición ProInternet

junio 18, 2014 No Comments

El grupo editorial Ecointeligencia editorial se ha unido a la Coalición ProInternet contra el #CanonAEDE o #CanonXcita.

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Ecointeligencia Editorial, SL, es una empresa especializada en proporcionar contenidos de máxima calidad a empresas, medios y profesionales.

En un momento de crisis generalizadao en los medios tradicionales de prensa, ofrecen la posibilidad de externalizar redacciones, total o parcialmente. Participan en esta empresa veteranos periodistas, diseñadores gráficos y profesionales de la comunicación y el márketing.

El rigor máximo en la información, el servicio rápido y puntual y el trato personalizado al cliente son características que los distinguen.

¿Tú también estás en contra? ¡Únete!


Medios de AEDE muestran incongruencias ante el mundo online

junio 18, 2014 No Comments

Parece ser que El Mundo se desmarca de la línea de AEDE y acepta que tras la irrupción de Internet en nuestras vidas los cambios son inevitables. El editorial de este Domingo 15 en el diario sobre la aplicación UBER lo expresa de forma bastante clara:

Internet propicia una nueva forma de hacer negocios que tiene dos características: elimina las barreras de entrada a casi todas las industrias y hace inútil la figura del intermediario. Se consigue así un abaratamiento de costes que repercute favorablemente en el ciudadano, aunque se entiende que genere rechazo desde los sectores cuya posición de privilegio es amenazada. Esos nuevos negocios no pueden convertirse en territorio pirata y el deber de las autoridades es vigilar para que no sea así, pero, como añade Kroes <<innovaciones como las aplicaciones para taxis están aquí para quedarse. Tenemos que trabajar con ellas, no contra ellas>>. Y esto porque esos negocios facilitan como nunca antes la vida al conjunto de la sociedad y generan riqueza para el país, que es por lo que deben mirar los gobiernos.”

 

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Pero la cosa no acaba aquí, en el artículo de Vicente Lozano se pueden leer frases como:

 

“… deben tener miedo los intermediarios que no se adapten a los nuevos tiempos. Muchos de ellos ya lo han hecho y compiten con éxito con las compañías de internet. “

 

“Y las autoridades deberían ser las primeras interesadas en apoyar su desarrollo con medidas legislativas y tributarias, porque es bueno para el conjunto de la sociedad. Aunque algunos nos sobrevivan al tsunami digital”

 

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¿Será que realmente no entienden los negocios digitales pero quieren mostrar su modernidad para algunos temas en sus editoriales, mientras la asociación a la que pertenecen aplica precisamente lo contrario de cara al enlace y la cita en internet?

El mismo criterio que El Mundo aplica a UBER es el que pedimos desde la coalición que aplique AEDE a Internet: Oportunidad y libertad de expresión.

 

 


‘Tasa Google’: ¿Beneficia realmente a autores y editores?

junio 17, 2014 No Comments

LUCIA SICRE

La Ley de Propiedad Intelectual que las Cortes tienen entre manos comienza a cosechar críticas no sólo por parte de los sectores afectados por su aprobación, sino también de las propias instituciones públicas. Tal es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acaba de lanzar un informe muy crítico con ciertos puntos de la norma, especialmente en lo referente a la llamada Tasa Google, introducida a última hora en el texto.

La tasa supone un importante guiño a la industria editorial: ésta tendrá derecho a cobrar una compensación de los agregadores de contenidos por el uso de fragmentos “no significativos” de sus noticias, reportajes o columnas de opinión.

Es decir, la reproducción de trozos de estos contenidos supondrá unos ingresos extra para las empresas propietarias de los derechos de autor, así como para los periodistas y quienes no hayan decido sus derechos a ninguna publicación. Se excluye la fotografía, ya que su uso siempre requiere de autorización.

Ecoley

La idea no es nueva, y otros países del entorno comunitario, como Alemania, Italia, Bélgica o Francia, cuentan con recetas similares para compensar a la industria editorial. Según manifestó en su día el ministro de Cultura, Ignacio Wert, la nueva ley “autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de la opinión pública o de entretenimiento con un derecho irrenunciable a la compensación económica”. Eso sí, el ministro dejó claro que los motores de búsqueda como Bing, Yahoo o Google no tendrán que pagar por enlazar los contenidos, ya que prestan un “servicio técnico”.

 En cuanto a la cuantía, deberán negociarlas entre ellos los agregadores y editores, pero, en caso de que no haya acuerdo, será el Ministerio quien las establezca. La negociación sobre el cuánto y el cómo se tendrá que abonar la retribución a los editores deberá resolverse en un plazo de ocho meses. Si no se llegara a un pacto, la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual fijaría la cuantía por decreto.

Una propuesta con precedentes

La CNMC ha mostrado su desacuerdo con esta fórmula, que desgrana con detalle en su informe. Según el análisis, el artículo 32 del Proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla “el derecho irrenunciable de editores y de otros titulares de derechos a percibir una “compensación equitativa” ante la puesta a disposición del público, por parte de los prestadores de servicios de agregación de contenidos, de contenidos o fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”.

Esta previsión afectaría, en principio, a empresas de agregación de contenidos así como a empresas de press-clipping que, en caso de reproducir en sus búsquedas o resúmenes contenidos de fragmentos no significativos de contenidos deberían compensar obligatoriamente a los editores. El informe recuerda además que el nuevo precepto surge después de que algunos Estados de la Unión Europea hayan procedido al establecimiento de mecanismos similares para compensar a editores u otros titulares de derechos.

En este sentido, destaca la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor alemana, que obliga a adquirir licencias de los editores de prensa germanos para difundir sus contenidos informativos, y que solo permite citas breves sin necesidad de licencia. En la misma línea, en Francia, según un acuerdo firmado entre el gobierno francés y Google, éste agregador tendrá que crear un fondo de 60 millones de euros para ayudar a la prensa francesa a agilizar la transición de lo analógico a lo digital.

Estas iniciativas se ampararían en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determina dos aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. El informe de la CNMV recuerda que el artículo 5.3 de la Directiva faculta a los Estados miembros a establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3, específicamente y entre otros, en el caso de puesta a disposición del público de artículos de prensa en determinadas circunstancias.

En este contexto, la inclusión de este apartado en el Proyecto de Ley se produjo con posterioridad a que la Autoridad de Competencia española aprobara y publicara el IPN 102/13 relativo al APL de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De ahí que ni la CNMV ni ningún otro órgano consultivo de la Administración se hubiera pronunciado sobre este derecho a la compensación equitativa.

Una medida con “impactos” sobre la competencia

El informe asegura que la medida genera diversos impactos sobre las condiciones de competencia efectiva y la regulación económica eficiente. En primer lugar, en lo referente a la competencia entre páginas originales y prestadores de servicios de agregación de noticias y empresas de press-clipping. En este sentido, el principal motivo que se señala para justificar la “compensación equitativa” sería la competencia directa que se produciría entre el sitio original y los prestadores de servicios de agregación de noticias o, en su caso, empresas de press-clipping, en el acceso a determinada información sin compartir los costes que este esfuerzo creativo llevaría aparejado.

Sin embargo, existen determinados elementos que cuestionarían tanto la existencia de dicha competencia directa, la necesidad de que exista una compensación e incluso la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.

En primer lugar, señala el informe, una posible motivación teórica de la compensación económica partiría de la existencia de un efecto externo positivo en la edición de los contenidos que no fuese compensado por el mercado de forma suficiente. Los agregadores, según esta tesis, “se estarían beneficiando del esfuerzo creativo de los editores originales sin retribuirlo de forma apropiada, produciéndose, en consecuencia, una menor cantidad global de contenidos de lo que sería socialmente deseable”.

Según la CNMV, este argumento “no podría aceptarse, ya que existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas que evitarían, si así lo desea el editor, que esta externalidad pueda producirse, reservando al titular del derecho de propiedad intelectual la posibilidad de que la agregación se realice o no”. Por ejemplo, con el fichero estandarizado robots.txt, cada propietario de una página web puede impedir o delimitar, fácilmente y sin costes, el rastreo de cualquier buscador y agregador de noticias o de todos ellos, con el grado de detalle que se desee.

Es más, según la CNMV, en la medida en que los editores no introduzcan en sus páginas las medidas sencillas que impedirían la agregación de noticias, existirían indicios del interés de éstos para que no se discontinúen estas actividades, mostrando implícitamente que las consideran favorables a sus intereses particulares. Por ello, resultaría “innecesario y desproporcionado arbitrar otro sistema de compensación económica, más costoso y distorsionador de la competencia, y que, en ningún caso, podría ser más eficiente”.

En segundo lugar, también es cuestionable que todos los editores consideren competidores directos a los agregadores de noticias, dado que los medios originales pueden ganar visitas a sus páginas a través de la agregación, ya que el acceso al contenido completo requiere acceder a la página del editor. En este sentido, además de la no utilización del fichero robots.txt, las cuantiosas inversiones de diversos editores de contenidos en mejorar el posicionamiento en los buscadores serían otro indicio de que, al menos para algunos editores, el agregador es complementario y no competidor de su producto o servicio.

En tercer lugar, aún suponiéndose que debiera existir una compensación, “sería ineficiente determinar, a priori y de forma generalizada tanto la cuantía como la dirección en la que deben realizarse los pagos entre los generadores de contenidos y el agregador de noticias”. En este sentido, una regla apriorística y generalizada sería, a juicio de la CNMV, contraproducente, pues los intereses de los propios editores de noticias puedan ser diversos no sólo respecto a otros editores, sino que probablemente evolucionarán a lo largo del tiempo en una misma empresa, atendiendo a la novedad de su página web, su reputación, el conocimiento de los usuarios, etc.

En cuarto lugar, el tráfico obtenido gracias a la agregación genera o puede generar otros ingresos distintos de la subscripción, principalmente publicitarios. Tampoco en este caso se aprecia un fallo de mercado que permitiese pensar que el mercado no sea un mecanismo para repartir entre empresas los ingresos publicitarios adicionales que se pudiesen obtener por aparecer en dichos motores de búsqueda.

Finalmente, a la Autoridad de Competencia le consta la existencia de editores que consideran, sin ambigüedad, la agregación beneficiosa para sus intereses, o bien sus licencias de distribución contemplan la ausencia de retribución económica, por lo que, de forma adicional a los argumentos dados en los anteriores párrafos, la “compensación equitativa” nunca debería contemplarse con un carácter irrenunciable.

Servicios de agregación de noticias

En cuanto a cómo afecta la medida a los servicios de agregación de noticias, dado que se obligaría a los prestadores de servicios de agregación de contenidos a satisfacer una compensación equitativa al editor y otros titulares de derechos, la medida “perjudicaría discriminatoriamente la entrada en este mercado de nuevos operadores”, según la CNMV. El informe asegura que la nueva compensación erigiría una barrera al acceso a la que no se han enfrentado los agregadores actuales, ya consolidados. Éstos han venido operando en los últimos años sin la necesidad de satisfacer ninguna compensación, lo que les ha permitido desarrollarse y consolidarse sin hacer frente a unos costes que sí deberán satisfacer los nuevos operadores.

Junto a ello, los nuevos operadores podrían no disponer de la capacidad financiera que sí tienen los operadores que llevan tiempo actuando en el mercado de agregación de noticias. Además, el informe apunta que la compensación provocaría un perjuicio para los consumidores en forma de menor tensión competitiva, menor variedad de oferentes y de innovaciones tecnológicas. La existencia de una compensación desincentivaría el acceso al mercado de nuevos prestadores de servicios electrónicos de agregación, tanto más cuanto mayor sea su importe.

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