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Decapitar a Pedrojota, el precio que pagó El Mundo por la tasa Google

Noviembre 14, 2014 No Comments

Artículo original de Periodista Digital

Pedrojota Ramírez, Javier Moreno y José Antich fueron sacrificados en beneficio de los balances de sus periódicos

Antonio José Chinchetru, 14 de noviembre de 2014 a las 08:00

Nada es gratis, y el precio que llega a poner el poder político a cambio de un favor puede ser muy alto. Es el caso del Canon AEDE o Tasa Google, con el que el Gobierno ha acudido al rescate de una prensa de papel que pasa por difíciles momentos económicos.

A cambio de esta ayuda pagada por terceros, Soraya Sáenz de Santamaría exigió a los editores de periódicos un precio muy concreto. Reclamó la cabeza de tres directores considerados especialmente molestos por el Ejecutivo: Javier Moreno (El País), Pedrojota Ramírez (El Mundo) y José Antich (La Vanguardia). Todos ellos fueron sacrificados por sus empresas.

Fuentes cercanas a Moncloa y conocedoras de la negociación han dicho a Periodista Digital que “Pedrojota y Moreno han sido el precio exigido por Soraya a la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles, que agrupa los principales periódicos de España) a cambio de la Tasa Google”.

Han destacado que el caso de Pedrojota Ramírez resulta especialmente irónico, puesto que él fue uno de los más entusiastas defensores de dicho canon. Fuentes del sector de Internet han confirmado a PD la relación entre las destituciones de esos directores y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y han añadido que el relevo de Antich en La Vanguardia formaba también parte de ese precio.

AEDE llevaba mucho tiempo exigiendo al Gobierno tanto ayudas directas como un incremento en las campañas de publicidad institucional. El propio Pedrojota lo hacía de forma pública en un acto celebrado en enero de 2012 —Pedrojota mendiga subvenciones: “No soy partidario de las ayudas pero no tenemos otra salida”–. Sin embargo, pasaban los años y el Ejecutivo no daba su brazo a torcer. La situación estaba atascada sin que las grandes empresas editoras (PRISA, Unidad Editorial, Grupo Godó, Vocento, Planeta y otras) lograran un rescate directo por parte del poder político. En esa situación la inspiración vino de fuera, con los planes del Ejecutivo alemán de imponer una tasa a Google por incluir las noticias de los periódicos en su servicio de noticias. Los editores propusieron al Gobierno hacer lo mismo aquí.


Juan Luis Cebrián, Soraya Sáenz de Santamaría y Antonio Caño.

Soraya aceptó como buena esta opción, pero a cambio reclamó la cabeza de los tres directores de grandes periódicos más incómodos para el Gobierno. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron.

Lee en Periodista Digital el artículo completo


¿Por qué el Gobierno de España tiene tanto interés en imponer el canon AEDE?

Julio 11, 2014 No Comments

Articulo de ALT1040.com

El 22 de julio es la fecha señalada para aprobar la nueva LPI y con ella la imposición del Canon AEDE en España, justo en el mes que no hay actividad parlamentaria y el debate es nulo. ¿Por qué el Gobierno de España quiere imponer este canon, y bajo qué argumentos?

POR ALBERTO J.

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El día 22 de julio es la fecha en la que está prevista que se apruebe en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Propiedad Intelectual, y en ella irá incluido el artículo 32.2 en el que se establece el Canon de uso de “fragmentos no significativos de contenidos”, mejor conocido como canon AEDE, por el que se obligará a todos los agregadores a compensar a la fuente original por enlazar sus artículos. En pocas palabras, uno de los atentados contra la red en España más grave desde la aprobación de la Ley Sinde-Wert.

En este sentido, no son pocas las voces que se han pronunciado en contra de esta media totalmente innecesaria. Desde los agregadores como Menéneame o la propia Google hasta organismos públicos como la CNMC, pasando por todo tipo de personas influyentes y relevantes en la red, han condenado la inclusión en la ley de ese fatídico artículo.

El problema de fondo es que ni el Gobierno, ni los partidos políticos más representativos han pronunciado un palabra en contra. De hecho, la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos más grandes en la oposición no solo no van en contra del Canon AEDE, si no que además muchos de ellos quieren reforzar el canon digital. E incluso, algunos grupos piden la supresión del canon AEDE para imponer un canon por copia privada más restrictivo para los consumidores.

¿Pero por qué ahora y por qué las prisas para aprobar este canon? Lo cierto es que no hay respuestas sencillas. Tal como está la situación actual, la imposición del canon traería a simple vista más problemas de los que supuestamente vendría a solucionar. De hecho, en ALT1040 ya os hemos hablado del informe de Afi en el que se hace un balance del impacto que tendría en la economía la aprobación del canon. Y también del informe de la CNMC en la que se exponen alternativas más equitativas a la aplicación del canon.

Dice el Ministro de Educación, Cultura y Deporte que la ‘prisas’ por la aprobación de esta reforma de LPI está justificada por la necesidad de transponer dos Directivas Europeas en materia de propiedad intelectual a la legislación interna. Pero si uno se para y examina dichas directivas, ninguna está relacionada con la aplicación de un canon por el uso de “fragmentos no significativos de contenidos”, si no que se trata del aumento de los derechos de los artistas de obras musicales con letra a 70 años y otra, más reciente de 2012, sobre garantías jurídicas para las ‘obras huérfanas’. Es decir, materias de propiedad intelectual puras que ya estaban en parte reguladas en el ordenamiento jurídico español.

La otra excusa sobre la necesidad de la imposición de este canon está relacionada por el abuso y la inexistente compensación que los agregadores hacen a los medios ‘cuando se lucran al usar contenido que no es suyo’ utilizando fragmentos para enlazar y resaltar el contenido. El problema es ningún estudio afin ha demostrado esta correlación. Y lo más grave de todo es que no existe un acuerdo generalizado entre los medios pro y contra el canon sobre la existencia de un impacto negativo producido por los agregadores que pueda justificar la imposición de la tasa.

Los agregadores no son un perjuicio

O al menos no puede establece una relación que determine que aquellos medios cuyo contenido esté en los agregadores sufran un perjuicio. De hecho, sucede lo contrario tal como Lesley Chiou demostró en su estudio “Digitization and Aggregation” en el que se examinó la influencia del tráfico proveniente de Google News a los medios de Associated Press durante 2009, período en el finalizaba el acuerdo de Google con la AP para mostar el contenido -a la espera de renovación de contrato- pero que seguía presente con Yahoo! News.

El resultado, durante el período entre diciembre de 2009 y enero de 2010 en el que los medios de Associate Press no estuvieron presente en Google News -uno de los agregadores más importantes- estos sufrieron una caída de visitas comparado con el tráfico que provenía de Yahoo! News. ¿Y cuanto fue su caída? Pues este estudio resalta un disminución del tráfico del 20% durante el tiempo en el que AP estuvo fuera de Google News, cerca de 80 millones de lectores según Chiou.

Y no solo eso, si no que los autores del estudio demostraron que los agregadores tiene un impacto positivo en el tráfico que derivan a medios locales y más pequeños, los cuales se benefician de los agregadores desde el momento en que permiten una mayor difusión entre el público que de otra forma no accedería a estos medios:

“La liberalización de los derechos de propiedad intelectual puede beneficiar a contenido que sea horizontal diferenciado, tales como los sitios locales que en otro sentido tendrían menos visitantes”

Pero también existen estudios patrios más directos sobre lo que suponen los agregadores para los medios. Del 8 al 16 de febrero y desde el 18 al 26 de febrero, los usuarios de menéame llevaron acabo un boicot contra los medios adscritos a AEDE, demostrando que un solo sitio, ni de lejos el tamaño de Google News, supone un beneficio en términos de usuarios y trafico para los medios; puesto que durante ese boicot, los medios a los menéame no redirigia tráfico vía compartidos de los usuarios, las visitas a medios de AEDE cayeron de 499,527 a 7,297.

Los agregadores y sus comunidades funcionan como ‘content curators’ dejando fuera lo irrelevanteDe esta forma, los agregadores no solo no son perjudiciales para los medios digitales, si no que suponen parte del tráfico que de otra forma no llegaría ni de forma directa a ellos. De hecho, los agregadores actúan como un ‘content curator’ para mostrar lo más relevante, y en algunos como menéame, con contenido directo enviado por los usuarios y autoregulado por la comunidad. ¿Hay algo más democrático que dar los usuarios la libertad de curar, separar y compartir el contenido? Y es que parte de la democratización de los medios, de la red y del contenido ha llegado por los agregadores que han puesto de manifiesto el poder de llamada que tiene algunos de los contenidos, y por extensión, que tiene el enlace.

Hay mejores alternativas al Canon AEDE

Y la alternativa más sencilla es tan antigua como la existencia de los buscadores y agregadores. Con la simple modificación del archivo robots.txt, cualquier medio que no quiera ser indexado por agregadores o buscadores puede conseguirlo. De hecho, es mucho más simple a nivel normativo y técnico introducir una ley que obligue a aquellos medios que no quieran ser indexados a que sean ellos mismos los que bloqueen los agregadores con todas las consecuencias. Es mucho más simple habilitar un procedimiento o fichero general para los medios que no quieran ser indexados de obligado cumplimiento para el resto o para los agregadores y no tener que acudir así al Canon AEDE.

Esto permitiría, en primer lugar, no utilizar la ley de propiedad intelectual como una reglamentación recaudatoria para el contenido digital y además evitaría la imposición de una tasa que beneficie a un grupo de medios minoritarios en número, que son los que realmente quieren estar fuera del radar de los agregadores. Y en segundo lugar favorecer, o al menos no perjudicar, a aquellos que si quieran o que vean a los agregadores como un servicio “complementario y no competidor de su producto”, siendo una medida menos gravosa que imponer una tasa general en un sector en el los cambios son tan rápidos que pasado un tiempo dejan de tener sentido en cuanto aparezca una alternativa más eficiente para compartir.

Y porque de cara al consumidor final del contenido, y en palabras de la CNMC, “supondría un perjuicio para los consumidores en forma de menor tensión competitiva, menor variedad de oferentes y de innovaciones tecnológicas”, algo a lo que además se suma la Coalición Prointernet con el informe de Afi, y todo ello sin contar la barrera de entrada y el atentado al libre mercado que supondría para los agregadores que quieran entrar en el sector de los medios digitales en el futuro.

Más obstáculos a democratización de la red

Entonces si los agregadores no son un problema si no que suponen un aumento de tráfico, y además hay alternativas para garantizar los derechos de propiedad de forma menos gravosa que una tasa indiscriminada e injusta, ¿por qué el Gobierno y los partidos políticos tienen tanto interés en imponer al Canon AEDE?

Bueno en este caso, y como decía al principio, no hay una respuesta cuerda. La única respuesta que hay es que el gobierno quiera proteger, como siempre, a aquellos que aseguran su puesto cuando dejan el escaño, a los que pagan y financian sus campañas electorales y aquellos que dicen a los ciudadanos lo que los partidos políticos quieren que escuchemos. Y para garantizar y asegurar la continuidad de medios a los que ya se les han dado todas las alternativas que tiene el resto para cambiar su modelo de negocio y asegurar su supervivencia, y aún así siguen sentados en un trono de arena mientras se avecina la tormenta.

Pero sobre todo porque parece que todas las medidas enfocadas al contenido digital, al derecho de los usuarios o a la libertad de la red, han estado dirigidas a poner trabas y obstáculos al libre acceso a la información, a la democratización de la sociedad y al ataque del libre mercado cuando este no sea afín al gobierno de turno. Y es que en esta ocasión es una ley del PP, pero también el PSOE con la Ley Sinde y todos los grupos parlamentarios que no tiene una actitud activa en proteger la red y los derechos de los ciudadanos, son culpables de que nos encontremos ante esta situación

Ahora la pelota está en nuestro tejado, y somos nosotros lo que tenemos que parar el #canonazo.

Lee aquí el artículo original.


The implementation of the ‘AEDE levy’ would have a negative impact of 1.13 billion euros annually for Spanish Internet users

Julio 10, 2014 No Comments

Según un informe de Afi para la Coalición Pro Internet, la introducción de un canon afectaría negativamente a la eficiencia en la búsqueda de información, a la libertad empresarial, a la competencia y a la seguridad jurídica

According to a report by Afi for the Coalición Pro Internet, the introduction of a levy would negatively affect efficiency in finding information and it would threaten free enterprise, competition and legal certainty

Madrid, July 3, 2014.

The implementation of the so-called ‘AEDE levy’ (canon AEDE) would have a negative impact of 1.13 billion euros annually for Spanish Internet users, due to an increase in the search time to access news. This is one of the main conclusions of the report commissioned to Spanish economic consultancy Analistas Financieros Internacionales (Afi) by the Coalición Pro Internet. The publication of these results takes place while the debate of the revised text of the Intellectual Property Law (IPL) is still in Parliament. The new law grants newspaper publishers an “inalienable right” to charge a levy on providers of electronic aggregation services.

Afi has estimated the additional time that users would have to devote to search and locate the desired information in the absence of aggregators, a time that would not be spent on alternative and arguably more productive activities. It is precisely this “opportunity cost” that has been valued in monetary terms from the average hourly income of Internet users. An increase of just a second in the time spent by an average Spanish user to find a piece of news would undermine her individual welfare in 65.7 euros per year.

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Afi’s report includes a comprehensive overview of the economic implications that would arise should the modification of the IPL finally be approved. Its conclusions highlight that the introduction of the ‘AEDE levy’ would have a negative impact on efficiency, competition, technological and business innovation, and legal certainty.

The introduction of a levy is intended to solve a market failure, but the existence of such imperfection is questionable, since there is no proof of the existence of direct competition between aggregators and media outlets in the provision of news. Moreover, the existence of opt-out mechanisms that allow publishers to prevent the distribution of their content through these tools provides a simple alternative for the media that do not want to be aggregated.

At the microeconomic level, besides the damage inflicted to Internet users in terms of loss of efficiency, additional negative effects can be identified. The market structure of the news publishing industry would be particularly affected, in the sense that new and emerging media would find more difficulties to position themselves due to the surge of new entry barriers.

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As it is now described in the proposed reform of the IPL, an inalienable compensation conflicts with free enterprise and can harm smaller publishers, especially those that produce content under copyleft licenses (Creative Commons, for instance) or those willing to negotiate bilateral agreements with aggregators.

From a macroeconomic point of view, activity and employment offshoring processes in high value-added sectors could take place. Technological and business innovation directly related to information and communication technologies would also be discouraged. Ultimately, should the legislative reform pass, it would constitute a discretionary policy modification to the detriment of the general interest, and it would undermine legal certainty in Spain.

Digital content aggregators are, according to the report, one of the instruments that have most contributed to offsetting the negative effects of information overload on the Internet. These tools provide specific and differential value to users, since they are not mere content linkers, but offer other value-added services that range from automated aggregation to crowdsourced mechanisms to offer relevant information to each user.

Afi’s report considers that the aggregation of content does not generate a market failure, nor does it preclude publishers from receiving a compensated for their productive activities.
About the Coalición Pro Internet

Several companies and organizations from various economic sectors have jointly decided to launch this year the Coalición Pro Internet. The members of this platform share a common open and innovative vision of the digital environment and their strong opposition to specific aspects of the proposed reform of the Intellectual Property Law (IPL).

The founding institutions of the Coalición Pro Internet are the Association of Newspaper Publishers – AEEPP, the Spanish Association of Digital Economy (Adigital), the Association of Internet Users, Google, Menéame, WeblogsSL, Hypertextual, Elocuent or Adslzone, online media 20minutos.es and eldiario.es and individual communication professionals from the digital sector.

After the founding members, other organizations have joined the coalition: TICbeat, yorokobu.es, Teleprensa – Madrid, Journalists around the world, Nexo Group, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial and Tek’n’life.

About Afi

Afi is a leading independent economic and financial consultancy that was founded in 1987 in Madrid. It has become a reference in the Spanish economic and financial fields and has developed an increasing international footprint. Our consulting model is based on technical solvency combined with a strong customer focus, excellent service and innovation.

You can read or download here the full analysis:


 

 


La evidencia económica se opone a la Tasa Google: es puro ‘lobismo’

Julio 10, 2014 No Comments

Artículo de El Confidencial.

La inclusión en servicios de agregación de noticias, tipo Google News o Menéame, perjudica a los medios de comunicación tradicionales ya que sus potenciales lectores se quedan en esos agregadores y no visitan las webs originales. Y menos visitas significan menos ingresos por publicidad. Por tanto, lo que pretende conseguir la tasa Google es de alguna forma es que el beneficio que los agregadores consiguen gracias al trabajo de los medios llegue a esos medios. Es lo justo.

¿Seguro que lo es? Gerard Llobet, profesor asociado de economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros y miembro de la asociación Nada Es Gratis ha ido a la base del asunto: en el blog de NEG ha analizado la (todavía escasa) literatura económica que existe sobre esta cuestión para determinar si hay o no evidencias que confirmen la teoría de que a los medios les perjudica aparecer entre los resultados de los agregadores (que no de los buscadores, no involucrados en esta cuestión).

Y su conclusión es que “los agregadores no son malos para los medios per sé”. “Los medios tradicionales y los medios digitales tienen modelos de negocio distintos, y a lo mejor para uno estar en una gregador es malo pero a otro le beneficia”.

El efecto de robo de negocio…

Llobet explica que aparecer en Google News y similares tiene para un medio dos efectos contrapuestos. Por un lado, el titular y un fragmento es suficiente para algunos lectores que optan por no profundizar más en la noticia, perdiendo el periódico (o blog, o medio del tipo que sea) una potencial visita. Es lo que se llama efecto de robo de negocio.

Por otro lado, la presencia en un agregador da visibilidad al medio, pudiendo llevar hasta él a lectores que no habrían llegado de ninguna otra forma por no conocerlo. Es el efecto de expansión de mercado. “¿Tenemos motivos para determinar que, como sugiere la nueva ley, el primer efecto es claramente más importante que el segundo?”, se pregunta Llobet. “Por mucho que algunos insistan y el gobierno esté dispuesto a aceptar, la evidencia nos dice que no está nada claro”. En su relación con los agregadores habrá entre los medios ganadores y perdedores.

Comenzamos por el efecto de robo de negocio. Llobet comenta un estudiorealizado por la Universidad de Boston en la que se analiza el número de visitas que recibe una noticia en su medio original según la longitud del extracto que muestra el agregador, si lleva una foto asociado o el número de artículos relacionados. Y su conclusión tiene cierta lógica: “hay una relación de sustitución entre la cantidad de información que un agregador ofrece sobre los artículos y la probabilidad de que los lectores decidan leer el artículo entero en la web del productor del contenido”.

Sin embargo, añaden los científicos suizos, cuando varios artículos relacionados compiten por la atención del lector, un extracto más largo y una fotografía aumentan la probabilidad de que un artículo sea elegido sobre sus competidores.

… vs. el efecto de expansión de mercado

En cuanto al efecto de ampliación de negocio, resulta también una idea obvia que para medios más pequeños aparecer en servicios como Google News o Menéame es un escaparate impagable. Llobet cita otro estudio, realizado sobre el caso Associated Press (una cooperativa de radios, televisiones y periódicos norteamericanos) y Google. Ambas entidades tenían un acuerdo por el que la segunda podía publicar extractos de noticias generadas por la primera; dicho acuerdo caducó en diciembre de 2009 y no se renovó hasta mediados de febrero de 2010. En esas siete semanas, Google dejó de mostrar contenidos de AP.

Durante ese periodo, las visitas a los medios que conforman AP se redujeron en un 0,006%. No parece mucho, visto así, pero teniendo en cuenta que, según los datos manejados por los autores, la cuota promedio de la que partían los periódicos era del 0,029%, esto marca una disminución del tráfico de cerca del 20%, estimado en 80 millones de visitas al mes.

Pero, como defiende Llobet, el impacto no fue igual para todos los integrantes de AP, sino que dos segmentos del mecado se vieron mayormente afectados: por un lado los medios locales, que gracias a los agregadores llegan a un público que de otra forma no les conocería; por otro, los medios de mayor calidad. “Nuestros resultados sugieren que una relajación en las leyes de propiedad intelectual podrían beneficiar el contenido diferenciado horizontalmente, como los medios locales, o verticalmente, como los medios nacionales con unos altos estándares de calidad”, concluyen los autores del estudio.

Más tráfico a los medios, pero menos a la ‘home’

¿Y qué hay de la conjunción de ambos efectos? Llobet cita este estudio, realizado en Francia en 2012, en el que se analizó el impacto de los agregadores en la cantidad y composición del consumo de noticias en internet.

Según ese estudio, al utilizar Google News consignando el código postal, recibiendo así una oferta de noticias locales más especializada, los usuarios utilizan más el agregador, pero además tienden más a visitar directamente en las páginas de los medios locales que han conocido gracias al agregador. Además, entran menos en la home de esos medios, ya que llegan a las noticias específicas que les interesan a partir del agregador.

Es decir, que “la inclusión en Google News tiene un efecto mixto sobre los medios locales: aumenta su tráfico, especialmente a corto plazo, pero también aumenta la delegación de los lectores en Google News para hacer su selección de noticias, y aumenta la dispersión de su atención entre varios medios distintos”, concluían los autores del estudio.

Que cada medio negocie sus acuerdos

Hablando con Teknautas, Llobet quiere dejar claro que la literatura científica respecto a este asunto no es aún muy abundante, por lo joven de la cuestión, pero que “los datos disponibles no dejan claro que haya un problema en la relación entre los medios de comunicación en general y los agregadores”. Por eso considera un despropósito que el texto de la futura Ley de Propiedad Intelectual quiera regular la cuestión de forma tan tajante, convirtiendo la llamada tasa Google en un derecho “irrenunciable” de todas las “publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa”.

“Habrá medios que quieran obtener financiación por esta vía, y habrá quien quiera aprovecharse del tráfico que les reportan los agregadores. Es injusto que la ley obligue a todos a pasar por el mismo punto cuando sus estrategias podrían ser distintas”, explica Llobet, que aboga por un esquema en el que no se imponga una regulación explícita, sino que cada medio pueda negociar directamente los términos en los que aparecerá, o no, en Menéame y similares.

En su post, Llobet cita a Willie Sutton, ladrón de bancos de principios del siglo XX para explicar por qué la inquina por establecer una compensación económica sacada de los agregadores (y ahí aparece Google, con letras bien brillantes, en la mente colectiva). “Cuando se le preguntó por qué se dedicaba a robar bancos, su respuesta fue; ‘porque ahí es donde está el dinero'”.

Lee aquí el artículo original.


Fedea, el ‘think tank’ de bancos y grandes empresas, arremete contra la ‘tasa Google’

Julio 10, 2014 No Comments

Artículo de El Confidencial Digital

Impide la entrada de nuevas ideas, obstaculiza la innovación, beneficia a los periódicos impresos frente a los digitales y provoca un descenso del 20% en visitas

Fedea se suma a quiénes se oponen a que el Gobierno imponga la ‘tasa Google’, un canon que tendrán que pagar los agregadores de noticias como Google o Yahoo a los editores de los grandes periódicos por ‘subir’ sus noticias a la Red.

Portada de Google News.Portada de Google News.

Un estudio publicado en su web por este ‘think tank’, patrocinado por grandes bancos y empresas del país, y firmado por Gerard Llobet, profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), se posiciona contra este canonpor el efecto contrario a la competencia que tendrá esta tasa, si finalmente se aprueba tal y como está ahora en el Congreso.

El Gobierno aprobó el pasado 14 de febrero la conocida como ‘tasa Google’ dentro de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Esta ley se encuentra ahora en el Congreso en el trámite de las enmiendas parciales y el PP ha forzado que sea en una comisión en julio cuando se apruebepese a que la tramitación de la norma llevaba desde finales de abril parada en las Cortes.

Según se puede leer en el informe, uno de los argumentos utilizados por este investigador para posicionarse en contra de este canon es que va a impedir  la entrada de nuevas ideas y nuevas empresas al sector de la tecnología, “algo que va en contra de las reglas básicas del funcionamiento de un mercado”.

Citando otros estudios como el de Athey y Mobius (2012), el investigador acepta la conclusión de que los agregadores de noticias aumentan el número de periódicos que los internautas consultan, por lo que los agregadores van en contra del negocio de los grandes periódicos tradicionales.

Negocio distinto

“Por ello -dice el informe- debemos entender esta tasa como una medida que por un lado pretende transferir recursos de los agregadores y, por otro, obstaculizar a los medios digitales mediante la imposición de una tasa irrenunciable que les perjudica en la medida en que su modelo de negocio es distinto al de los periódicos tradicionales y buscan visibilidad en los agregadores aún a costa de no ser compensados significativamente por hacerlo”.

En definitiva, el autor subraya que este canon irrenunciable beneficia a los periódicos tradicionales. Como ha publicado este confidencial, la ‘tasa Google’ fue una imposición de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Cultura con la vista puesta en un pacto con AEDE, la asociación que agrupa a los grandes periódicos del país.

Más mercado

Llobet acepta también la idea de que los agregadores permiten ganar mercado y audiencia a los diarios digitales. Para ello cita las conclusiones de otro estudio, el de Chiou y Tucker (2013),  que demuestra como la cooperativa de medios americanos Associated Press, disminuyeron su tráfico en un 20% cuando dejaron de aparecer en Google News. “Los autores estiman que ese 20% podría implicar 80 millones de visitas mensuales”, se explica en el informe.

Otra consecuencia resaltada por el profesor Llobet, y recogida en el estudio de Chiou y Tucker, es que los medios locales se benefician más de los agregadores  al poder tener acceso a una audiencia que de otro modo no tendrían.

Por todo ello, Fedea concluye que “hacer lo contrario de lo que esta tasa pretende es donde está el interés general”. Este thin tank se suma por tanto a la CEOE, la CNMC o a las asociaciones de pequeños y medianos periódicos en sus críticas a esta tasa.

Lee aquí el artículo original.


La Tasa Google o cómo ignorar el interés general

Julio 8, 2014 No Comments

Por GERARD LLOBET el 08/07/2014

Willie Sutton fue un famoso ladrón de bancos de principios del siglo XX. Uno de las razones por las que pasó a la historia fue porque cuando se le preguntó el motivo por el que se dedicaba a robar bancos su respuesta fue: “porque ahí es donde está el dinero”. Tal y como discutió Pablo Ibañez en una entrada que publicamos hace unas semanas en Nada es Gratis, la llamada tasa Google es un despropósito que parece la versión legal de esa máxima. En esta entrada más que volver sobre esos argumentos me centraré en discutir la evidencia económica que existe sobre el efecto de los agregadores para entender otros motivos detrás de esta tasa.

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La situación financiera de los medios de comunicación tradicionales y los periódicos en particular se ha deteriorado considerablemente en los últimos tiempos. A la reducción en los lectores originada por la competencia de los medios electrónicos debemos añadir la espectacular (y relacionada) caída en los ingresos publicitarios de los últimos años que discutía en una entrada anterior. En la nueva Ley de Propiedad Intelectual el legislador sugiere que los agregadores de noticias podrían estar contribuyendo a esta situación y que los periódicos deberían ser compensados por su actividad. Así, la tasa Google aparece en el apartado 2 del artículo 32 de la nueva ley, que dice:

“La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.”

La primera pregunta que uno debería formularse es si realmente los periódicos globalmente salen perjudicados por la presencia de agregadores como Google. La incipiente literatura en el tema, con artículos como Jeon y Esdahani (2012), pone de manifiesto la existencia de dos efectos contrapuestos de la presencia de un agregador en el tráfico de los periódicos. Por un lado, hay un efecto negativo. En la medida en que exponen pequeños extractos de las noticias, habrá lectores que no decidan leerse la noticia completa en el periódico, reduciendo sus visitas y con ellos sus ingresos publicitarios. Este es el efecto de robo de negocio (business-stealing effect). Sin embargo, la presencia de los agregadores puede tener beneficios positivos en los periódicos. Así, se aumenta la visibilidad de las noticias que levantan más interés, pudiendo incrementar el tráfico de lectores que de otra manera no las conocerían. Este es el efecto expansión de mercado (market-expansion effect). ¿Tenemos motivos para determinar que, como sugiere la nueva ley que el primer efecto es claramente más importante que el segundo? Por mucho que algunos insistan y el gobierno esté dispuesto a aceptar, la evidencia nos dice que no está nada claro. Lo que si nos dice es que entre los periódicos habrá ganadores y perdedores.

Lee aquí el artículo completo


La implantación del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles

Julio 3, 2014 1 Comment

Según un informe de Afi para la Coalición Pro Internet, la introducción de un canon afectaría negativamente a la eficiencia en la búsqueda de información, a la libertad empresarial, a la competencia y a la seguridad jurídica

Madrid, 3 de julio de 2014.

La implantación del denominado ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros anuales para los internautas españoles, al incrementarse su tiempo de búsqueda para acceder a la información deseada. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI) que prevé el ‘’derecho irrenunciable’’ de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación.

Afi ha estimado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas. Es precisamente este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. Un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

 

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El informe de Afi incluye una amplia descripción de las implicaciones económicas que acarrearía la modificación de la LPI en caso de llevarse a cabo. En sus conclusiones, destaca que la introducción del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.

La introducción de un canon está destinada a resolver un fallo de mercado cuya existencia es discutible, dado que no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados.

A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de Internet en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

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Tal y como se plantea en la propuesta de modificación de la LPI, una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias copyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores.

Desde un punto de vista macroeconómico, podrían producirse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido; se desincentivaría la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación, y, finalmente, de producirse la modificación legislativa, sería un cambio normativo discrecional en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España. Los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario.

El estudio de Afi considera que la agregación de contenidos no genera un fallo de mercado, ni impide que los editores reciban una compensación por sus actividades productivas.

Acerca de la Coalición Pro Internet.

Una decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos han decidido lanzar de forma conjunta este año la Coalición Pro Internet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Entre las entidades fundadoras de Coalición Pro Internet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Elocuent o Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual. Con posterioridad se han incorporado a la Coalición TICbeat, yorokobu.es, Teleprensa – Madrid, Periodistas por el mundo, Grupo Nexo, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial y Tek’n’life.

Acerca de Afi.

Afi es una compañía líder en consultoría económica y financiera independiente. Creada en 1987, se ha convertido en un referente en el ámbito económico-financiero español y cuenta con una presencia internacional cada vez mayor. Su modelo de consultoría se basa en el rigor técnico combinado con una fuerte orientación al cliente, al servicio y a la innovación para dar respuesta a todas sus inquietudes.

Puedes ver y descargar aquí el informe completo:

Conclusiones
A lo largo de este documento se han presentado los principales impactos de carácter económico que cabría esperar como resultado de la introducción de un canon o compensación a los editores de noticias por parte de los agregadores de contenidos informativos on-line. A la luz de este análisis, resulta difícil justificar la racionalidad económica de la modificación a la LPI propuesta por el Gobierno. En síntesis, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:

No se ha demostrado que la agregación de contenidos genere un fallo de mercado en la puesta a disposición del público de información períodica, ni existe limitación intrínseca que impida a los editores recibir una compensación de mercado por sus actividades productivas. La actividad de agregación tampoco restringe la cantidad socialmente deseable de información.

Los instrumentos de agregación de contenidos aportan un valor añadido específico y diferencial respecto a los buscadores tradicionales. Contribuyen a reducir los costes de búsqueda de información en una red que se expande de manera continua. Tomando como referencia los resultados de la Encuesta Europea de Consumo de Servicios procedentes de medios de comunicación de 2012, cada vez es mayor el número de consumidores que manifiesta utilizar los servicios on-line para acceder a información que no puede conseguir empleando sus recursos (tiempo disponible, fundamentalmente, aunque también podrían aplicar otros costes) a través de otras fuentes de información alternativas. En 2012, la media de los países analizados se situaba en el 62%. Por otro lado, una amplia mayoría de consumidores europeos (rango entre el 65 y el 78%, dependiendo de los países analizados) afirman que, en la actualidad, tienen acceso a contenidos on-line de mayor calidad en comparación con tres años atrás.

Los usuarios de la Red se ven beneficiados por estos instrumentos por dos motivos fundamentales: incrementan su capacidad de elección y reducen el tiempo necesario para acceder a la información deseada. Para el caso español, un aumento de un 2% en el tiempo de acceso a la información de actualidad (es decir, pasar de 5,15 a 5,26 minutos empleados por promedio en una noticia) supondría una pérdida de bienestar valorada en unos 65,7 euros por usuario al año. Teniendo en cuenta que en España existen aproximadamente unos 17,2 millones de internautas lectores de noticias on-line, el impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros, lo que equivale al 0,11% del PIB.

– Al mismo tiempo, los propios creadores de contenidos y los editores convencionales de los mismos ven reforzada su actividad por el efecto multiplicador que la agregación avanzada opera sobre los demandantes de información. Estos efectos han sido puestos de manifiesto en distintas investigaciones de carácter empírico.

La existencia de competencia directa entre los editores de prensa y los agregadores de noticias resulta cuanto menos cuestionable, así como la necesidad de que exista una compensación irrenunciable e incluso la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.

La modificación de la LPI tendría consecuencias negativas que pueden analizarse desde una perspectiva micro y macroeconómica.

– A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de la Red, en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

– A escala macroeconómica, podrían observarse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido. Asimismo, la modificación de la LPI podría desincentivar la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación. Por último, su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores (en detrimento del interés general), lo que supondría un menoscabo de la seguridad jurídica en España.


Al Gobierno le entran ahora prisas con la ‘tasa Google’: ha pedido un pleno extraordinario para aprobarla en verano

Julio 2, 2014 No Comments

La ley lleva tres meses parada. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha pedido a Jesús Posada que habilite una sesión especial

Las enmiendas a la totalidad se debatieron a principios de abril, el plazo de enmiendas parciales iba a cerrarse el 29 de ese mismo mes, luego se retrasó a mayo, luego a junio… Finalmente se ha cerrado ayer, día uno de julio, con la pretensión por parte del Ejecutivo de darle luz verde este verano.

Portada de Google News.Portada de Google News.

Así lo demuestra el hecho de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, haya enviado una carta al presidente del Congreso, Jesús Posadapara que habilite una sesión extraordinaria en julio para dar luz verde al polémico proyecto de ley de Propiedad Intelectual, donde está incluida la ‘tasa Google’.

La ‘tasa Google’ es un canon que quiere imponer el Gobierno a los agregadores de noticias como Google, Yahoo o Meneame para que paguen a los editores de los periódicos por ‘subir’ sus noticias a la red. También se conoce como ‘canon AEDE’, en referencia a que se trata de una demanda histórica de esta asociación, que aglutina a los grandes editores de prensa del país.

“Le ruego habilite una sesión especial en julio para, en su caso y eventualmente, poder debatir las modificaciones parciales a la Ley de Propiedad Intelectual”, asegura Ayllón en su misiva a Posada.

Este confidencial publicó que la inclusión de esta tasa en la ley se debió a una imposición de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, a petición de AEDE.

Pleno en verano

De acuerdo con las fuentes consultadas, la norma tiene que pasar por un pleno extraordinario para poder aprobarse, así que lo normal es que sea en la sesión de la próxima semana cuando se produzca el debate de las enmiendas parciales presentadas por el resto de grupos parlamentarios.

Esto supone un cambio respecto a lo que ha hecho el PP hasta ahora. Como publicó este confidencial, ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas parciales a la norma durante meses pese a que ya los grupos habían fijado sus posiciones.

Los críticos con esta norma no salen de su asombro con la actitud del gobierno. Pequeños editores de prensa, agregadores de noticias, Competencia y la CEOE se han mostrado contrarios a la decisión de la vicepresidenta de imponer esta tasa. “Quieren aprovechar el verano para aprobar la ley de tapadillo”, asegura uno de estos colectivos.

Apoyos

Probablemente el PP tenga que aprobar la norma no sólo en verano, sino también en solitario gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Dos grupos, UpyD y la Izquierda Plural, han pedido directamente que se retire el artículo de la ley que hace referencia a este canon. Y el resto de formaciones no está clara su posición.

El PSOE inició la tramitación de la norma dando su apoyo al canon digital, pero ahora, debido al proceso de elección del nuevo secretario general en el congreso extraordinario de julio, habrá que esperar a ver cuál es la posición que fija sobre este tema el nuevo líder socialista.

Lo mismo sucede con CiU. Los nacionalistas catalanes no quieren apoyar ninguna norma con el PP para evitar cualquier tipo de colaboración parlamentaria con los populares. El conflicto del referéndum independentista, y las diferencias surgidas en torno a los actos de abdicación del rey Juan Carlos han forzado esta estrategia.

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