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El Gobierno ultima las tarifas del Canon AEDE

El Gobierno concretará en las próximas semanas el sistema de tarifas necesario para poner en marcha la conocida «Canon AEDE» o «Tasa Google». La Orden Ministerial que regulará su aplicación está encima de la mesa de Cultura y se aprobará próximamente.

Cuando todos pensábamos que el canon AEDE estaba muriendo por las últimas noticias, como la polémica suscitada por Juan Luis Cebrián, se publica que la tramitación del Canon AEDE sigue avanzando. Aunque la mayoría de la sociedad es contraria a esta ‘Tasa Google’, el Ministerio de Cultura publicará próximamente la Orden por la que se establecerá el sistema de tarifas necesario para que CEDRO y otras entidades de gestión puedan cobrar este canon, que los editores de prensa pretenden exigir a las páginas de internet que enlazan sus noticias de forma habitual. Esta medida satisfaría las pretensiones de los principales periódicos españoles, algo a tener muy en cuenta en un año en el que se celebran elecciones generales y en el que cualquier motivo de malestar de los medios de comunicación con el Gobierno puede ser muy perjudicial para los intereses del Ejecutivo.

La reforma de la llega por intereses de un grupo particular de editores que ante el deterioro de su negocio han buscado nuevos ingresos y, desgraciadamente, han conseguido que esta Orden siente las bases para que CEDRO y otras empresas dedicadas a la administración de derechos de autor puedan cobrar el Canon AEDE. Una vez que se promulgue, estas compañías publicarán las tarifas oficiales que solicitarán a las webs que enlacen por sistema artículos publicados en los medios de comunicación.

Mientras unos se empeñan en cerrar los ojos y seguir con el precipicio digital que han provocado, uno de los principales defensores del canon AEDE, Juan Luis Cebrián (Presidente Ejecutivo de Prisa), dejó claro que, mientras se mantenga su cargo, ninguno de los medios de comunicación de este grupo va a percibir la Tasa Google. Esta postura sorprendió a los presentes, pues la ley no permite a los editores renunciar al cobro de este canon, algo que debería tener claro él y toda la cúpula de AEDE.

Cabe recordar que Prisa es el principal socio en España de Google en su proyecto Digital News Iniciative (DNI), hecho público tras la promulgación de la LPI y por el que la multinacional tecnológica repartirá 150 millones de euros en los próximos 3 años a varios medios de comunicación europeos para el desarrollo de sus negocios digitales. Por eso, algunos de sus socios de AEDE interpretaron estas palabras como un ‘»capotazo» hacia la multinacional estadounidense, con cuyos responsables Cebrián ha estrechado lazos durante los últimos meses.

Google-Sign

Vía Vozpópuli.

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El Gobierno debe eliminar el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual

Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa y editor de El País, se ha declarado contrario al carácter irrenunciable del canon AEDE incluido en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Cebrián en los Cursos de Verano de El Escorial, ha declarado que la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por este Gobierno “ha conseguido el consenso formidable de que no le guste a nadie”.

En particular, Cebrián censuró la normativa que establece el cobro irrenunciable por parte de los medios de un canon a todos aquellos que usen sus contenidos en Internet, desde agregadores como Google o Yahoo a otras compañías como Facebook.  http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/06/actualidad/1436180451_685414.html

La AEEPP reclama de nuevo al gobierno la supresión del artículo 32.2 de la LPI. La Asociación ya hizo pública su posición sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en una nota muy crítica con algunas de las medidas propuestas por el Gobierno:
http://www.aeepp.com/noticia/2097/asociacion/los-editores-de-la-aeepp-piden-la-suspension-de-la-entrada-en-vigor-de-la-lpi-y-negociacion-con-todos-los-sectores-afectados.html

cebrian

Sobre la AEEPP

La AEEPP es una asociación empresarial de carácter independiente y no lucrativo. Está formada por más de un centenar de grupos y empresas editoriales, que editan más de 900 cabeceras, cubriendo todas las temáticas y sectores (información general, especializada y profesional) de todas las periodicidades (diarios, semanarios, quincenales, mensuales, anuarios) y en todos los canales y soportes (impresos, digitales, gratuitos y de pago), con tiradas conjuntas que superan los 500 millones de ejemplares/año y una audiencia estimada de 125 millones de lectores al mes en los medios impresos y de más de dos millones de visitantes únicos al día en los medios ‘on line’.

Los editores de la AEEPP emplean a 2.400 profesionales, la mayoría periodistas.Ello la convierte en una de las asociaciones con mayor ámbito de representación dentro del sector editorial. Es la única asociación del sector asociada a la CEOE y CEPYME y forma parte de diversas organizaciones internacionales del sector editorial .

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La nueva LPI será aprobada este jueves en el Congreso

Artículo de Genbeta

Congreso

Tres meses después de su aprobación, parece que la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual dará un próximo paso este mismo jueves cuando el Congreso de los Diputados la apruebe con las cinco enmiendas que ha añadido el Senado (de hecho las han introducido miembros del Partido Popular).

En cuanto este paso se complete, sólo quedará una cosa: que la nueva LPI entre en vigor en enero del 2015 en cuanto ésta se publique en el Boletín oficial del Estado. Las consecuencias ya las sabemos: sanciones para los administradores de las webs de enlaces y los que suben contenido, multas de hasta 600.000 euros, persecución a las retransmisiones por internet y un canon AEDE que ya ha provocado amenazas por parte de Google.

Todos los partidos de la oposición y colectivos culturales están en contra de esta reforma, como mínimo en parte. Pero como sabréis, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso y por lo tanto estas oposiciones no cuentan. La aprobación de esta nueva LPI se hará como si fuese un mero trámite, un traspase de papeleos.

¿Y ahora qué? Lamentablemente sólo podemos esperar. De momento ya sabemos que en Alemania, donde el gobierno propuso medidas similares, los medios ya han tenido que rendirse a Google entendiendo a las malas cómo Google News no les perjudica sino que se les beneficia. En cuanto a los enlaces… dudo que estas medidas consigan detener la piratería. Especialmente en un país como el nuestro.

Imagen | SubtlePanda

Artículo de Miguel López (@mlopca)

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«Chapuza digital en el Senado»

Artículo de «Media-Tics»

El Senado aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con la polémica “tasa Google”…pero por un año

Chapuza digital en el Senado

El miércoles 16 de octubre, el Senado aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que ya solo le queda la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados. En ella se incluye el polémico artículo 32.2, conocido como la “tasa Google”, un enorme error que coloca a España a la cola de la innovación digital. Pero a última hora el Gobierno añadió una disposición final cuarta donde se afirma que la reforma tiene validez por un año. O sea, una chapuza con plazo de caducidad de cara a que el PP pueda afrontar las próximas citas electorales con los grandes editores sometidos a la ley de hierro de las ayudas estatales.

En la disposición final se precisa que el Gobierno tiene un año para llevar a cabo “los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento”. O sea, que el Gobierno es consciente de que esta reforma, con su “tasa Google” incluida, no se ajusta para nada a dichas necesidades de la sociedad del conocimiento, pero da un capotazo con fecha de caducidad a los grandes editores de prensa de este país, en un intento de salvarles al menos parcialmente el desastroso estado de sus cuentas de resultados. Un año es el tiempo que el PP puede necesitar para intentar revertir ante la opinión pública la caída de popularidad que está sufriendo con el manejo de la gran crisis económica.

El Gobierno y los grandes editores de la vieja prensa de papel agrupados en torno a la AEDE, saben perfectamente que Google no va a pagar nunca ni esa tasa ni ninguna otra por el estilo y que antes cerrará Google News en España. El máximo responsable de Google News, Richard Gingras lo ha dejado bien claro en su visita a Madrid hace unos días. Además, tenemos el ejemplo de Alemania, donde el gigante de Internet ha minimizado los enlaces que hace a algunos de los grandes periódicos que solicitaban una tasa parecida a la que España reclama. Para soslayar este peligro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha colado en el famoso artículo 32.2 la precisión de que esta tasa es “irrenunciable”, con lo que ninguna publicación digital podrá soslayar la reclamación de dicha tasa. Si está bien claro que Google no pagará esa tasa pues para ellos –como para todo el mundo de cultura digital- dicho canon va contra las leyes no escritas de Internet que consagran el derecho a citar y vincular cualquier noticia o información, ¿por qué este empeño sin sentido? Porque esperan que, ante la imposibilidad de sacarle el dinero al gigante norteamericano de Internet, el Gobierno termine pagando a los grandes editores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, igual que se hace con la compensación por copia privada.

El Gobierno se asegura la docilidad de los grandes editores y, de paso, la naciente galaxia de la información digital pura (en España hay más de 1.000 webs de información de todo tipo, locales y de nicho, y crecen a una velocidad superior a una al día), mucho más díscola e independiente en sus informaciones y líneas editoriales, recibe un castigo, pues si no son enlazados por el buscador, sus audiencias caerán, con beneficio para los grandes diarios, cuyas cabeceras son aún bien conocidas por el público en general. Estamos por tanto en una batalla donde, además de los factores reseñados, subyace una guerra entre el mundo de los grandes editores de papel que se desmorona y los centenares de pequeños editores digitales, a través de los cuales se informa ya en torno a un 30% de la población española.

El diario “Expansión” publica hoy jueves un vergonzante editorial titulado “Remuneración lógica a los editores de medios”. Apoya el canon AEDE “porque la premisa de la que parte la ley, y que reviste toda la lógica económica, es que quien haga uso comercial del contenido generado por los medios de comunicación deba remunerarse por ello”. Esa aparente lógica económica es un subterfugio falaz, ya que parte de una premisa que está siendo barrida por la cultura digital. En vez de enfrentarse al reto de la transición digital, prefieren chocar de frente contra el futuro a cambio de intentar salvar un abismal presente. Tanto en “Expansión” como en “El Mundo” o “El País”, hay excelentes periodistas que escriben solventes informaciones sobre el mundo digital y saben bien de lo que hablan. Es una pena que una vez más, los editores no estén a la altura de las circunstancias. La prensa española tiene un retraso histórico en su transición digital, con unos ingresos digitales ridículos en comparación con su facturación total. Pero en vez de afrontar este desafío con renovadas inversiones, alianzas, rigor, riesgo e innovación, prefieren echarse en brazos de un gobierno que está demostrando repetidamente su ceguera digital. Los editores, grandes y pequeños, deben llegar a un entendimiento justo con los gigantes de Internet, porque se necesitan mutuamente. Ése es el camino adecuado y no las tasas vergonzantes.

El próximo 6 de noviembre en Madrid se celebrará un importante evento: “Oracle Day 2014”. El tema central es la disrupción digital. Los organizadores subrayan que en el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados frente a los 9.000 millones que había en 2012; que los datos se van a multiplicar por 50 en ese periodo; que los datos móviles crecen a un ritmo del 78% anual, etc. El gigante de la informática corporativa advierte que las organizaciones tienen un 75% de aplicaciones viejas ya de más de dos décadas. Nuestro Gobierno también parece que tiene una visión de hace más de 20 años. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debería apuntarse a este evento.

Artículo de Miguel Ormaetxea

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