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Consecuencias absurdas y lamentables del canon AEDE

El pasado viernes, Sonia Blanco, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, recibió un correo muy absurdo y lamentable en relación al Canon AEDE:

Estimado/a miembro del personal docente e investigador:

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el pasado 1 de enero, establece una compensación económica obligada e

irrenunciable en favor de los creadores por la redifusión digital de contenidos periodísticos.

La ley no establece diferencias entre el soporte papel y el digital, estando ambos sujetos al abono de la citada compensación. Por este

motivo, y con objeto de no vulnerar la ley, desde la Universidad nos vemos obligados a pedirles que no enlacen contenidos periodísticos desde las páginas web de sus centros, departamentos o grupos de investigación.

Les rogamos, por las mismas razones, que supriman de dichas páginas cualquier resumen de prensa que tengan alojado, pues estará incurriendo en la misma vulneración de la ley.

Sintiendo las molestias que esta normativa pueda causarles, reciban un cordial saludo.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Servicio de Comunicación e Información

Es ridículo e incoherente que una Facultad de Ciencias de la Comunicación que se dedica a eso, a comunicar, no puedan enlazar artículos de medios. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué el Gobierno pretende que volvamos todos -menos unos pocos- a los tiempos oscuros de nuestro país? 

Si cualquier Facultad quiere hacer un feed de noticias que tenga interés relevante para los estudiantes y, además, se está derivando tráfico a los medios, ¿dónde está el perjuicio?

Gracias a Sonia Blanco por su artículo y difusión de su caso.

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La Coalición Prointernet denuncia la inseguridad jurídica tras entrada en vigor de la LPI y el grave impacto en la economía digital en España

Tras la entrada en vigor de la LPI el pasado mes de enero, y en especial por el impacto de su polémico artículo 32.2 que establece un canon por cita o #canonAEDE,  han transcurrido dos meses en los que la inseguridad jurídica derivada de una Ley sin reglamento y características retroactivas está produciendo cierres de numerosos servicios de agregación de noticias tanto nacionales como locales.  La reducción de las opciones de enlaces e información provocada por la Ley está afectando a proyectos innovadores, a los usuarios de internet  y al conjunto de la Marca España en el extranjero.

Impacto de la Ley con el cierre de agregadores

La Coalición ProInternet denuncia la inseguridad jurídica que afecta a todos los proyectos informativos en internet, que está afectando a la competencia y a la libertad de elección de información de los internautas.

Los primeros datos independientes que ya están apareciendo en el mercado apuntan a que el cierre de agregadores está afectando especialmente a los medios digitales de más reciente creación que lograban incorporase al mercado con el trafico obtenido  a partir de los agregadores. Estos datos confirman la disminución de fuentes de información para el ciudadano implicando una menor diversidaden el acceso a la información y a la opinión,  y una barrera para nuevas iniciativas digitales.

Además está afectando a la Marca España, ya que al perderse este tráfico se está perdiendo un porcentaje sustancial de la información que ofrecía España a internacional. A este hecho se une  el impacto que ha tenido en el mundo digital el ser el primer país democrático del mundo que ha forzado el cierre de este tipo de servicios.

La coalición está dando los pasos para contar con un informe independiente que mida de forma clara el impacto de los cierres en estos primeros meses y que se hará público en las próximas semanas.

Inseguridad Jurídica y efectos retroactivos para la innovación

Transcurridos dos meses desde la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual el gobierno y los ministerios implicados no han dado ningun paso encaminado a la puesta en marcha del proceso de desarrollo de un reglamento.   Esta falta de interés está provocando una gran incertidumbre en el mercado ya que a medida que avanzan los meses sin reglamento crece el miedo a un futuro impacto, por ahora desconocido, de esta Ley en los proyectos digitales. Esto impacta en el desarrollo de la Sociedad de la Información en España que , además de contar con una Ley restrictiva, acumula la incertidumbre de su implantación.

Empresas innovadoras en la red, desarrolladores de servicios y aplicaciones, blogueros, autores de contenidos, medios de comunicación, instituciones de enseñanza, libreros, bibliotecarios, y en general  empresas que difunden contenidos en internet están en estos momentos en un parón innovador  provocado por una Ley que existe pero que no puede aplicarse y de la que se desconocen sus impactos.  Ningún modelo de negocio puede realizarse con una incertidumbre así.

Llamamiento a los partidos

La Coalición Prointernet hace un llamamiento a los partidos políticos para que, en este año electoral, realicen propuestas y aclaren sus posturas respecto a la libertad de prensa y empresa en Internet y el futuro de la innovación digital, cercenadas por una ley aprobada al dictado de un grupo de presión y que ya está teniendo perjuicios para la libertad y diversidad de opinión y limitando el acceso de nuevas empresas al mercado.

La Coalición Prointernet establecerá urgentemente consultas con las diversas fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias para lograr que este esencial debate para la economía y las libertades en España den el salto definitivo a la arena política y el debate social.

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Decapitar a Pedrojota, el precio que pagó El Mundo por la tasa Google

Artículo original de Periodista Digital

Pedrojota Ramírez, Javier Moreno y José Antich fueron sacrificados en beneficio de los balances de sus periódicos

Antonio José Chinchetru, 14 de noviembre de 2014 a las 08:00

Nada es gratis, y el precio que llega a poner el poder político a cambio de un favor puede ser muy alto. Es el caso del Canon AEDE o Tasa Google, con el que el Gobierno ha acudido al rescate de una prensa de papel que pasa por difíciles momentos económicos.

A cambio de esta ayuda pagada por terceros, Soraya Sáenz de Santamaría exigió a los editores de periódicos un precio muy concreto. Reclamó la cabeza de tres directores considerados especialmente molestos por el Ejecutivo: Javier Moreno (El País), Pedrojota Ramírez (El Mundo) y José Antich (La Vanguardia). Todos ellos fueron sacrificados por sus empresas.

Fuentes cercanas a Moncloa y conocedoras de la negociación han dicho a Periodista Digital que «Pedrojota y Moreno han sido el precio exigido por Soraya a la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles, que agrupa los principales periódicos de España) a cambio de la Tasa Google».

Han destacado que el caso de Pedrojota Ramírez resulta especialmente irónico, puesto que él fue uno de los más entusiastas defensores de dicho canon. Fuentes del sector de Internet han confirmado a PD la relación entre las destituciones de esos directores y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y han añadido que el relevo de Antich en La Vanguardia formaba también parte de ese precio.

AEDE llevaba mucho tiempo exigiendo al Gobierno tanto ayudas directas como un incremento en las campañas de publicidad institucional. El propio Pedrojota lo hacía de forma pública en un acto celebrado en enero de 2012 —Pedrojota mendiga subvenciones: «No soy partidario de las ayudas pero no tenemos otra salida»–. Sin embargo, pasaban los años y el Ejecutivo no daba su brazo a torcer. La situación estaba atascada sin que las grandes empresas editoras (PRISA, Unidad Editorial, Grupo Godó, Vocento, Planeta y otras) lograran un rescate directo por parte del poder político. En esa situación la inspiración vino de fuera, con los planes del Ejecutivo alemán de imponer una tasa a Google por incluir las noticias de los periódicos en su servicio de noticias. Los editores propusieron al Gobierno hacer lo mismo aquí.


Juan Luis Cebrián, Soraya Sáenz de Santamaría y Antonio Caño.

Soraya aceptó como buena esta opción, pero a cambio reclamó la cabeza de los tres directores de grandes periódicos más incómodos para el Gobierno. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron.

Lee en Periodista Digital el artículo completo

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Seis consecuencias esperables de la aprobación del #CanonAEDE

Artículo de «Xakata» 
Ministro Lomce 2

El Senado dio el visto bueno ayer a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el Gobierno. El texto ahora pasará de nuevo por el Congreso en lo que, debido a la mayoría absoluta del PP, parece que será un mero trámite antes de su inminente aprobación. Entre los pocos cambios introducidos por las enmiendas del Senado a la redacción que ya conocíamos, se ha incluido la fecha para la entrada en vigor: 1 de enero de 2015.

La reforma en cuestión endurece las penas para las páginas de descargas y abre la puerta a la persecución de los uploaders. Además, en ella se estipula que se trata de una reforma parcial, con vistas a realizar una reforma más amplia y restrictiva en un futuro cercano. sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la nueva norma es la introducción de lo que en los medios se ha bautizado como Canon AEDE y algo que podría influir, notablemente, en Internet tal y como hoy lo conocemos.

El Canon AEDE es una tasa que algunos editores de medios (entre ellos la Asociación de Editores de Diarios Españoles) lleva tiempo reclamando al Gobierno. Para ellos, agregadores como Google News se aprovechan de los contenidos que ellos mismos generan para rellenar sus portales. Google News y otros portales similares, como Meneame, lo ven de distinta forma: ellos les llevan visitas y ayudan a difundir su información. De hecho, y paradójicamente, algunos medios incluyen botones en sus noticias para que los usuarios envíen sus contenidos directamente a estos agregadores.

Pero los agregadores no son los únicos que se han mostrado en contra de este Canon. El hecho de que el Gobierno incluyera esta cláusula sin consultar a organismos expertos en la materia (la añadió a última hora) no sólo ha hecho que la redacción sea bastante ambigua, sino que desde lugarescomo la CEOE y hasta desde la CNMC se cuestionen su aprobación. A raíz de ella han surgido otros movimientos, como la Coalición ProInternet (de la que Xataka forma parte), con el fin de protestar por la imposición de esta tasa.

Así es el Artículo 32.2

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Consecuencia nº1: caos en Internet

Éste es todo el texto con el que el Gobierno ha querido dar forma al Canon AEDE. Dos únicos párrafos. En el primero de ellos definen qué publicaciones estarían afectadas (sobre eso volveremos ahora) y cómo funciona la tasa, mientras que en el segundo crean una excepción para que el Canon no afecte a los buscadores. ¿Se puede definir con exactitud un Canon como el que proponen en un único párrafo? Como vamos a ver, no.

La fórmula legal utilizada para definir lo que es el Canon AEDE ocupa un único párrafo y nos deja con más preguntas que las que aclara.

En primer lugar, se habla de «fragmentos no significativos de contenidos», pero en ningún momento se explica qué se entiende como tal. ¿Es una foto un fragmento significativo? ¿Y un párrafo del artículo? ¿Y el titular? Google News utiliza el titular, las primeras líneas y foto, si hay, para indexar las noticias. ¿Es eso un fragmento no significativo? Entendemos que sí. ¿Y en el caso de Menéame? Los usuarios pueden introducir titular y descripción propia. Si la descripción no la copian, ¿es fragmento significativo?

Pero sigamos. ¿Dónde se publican estos «fragmentos no significativos de contenidos» susceptibles de cobrar la tasa en cuestión? «Divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento». ¿Qué es un «sitio web de actualización periódica»? ¿Se incluyen, por ejemplo, los blogs personales o los blogs comerciales como el nuestro?

Seguimos leyendo: «no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa«. ¿De qué compensación estamos hablando? ¿Cómo se estimará o calculará la tasa que Google News y compañía tendrán que pagar a las «publicaciones de divulgación periódica» por hacerse eco de sus «fragmentos no significativos de contenidos»?

Lo que viene a continuación todavía lo lía más: «Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual». Sobre lo de la irrenunciabilidad del derecho hablaremos en detalle en el siguiente punto, pero ¿qué entidades de gestión? ¿Podrán los bloggers si finalmente están afectados elegir su propia entidad? ¿Formar la suya propia? ¿O será CEDRO quien se encargue de todo (cobrar y repartir), como se dijo en su día?

Fijaos hasta qué punto la ley está improvisada y mal redactada que el Gobierno en su día tuvo que salir a explicar, vía comunicado oficial, que las redes sociales no estarían afectadas por el nuevo Canon. Si tienes que salir ante los medios para decir a quién afecta y a quién no una nueva Ley, ¿no será que ésta está mal formulada? A destacar, por cierto, que desde AEDE en su día sí dijeronquerer que las redes sociales pasasen por caja.

Consecuencia nº2: cobrarás u otros cobrarán por ti

Cuando algunos editores de Bélgica se unieron para protestar contra Google News porque supuestamente les perjudicaba que se indexaran allí sus contenidos, Google tomó la decisión más simple: si dicen que les molesta que les incluyamos, pues les dejamos fuera y listo. Al final, los editores belgas vieron que perdían más que ganaban sin estar en Google News y pidieron a Googlevolver a figurar en su portal de noticias. Con lo que propone la reforma española de la LPI, esto no sería posible.

Para evitar que suceda esto mismo, en la ley se establece la irrenunciabilidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un blog y Google News te indexa una noticia, la entidad de gestión encargada de este asunto cobrará a Google por ello. «Pero yo no quiero cobrar, a mí me beneficia que me enlacen», seguramente estés pensando. Da igual: la entidad de gestión cobrará tu parte sí o sí. Que luego la quieras reclamar o no es cosa tuya.

“Tienes derecho a cobrar, no puedes renunciar a ello, pero ya te lo administro yo…”, entendiendo «yo» por CEDRO o la entidad que corresponda. Así resume @JulioAlonso cómo funciona lo del «derecho irrenunciable»

Hace unos días, y por una protesta similar, Google News anunció que en Alemania dejaría de mostrar la descripción y la fotografía de algunos medios que exigían un Canon similar al AEDE. En su lugar, mostraría simplemente el titular enlazado, con lo que dichos editores ya no se podrían quejar (a fin de cuentas, si se quejan porque figura el titular, ¿por qué no quejarse de salir en Google Search? No son tontos). De nuevo esta medida selectiva no sería posible aquí porque en España todos los medios están, lo quieran o no, afectados por la tasa en cuestión.

Consecuencia nº3: las licencias Creative Commons no servirán

«Pero mis contenidos son Creative Commons…» Sí, los nuestros también, pero en la Ley propuestano se contempla ninguna excepción para contenidos con este tipo de licencia. David Maeztu, abogado especialista en nuevas tecnologías, lo explicaba de la siguiente forma en su blog:

Y es un derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, por lo que aunque uses una licencia Creative Commons el sitio que te agrega tendrá que pagar a la entidad de gestión en tu nombre. Es decir, la entidad de gestión que actúe para el pago de estos derechos, lo hará en tu nombre aunque no estés asociado y lógicamente, al no estar asociado no te pagará nada y lo repartirá entre sus otros socios.

Consecuencia nº4: AEDE y compañía, los grandes beneficiados

A falta de conocer cómo será la tasa y cómo se repartirá esta entre las «webs de actualización periódica» afectadas, parece que nos podríamos encontrar ante una estructura similar a la que sigue SGAE: los más grandes en lo que a audiencia se refiere cobrarán más y los más pequeños no verán ni un duro. Eso sí, los agregadores seguirán teniendo que pagar por ellos igual.

En una entrevista a José Gabriel González, director de AEDE, éste llegó a reconocer haber mantenido negociaciones con Google pero dichas negociaciones se rompieron cuando el buscador les pidió que parasen la vía regulatoria. AEDE se negó: «La vía regulatoria no la abandonamos porque es una vía que pasa, y una vez que pase el tren ya no tenemos opción, ya que el Gobierno no va a hacer otra ley para nosotros”.

 

Para el director de AEDE, es raro que no todo el mundo quiera cobrar

¿Y los que no queremos cobrar y estamos encantados de que Google News indexe gratis nuestros contenidos? José Gabriel González también tuvo palabras para nosotros: “Me cuesta cada vez más creer, con la crisis que hay, que la gente renuncie a ingresos, ¿no? Probablemente es que tengan otros intereses cruzados que no conocemos. Sería bueno que los explicaran”.

 

Eso sí, no todas las asociaciones de medios están de acuerdo con esta medida. La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) se ha mostrado contraria a la legislación propuesta. La Coalición ProInternet es una asociación que surgió tras el anuncio del Canon AEDE y de la que WeblogsSL es miembro junto a otros como Eldiario.es, Google, Menéame, 20minutos y compañía. Mientras tanto, los miembros de AEDE celebran la aprobación.

Consecuencia nº5: ¿adiós a los agregadores en España?

Lógicamente, los agregadores no quieren pasar por caja simplemente por «agregar» contenido. En el caso de Google News, ayer se filtró que, después de una reunión con la Administración, medios y otros agregadores, el portal de noticias del gigante buscador no descartó cerrar Google News España si se aprobaba el Canon AEDE como tal.

En el caso de Meneame, y desde el anuncio de esta tasa, los usuarios han establecido su propio boicot a medios AEDE, pero esto no salvaría a su servicio de la quema (recordemos lo de carácter irrenunciable). ¿Qué opciones valoran? Según explicaron en su día, o bien bloquear todos los medios españoles, o irse de España o cerrar.

Consecuencia nº6: perdemos todos

¿Y al final quién sale perdiendo de todo esto? Para variar, los de siempre: los usuarios. Si tienes un blog y no limitan el alcance de lo que supone una «publicación periódica», otros cobrarán de los que agreguen tus contenidos. Consecuencia: no se agregarán tus contenidos. Y si simplemente eres un internauta al que le gusta informarse más allá de los portales de medios tradicionales, la subsistencia de estos medios online podría ponerse en entredicho si pierden las visitas que les generan los agregadores. Y todo por contentar a una minoría que, con la llegada de Internet, se agarra a cualquier clavo ardiendo para conseguir lo que no han conseguido con su estrategia digital: cobrar más dinero.

 

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El #CanonAEDE más cerca de ser realidad: aprobada la reforma de la #LPI en el Senado

Artículo de «Xacata»

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Nada parece poder con el Canon AEDE. Ni las dudas que plantea a la CNMC ni las afirmaciones que dejan claro que se trata de una modificación que el gobierno ha creado para la propia AEDE han detenido la aprobación de la modificación de la LPI primero en la Comisión de Cultura del Congreso y hace unos minutos, en el Senado. Ahora le llega el turno al Congreso, que si la lógica se impone ypese a las propuestas de la oposición, acabará por refrendar este acuerdo (con los únicos votos del PP) alcanzado hoy.

De esa reforma de la LPI lo más polémico es el llamado Canon AEDE o tasa Google, que amenaza con alterar algo innato a Internet: los enlaces.

De hecho, esta misma mañana el rumor más potente relacionado con este tema tenía a una posible salida del servicio Google News de España como protagonista, pues en la normativa que se acabaría aprobando en España, ese canon por enlazar sería irrenunciable y obligaría a los agregadores, lleven o no publicidad, compensar a los medios por el simple hecho de enlazarlos.

De no hacerlo así, estarían expuestos a multas que ya serían de entre 150.000 y 600.000 euros, entrando para más sorna en vigor desde el 1 de enero de 2015, por lo que el margen para poder adaptarse en caso de querer seguir con el servicio, sería mínimo.

 

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Si no te gusta la web, eres muy libre de irte

Artículo de Enrique Dans

Google adopta finalmente la actitud seria y coherente que muchos llevábamos tiempo exigiéndole, yreplica a los diarios alemanes que si no permiten que sus contenidos sean indexados de forma gratuita, sencillamente dejará de indexarlos. Por el momento, la medida consiste en la eliminación de las imágenes y lossnippets (fragmentos no significativos de texto) de los resultados de búsqueda, pero a nadie escapa que, en realidad, se trata tan solo de un primer paso que, en caso de persistir los medios en su actitud, podría llegar a marcar su desaparición.

Los medios alemanes afectados acusan a la compañía de chantaje, una acusación tan ridícula como absurda: Google únicamente está, en este caso, defendiendo la naturaleza abierta de la web, y concretamente, una de sus reglas de oro fundacionales: que enlazar es completamente libre. Los primeros en amenazar y chantajear no solo a Google, sino por extensión a toda la web, han sido unos medios que, con una mentalidad propia del siglo pasado, pretenden alterar el funcionamiento del entorno en el que les ha tocado vivir.

No nos engañemos: no se trata de ninguna disputa sobre la propiedad intelectual de las noticias – concepto que por otro lado sería muy discutible – sino de una forma de rapiña auspiciada por los gobiernos de turno, que han visto además en la posibilidad de financiar a los medios de comunicación una manera de asegurarse un trato más favorable. Un auténtico caso de corrupción: tengo algo que el gobierno quiere, y lo pongo sobre la mesa de negociación a cambio de que ese mismo gobierno dicte leyes que me autoricen a extorsionar a un tercero.

El problema de Google no es pagar o no pagar un dinero a una serie de medios, sino convertirse en excusa para que, a partir de ese momento, esos mismos medios pueda reclamar el cobro, en forma de canon, a cualquier otro. Google tiene recursos para pagar a los medios que haga falta pagar, pero muchas páginas on los tenemos, y la sola idea de pagar por enlazar y comentar una noticia es algo completamente inaceptable, que se convertiría además en una suerte de “impuesto a la opinión” o a la conversación. En la práctica, es como si el gobierno pretendiese cobrarnos un canon por el derecho a comentar las noticias en la barra del bar.

Los periódicos convencionales tienen un serio dilema: tras años no siendo capaces de adaptarse a la web y perdiendo dinero en ella de manera sostenida, pretenden que llegue un tercero que sí se ha adaptado y les pague la factura. Auxiliados por gobiernos irresponsables o directamente corruptos que se arrogan el derecho a cambiar directores de periódicos a golpe de subvención y de publicidad institucional, se han erigido en un lobby que pretende, de manera absolutamente megalomaníaca, cambiar las reglas de la web, reescribir el concepto de enlace, y decidir quién paga a quién y por qué, en virtud de conceptos que siempre estuvieron y seguirán estando al margen de ese tipo de cuestiones. Un enlace es un enlace, y mientras el contenido o el tono de mi enlace no sea constitutivo de delito, puedo enlazar libremente a quien me dé la gana, cuando me dé la gana, y por supuesto, sin pagar a nadie.

La medida de Google representa tan solo un primer paso. La compañía, claramente, ha tratado por todos los medios de evitarla, pero llega un momento en que la cuestión se vuelve incoherente: no puedes estar reclamando firmeza a todos tus compañeros de viaje, a las asociaciones, a los medios con concepciones más racionales de la web o a los agregadores, y mientras, estar manteniendo una actitud tibia, extremadamente prudente y con un talante casi negociador, porque se interpreta como que estás en realidad queriendo nadar y guardar la ropa.

Obviamente, la solución de excluir a determinados periódicos del índice no gusta a nadie: ni al que la toma, ni a los medios afectados, ni a los usuarios. El buscador pasa a tener un índice que no refleja la totalidad de la información, sino que deja fuera una parte de ella. Los usuarios pasan a tener una herramienta con resultados de peor calidad. Y los medios, con la exclusión, pierden un tráfico que les aporta un flujo constante de visitas, y sobre todo, que marca en gran medida su nivel de relevancia y su capacidad de influencia. Pero la medida supone la única posibilidad de reconducir una situación demencial a la que solo una conjunción de intereses tan perfecta como la codicia de los medios y la corrupción e incompetencia de determinados políticos nos había llevado. Un buscador pierde mucho cuando excluye páginas de su índice, pero ninguna fuente es insustituible, menos aún si lo que pretendía era, por algún tipo de “derecho divino”, cambiar a su antojo reglas que no son suyas ni del buscador afectado, sino de todos los usuarios. Si a alguien no le gustan las reglas de la web, es muy libre de excluirse de ella.

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La tasa Google se ha impuesto en España sin consentimiento de Europa

Artículo de ADSLZone

UPyD ha sacado la cara por los editores ajenos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y en contra de la tasa Google emitiendo un comunicado a la Comisión Europea, y dando a conocer que la modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual se hizo a espaldas del organismo europeo.

congreso

La “tasa Google” o “canon AEDE” incluido en el proyecto de ley de propiedad intelectual del equipo de Rajoy no fue notificado por el Ministerio de Exteriores, que estableció contacto con la Comisión Europea por última vez, en este sentido, tiempo antes, concretamente en mayo del pasado año 2013. En este momento -mayo de 2013- la tasa Google no había sido aún incluida en la ley y posteriormente no se ha notificado nada al respecto, por lo que es evidente que se ha evitado informar a Europa.

Beatriz Becerra, eurodiputada de UPyD, ha sido la encargada de poner fin a esta situación que el Gobierno ha generado con respecto a Europa. Para ello han cuestionado a la Comisión Europea acerca de las medidas que se tomarán dadas las “modificaciones significativas” que se han aplicado al proyecto de ley de propiedad intelectual. Esta comunicación emitida por Unión Progreso y Democracia, además, deberá ser respondida en menos de dos semanas, puesto que tiene carácter de “prioritaria”.

Según el comunicado de UPyD, la llamada tasa Google supondría una infracción por parte de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. Por otra parte, Analistas Financieros Internacionales -Afi- ya señalaron con anterioridad que el impacto económico de la imposición del canon AEDE o tasa Google sería de 1.133 millones de euros en contra de los usuarios de Internet a nivel nacional, todo ello añadiendo que tendrían lugar procesos de deslocalización de actividad y empleo, por lo que el impacto alcanzaría una dimensión verdaderamente negativa para la economía.

Así, en un plazo no superior a dos semanas se podrá conocer la posición de Europa con respecto a la imposición de la tasa Google, lo que podría suponer un aporte de luz sobre una situación que antes incluso de ponerse en marcha está suponiendo graves problemas para medios de comunicación digitales y editores al cargo de los mismos.

FuenteEl Diario

Escrito por 

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«El #CanonAEDE vulnera derechos fundamentales y Bruselas tendrá que intervenir»

Artículo de El Diario Fenix

¿Cómo se puede definir la plataforma Coalición pro Internet?

Carlos Astíz: Cuando el Gobierno presenta el proyecto de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, toda una serie de empresas, y algunas entidades como la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, vemos que va a tener un impacto negativo para el desarrollo digital de nuestras empresas o nuestras asociaciones y, entonces, nos reunimos y decidimos constituir una coalición para intentar que el Gobierno rectificase su apoyo a unas modificaciones que, además no tienen sentido.

Imagen de archivo Foto: Agencias

¿En qué consisten estas modificaciones?

C.A.: Básicamente, lo que dicen es, en el art 32.2, que los editores, bueno, algunos de los editores van a poder cobrar por el uso de información relacionada con ellos a los usuarios o los motores de búsqueda y agregadores de noticias. Desde el punto de vista de las entidades y las empresas es que todo esto nos coloca a espaldas del desarrollo digital.

España tendría que estar en la vanguardia, es uno de los pocos países que tiene una cultura planetaria con un idioma que es la segunda lengua más usada en Internet, es decir, tiene muchos elementos que serían positivos para las empresas y el desarrollo digital del país pero esta ley intenta poner barreras para favorecer a los grandes diarios de pago. No son, como dicen ellos, los editores los que han pedido esto, no, es un grupo de editores muy concreto porque la mayoría estamos en contra. Nos parece, además, que cuando los agregadores de noticias enlazan mencionando a las fuentes originales, favorecen el tráfico a esas fuentes originales; el intento de cobrar por esto es como si un taxista lleva a un cliente a un restaurante y el dueño del restaurante pretende cobrar al taxista por llevarle. Es ridículo.

Pero no sólo eso, sino además es que en el caso de editores con licencias creative commons como 20 minutos o Eldiario.es, ellos no quieren cobrar, pero esta ley lo que dice es, da igual que tú no lo quieras cobrar, te lo va a cobrar un tercero que lo va a distribuir a quien él quiera. Esto es la recuperación del canon digital, de la SGAE, con otro nombre. Al final, como será muy difícil perseguir a todo aquel que use fuentes de editores lo que pasará será que terminará sufragándose a través de los Presupuestos Generales del Estado como un nuevo canon que, en última instancia, impulsará el desarrollo de cuatro empresas que están hundidas porque su modelo de negocio está totalmente obsoleto.

Además, la ley no prevé que el pago sea directo y los editores puedan no reclamarlo sino que será gestionado por terceros

C.A.: Claro, es que, los editores que tengan licencias abiertas y que no quieran cobrar por sus contenidos, no pasará nada, los usuarios deberán pagar igualmente a asociaciones como CEDRO o la nueva SGAE, con el nombre que sea, éstos lo repartirán entre sus amiguetes.

En cuanto intenten aplicarlo a cualquier empresa que utilice licencias abiertas se va a caer por su propio peso. La CEOE y CEPyME se han manifestado también en contra porque vulnera la liberta de empresa. El cómo gestionar tus activos, los derechos de autor en este caso, lo decides tú, dentro de la ley, pero lo que no puede ser es que te los gestione un tercero al margen de tu voluntad.

¿Cuál es el motivo de esto? Pues que ya lo intentaron los editores alemanes y fracasaron porque cuando lo llevaron a juicio dijeron que esto es voluntario, si quieres estar en Google News o Menéame, pues estás, si no, te das de baja y mañana mismo tus contenidos ya no estarán allí. Pero el problema aquí es que lo han convertido en un derecho irrenunciable, lo cual es una patada al sistema jurídico, y si tú no quieres cobrar, lo va a cobrar el otro. Esto es ridículo.

¿Quieres leer la entrevista completa a Carlos Astiz? Haz click aquí